Por Eduardo Barreneche
La fiscal de Flagrancia de 12° Turno, Gabriela Fossati, le preguntó ayer sin evasivas al diplomático: “¿Usted cobró dinero a cambio de pasaportes uruguayos?”.

El cónsul, que ocupó puestos importantes en la Cancillería y viajó desde Estados Unidos para ponerse a disposición de la Fiscalía, lo negó.

Acto seguido, la fiscal le preguntó cómo era el procedimiento usual para otorgar ciudadanías uruguayas en el consulado de Moscú.

El diplomático, que declaró en calidad de indagado y fue asesorado por el abogado Marcelo Domínguez, explicó que su labor era controlar que toda la documentación de la persona que realiza el trámite de ciudadanía uruguaya estuviera correcta. Evaluaba que presentara sus partidas de nacimiento rusas y que está documentación tuviera los protocolos y sellos de ese país.

Además, relató que esa documentación es elaborada por oficiales de la Cancillería que trabajan en los consulados. Y afirmó que estos brindan apoyo en cuanto al idioma a los diplomáticos por ser nacionales del país donde se encuentra la sede consular. Esos oficiales de Cancillería, según el indagado, se encargan de armar la documentación siguiendo procedimientos y luego el expediente llega al control del cónsul.

En el interrogatorio de ayer, la fiscal cuestionó al diplomático afirmando que no había realizado muy bien su trabajo de contralor porque oficiales superiores de Identificación Civil habían detectado irregularidades en pasaportes expedidos por él desde Rusia.

El funcionario recordó que tiene una larga trayectoria en la Cancillería y sostuvo que no fue omiso en sus funciones.

El problema con los pasaportes rusos data de 2014. En 2019, un jerarca de Identificación Civil solicitó en forma insistente a la Comisión Técnica -unidad que determina las pautas técnicas de los documentos uruguayos- incrementar la seguridad de la operativa de la institución para neutralizar intentos de falsificación. El personal del organismo se abocó a revisar con especial atención las partidas presentadas por rusos.

En distintas audiencias judiciales, Fossati destacó la colaboración que recibió de jerarcas de Identificación Civil, cuyas investigaciones fueron claves para el actual proceso penal, que cuenta como único condenado al excustodio presidencial Alejandro Astesiano y como imputados a un cónsul, un exjerarca policial, un escribano y cuatro ciudadanos rusos, entre otros. También son investigados jerarcas policiales de por lo menos cuatro reparticiones.

En el interrogatorio de ayer, la fiscal puso especial hincapié en la firma electrónica del cónsul que fue estampada en varios documentos que se presumen apócrifos.

El indagado explicó que esa firma electrónica queda registrada en la sede uruguaya de Identificación Civil antes de su viaje a Moscú. Y agregó que el pasaporte se tramita y se cumplen todos los pasos en el consulado y luego se envía a Identificación Civil en Uruguay para que corrobore los datos.

Según el funcionario de Cancillería, esos documentos fueron analizados por Identificación Civil y luego se colocó encima su firma digital. “Por eso todos esos expedientes llevan mi firma”, dijo el cónsul.

Consultado por El País, el abogado del indagado, Marcelo Domínguez, declinó hacer declaraciones.

No obstante, a la fiscal le llama la atención que esos pasaportes apócrifos otorgados a rusos tienen un número de cédula de identidad y esta no fue tramitada en Uruguay. Tal extremo se detectó cuando varios rusos llegaron a Uruguay solo con sus pasaportes y luego se dirigían a Identificación Civil para sacar sus cédulas de identidad.

Según supo El País, la investigación de “la Línea Moscú” no se limita a cónsules sino que podría alcanzar a directores de Cancillería.