El Tribunal de Apelaciones Penal de 1er Turno le dio la razón el martes 1° a las defensas de imputados por la Operación Océano al admitir la declaración del médico legista y experito del Instituto Técnico Forense (ITF), Guillermo López. El fallo señala que el profesional declarará, desde su “experticia”, sobre “la apariencia física de las víctimas a efectos de determinar su edad al momento de los hechos”.

La Fiscalía se había opuesto a la declaración de López, dijeron fuentes del caso a El País.

Según abogados defensores, gracias a ese fallo, en el juicio se comenzará a tratar un tema que la fiscal Darviña Viera (ya alejada del caso) minimizaba durante las audiencias: la posibilidad de engaño en la edad por parte de algunas víctimas.

Los defensores han advertido que las víctimas “inducían al error” a los imputados.

Por eso, la teoría del caso de casi todas las defensas desde el inicio de Operación Océano se basa en el “error de hecho”.

El punto de vista de la Fiscalía es diametralmente opuesto: eran hombres adultos que sabían que se contactaban con menores de edad utilizando una “asimetría de poder”.

El 13 de mayo de 2020, comenzaba la “Operación Océano”, una investigación por explotación sexual de menores que generó un terremoto e hizo arder las redes sociales.

Una semana más tarde, el número de imputados eran 11. Conocidos empresarios, un productor de eventos y un ex juez penal estaban en la lista. En los días posteriores, pasarían a ser 33 los imputados por la entonces fiscal de Delitos Sexuales, Darviña Viera, quien logró una rápida exposición mediática.

En los primeros tiempos de la investigación, uno de los imputados alcanzó un acuerdo para ir a un juicio abreviado con la fiscal Viera y quedó condenado por un delito de promesa de retribución o retribución a menores de edad para que ejecuten actos sexuales.

A partir de ahí el caso se transformó en un “batalla” sin cuartel entre la fiscal Viera y los abogados defensores. Pese a las sugerencias del entonces fiscal de Corte, Jorge Díaz, y de la Unidad de Litigación de la Fiscalía de que no agrupe a todos los implicados sino que los divida en función de sus eventuales responsabilidades -algunos no conocían personalmente a la víctima y solo se habían contactado por chats-, la fiscal Viera siguió con su estrategia penal. De esa forma, Viera unificó a cerca de 40 defensores bajo un mismo paraguas en lugar de tener cinco o seis casos distintos y manejables.

Los abogados, que representaban la flor y nata de los estudios penalistas del país, se reunían un par de horas antes de las audiencias en La Pasiva de la Plaza del Entrevero para diseñar una estrategia para enfrentar a Viera.

Así, uno se encargaba de impulsar una nulidad; otro cuestionaba una prueba; y otro argumentaba que su defendido había pedido una cédula y la víctima había presentado un documento falso, entre otros postulados.

Con el pasar del tiempo, la estrategia de los defensores primó. La Operación Océano se transformó en una “investigación monstruo” con una carga de información inédita en el país: tres terabytes. Ello representa un camión con zorra cargado de documentos impresos.

El caso tuvo cinco jueces y cinco fiscales. Díaz renunció a la Fiscalía de Corte y asumió su adjunto en la Fiscalía de Corte, Juan Gómez.

El 12 de mayo de 2022, la fiscal de Delitos Sexuales, Mariana Alfaro, presentó a la jueza María Noel Tonarelli la acusación fiscal de 79 páginas. Allí pidió entre tres y seis años de cárcel para 11 acusados en la Operación Océano. El caso tiene 18 víctimas y contó con la declaración anticipada de siete de ellas.

En su acusación, Alfaro determinó que 17 personas (16 hombres y una mujer) quedaron “limpios”. Ello surge de sumar 13 sobreseimientos y cuatro casos de personas que no habían sido formalizadas y cuyos casos fueron archivados.

El 5 de mayo de 2023 comenzó el debate entre la fiscal y los defensores sobre la depuración de la acusación. Las audiencias fueron maratónicas. Algunas duraron hasta 12 horas. Después de varias semanas de discusiones, se terminó la depuración de la acusación.

Ahora el juicio está en la etapa de presentación de pruebas por parte de los defensores. Esta etapa, según dijo a El País el abogado penalista Alberto Rojas, podría llevar los cinco meses que restan del año. Eso significa que el litigio llevará todo el próximo año, sin contar con eventuales apelaciones y casaciones.