EXPLOTACIÓN DE MENORES

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A horas de haber asumido su cargo como fiscal de Delitos Sexuales, Darviña Viera ordenó a la Dirección de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol la detención de ocho personas, entre los que se encontraba un diputado suplente del Partido Colorado, un exjuez Penal y de Adolescentes y un empresario y docente universitario entre otros. Las detenciones se realizaron en el marco de la “Operación Océano” sobre eventuales casos de explotación sexual de menores.

Pocos días más tarde, la fiscal Viera solicitó la detención de otras seis personas. Entre ellas se encontraban un conocido empresario, profesionales y un militante blanco.

Pasadas las 13:00 horas de ayer, dos abogados de un conocido estudio jurídico se dirigieron hacia la sede de la Fiscalía, ubicada en Cerrito y Misiones. Los dos profesionales ingresaron a la Fiscalía por la calle Cerrito. Uno de ellos se encargó de otra causa, mientras que el otro aguardó a la fiscal Viera en la sala de espera ubicada al final de los boxes.

La fiscal y el abogado negociaron un probable acuerdo en el marco del proceso abreviado.

Según una fuente del caso, Viera le ofreció acordar una pena de dos años de prisión no efectiva para el procesado. Es decir, que el imputado enfrente una pena de medidas alternativas a la prisión por 24 meses.

La fuente dijo que no se negociaron detalles de la sanción como, por ejemplo, si la pena se cumpliría con una parte de prisión domiciliaria, libertad vigilada mediante tobillera o la realización de trabajos comunitarios.

La realidad muestra que la fiscal Viera planteó el acuerdo a uno de los imputados menos comprometido. Éste no incurrió en el delito de promesa de retribución o retribución económica a una menor a cambio de que realice actos eróticos como sí lo hicieron otros investigados por orden judicial.

El procesado sí solicitó fotografías a la adolescente, lo que cual generó la investigación. A juicio de la Fiscalía, el imputado habría violado el artículo 277 bis del Código Penal.

Esta norma dice: “El que, mediante la utilización de tecnologías, de internet, de cualquier sistema informático o cualquier medio de comunicación o tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad o ejerza influencia sobre el mismo, con el propósito de cometer cualquier delito contra su integridad sexual, actos con connotaciones sexuales, obtener material pornográfico u obligarlo a hacer o no hacer algo en contra de su voluntad será castigado con de seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría”.

La fuente explicó que, como su cliente no incurrió en un delito de retribución a una menor a cambio de actos eróticos, es posible que éste no acepte una pena de dos años de prisión no efectiva, ya que tiene posibilidad de bajar esa sanción durante el desarrollo del juicio.

De todas formas, el profesional sostuvo que consultará a su cliente en los próximos días y luego dará una respuesta a la fiscal Viera.

Señaló que hay otras seis personas imputadas que tienen un menor grado de compromiso. Es posible, dijo, que la Fiscalía también plantee acuerdos a sus abogados defensores.

Consultada por El País sobre la negociación con el abogado defensor del militante nacionalista, la fiscal Viera declinó hacer declaraciones.

La investigación sobre la explotación sexual de menores de edad por parte de empresarios y profesionales comenzó a fines del año pasado. La primera indagatoria a la víctima fue realizada por la fiscal antecesora de Viera, Sabrina Flores.

Poco después, la entonces adolescente fue interrogada por la fiscal adscripta de Viera, Giuliana Realini.

Hoy la víctima tiene 18 años. Su relato es por momentos sobrecogedor. “Íbamos dos a los encuentros con los adultos por seguridad, teníamos miedo”, testificó. 

La mayor investigación de la historia sobre explotación sexual a menores se inició en forma casi fortuita. Una joven de 20 años denunció ante la Justicia de Maldonado que un adulto, conocido como “el Paraguayo”, incurría en un delito de retribución a una menor a cambio de actos eróticos. Señaló que ese hombre llevó a la entonces adolescente a un hotel.

Poco después, el acusado también presentó una denuncia penal contra la joven denunciante.

En una apelación presentada por uno de los penalistas, se sostiene que, en realidad, “el Paraguayo” había sido extorsionado por la mujer adulta para no revelar sus relaciones con la entonces menor.

La Justicia incautó los celulares de ambas partes. Luego de una pericia, la Policía detectó que un grupo de adolescentes de Montevideo eran explotadas sexualmente por hombres adultos, la mayoría de ellos de clase media y media alta. Por eso el caso pasó a Montevideo.

En una de las conferencias de prensa realizada en la sede de la Fiscalía, la fiscal adscripta de Darviña Viera, Fulvia Fravetto, dijo que existe una asimetría entre los hombres y las chicas. Esta asimetría, afirmó, se da en la experiencia, mayor edad y poder económico del adulto.

Una fuente del caso dijo que la asimetría era obvia. “Buscaban a las chicas en los liceos en Mercedes Benz y BMW. Después las invitaban a cenar a restaurantes y les ofrecían paseos a Punta del Este”, agregó.