Por Eduardo Barreneche
La investigación fiscal sobre la “Línea Moscú” de los pasaportes falsos comenzó en 2021. Dos jerarcas de la Dirección de Identificación Civil fueron notificados por una asociación de repatriados rusos, situada en México, sobre que varios ciudadanos caucásicos estaban utilizando documentación uruguaya apócrifa. Esos pasaportes y cédulas, según la información recibida por Identificación Civil, fueron tramitados por el gestor ruso, Alexey Slivaev, que hoy enfrenta medidas cautelares de prisión. Recordando este hecho, comenzó ayer en el juzgado la imputación de la fiscal adscripta de 12° Turno, Gloria Nicolini contra el cónsul Gustavo Piegas.

A su lado se encontraba el fiscal de 9° Turno, Fernando Romano y el coordinador Pablo Bardino. Romano subrogó a la fiscal titular de 12° Turno, Gabriela Fossati, luego que se conocieran unos audios que enviara al periodista Carlos Peláez donde mencionaba que había filtraciones del expediente a la prensa por parte de la Presidencia de la República, ministerios y la propia Fiscalía.

Fossati solicitó al fiscal de Corte, Juan Gómez una licencia médica por 15 días y pidió que se la apartara del “caso Astesiano”.

En la audiencia de formalización de Piegas, Nicolini dijo al juez de garantías, Alejandro Asteggiante Blanco, que un ciudadano ruso detenido por la Policía en octubre del año pasado, Román Karpov, había declarado que tenía un amigo jurista en la ciudad de San Petersburgo que contaba con un contacto en la embajada rusa de Uruguay que le podía facilitar documentos uruguayos falsos. Karpov fue detenido por la Policía y luego imputado.

Nicolini señaló que el escribano Álvaro Fernández, también imputado en la causa, y el gestor Slivaev declararon en la Fiscalía que el vicecónsul de la embajada uruguaya, Stefano di Conza, también había supuestamente falsificado documentos de identidad uruguayos colocando en las partidas de nacimiento de rusos, en forma apócrifa, nombres de ciudadanos uruguayos que figuraban como sus padres o abuelos. De esta forma, los rusos podían tramitar en los consulados uruguayos en Rusia las ciudadanías.

Ante esas circunstancias, la fiscal Fossati solicitó a la Cancillería y a la Dirección de Identificación Civil una revisión de todos los expedientes sobre ciudadanías relacionados con la embajada de Uruguay en Rusia desde 2013.

Un memorándum de la Cancillería informó a Fossati que el cónsul Di Conza intervino en 77 expedientes, su par Piegas en 104 y otra funcionaria en cinco expedientes, a los cuales “remitió con otra información”, dijo Nicolini, en alusión a que los datos usados para tramitar esos pasaportes eran falsos.

Por esos trámites, el cónsul Di Conza fue formalizado por 14 reiterados delitos de fraude y 14 delitos de suposición de estado civil.

En la audiencia de ayer, Nicolini recordó al juez Asteggiante Blanco que el cónsul Gustavo Piegas fue designado secretario de tercera en una resolución fechada en 2018. Esa resolución, dijo la fiscal adscripta, fue firmada por el entonces embajador Ariel Bergamino y el presidente de la época, Tabaré Vázquez.

Según el relato de Nicolini, Piegas asumió funciones en el consulado de Rusia el 15 de febrero de 2019. En tanto, la Dirección de Identificación Civil remitió varios expedientes a la Fiscalía. “Toda la documentación recibida y analizada hasta el momento, se pudo detectar manifiestas irregularidades en el ejercicio de la función del indagado Piegas”, dijo Nicolini.

Según la investigación de Fiscalía, el cónsul imputado validó partidas de nacimiento presentadas por rusos para tramitar las ciudadanías donde se repetían los nombres de uruguayos.

Nicolini advirtió que, por el momento, no se le iba a imputar a Piegas la tramitación de un pasaporte de una funcionaria de los Servicios de Seguridad de Rusia, pese a que ello estaba prohibido.

Al finalizar su exposición, Nicolini solicitó la formalización de Piegas por reiterados delitos de suposición de estado civil.

El abogado de Piegas, Marcelo Domínguez, afirmó que en la carpeta investigativa no surgen pruebas para imputar a su defendido de reiterados delitos de suposición de estado civil.

Según Domínguez, todos los trámites de pasaportes realizados en el consulado de Moscú luego fueron emitidos por la Dirección de Identificación Civil. Y agregó que un diplomático “no tiene la idoneidad ni los conocimientos” sobre seguridad documental para descubrir si una partida de nacimiento era apócrifa o no. “Según el relato de la Fiscalía, esas partidas de nacimiento ya venían adulteradas cuando ingresaron al consulado”, sostuvo el defensor.

El defensor añadió que el trabajo de su defendido es ver si las traducciones, apostillas y sellos eran correctas o no.

Domínguez, quien es docente universitario de Derecho Penal, puso en tela de juicio el pedido de formalización con otro argumento: la coautoría. “Hay cuatro tipos de coautoría (en el Código Penal). No se especifica por parte de la Fiscalía en cuál incurrió mi defendido. (...) Para haber una coautoría, tiene que haber un concierto previo. Y ese concierto previo de Piegas con otros imputados no existe en la investigación”, señaló el abogado.

En ese momento, en la audiencia se percibió la existencia de un manto de dudas sobre el relato de la Fiscalía y que corría riesgo el pedido de formalización del cónsul, lo cual generaría un capítulo más del complejo panorama que enfrenta hoy el Ministerio Público.

El fiscal Romano, quien tiene una trayectoria de 25 años en fiscalías de Montevideo y del interior del país, detectó el riesgo que incurría la formalización de la investigación.

“Señor juez, todo el argumento de la defensa se debe dar en un juicio oral si se llega a este. El doctor Domínguez habla de un autor, de un coautor y de un concierto de varias personas para cometer un delito. Eso se debe analizar en otro momento”, insistió Romano.

Y agregó: “esta etapa (la formalización de la investigación) no es para presentar pruebas. Hay evidencias de certificaciones falsas realizadas por Piegas en el pedido de formalización. En el exterior, los pasaportes los expide el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de los consulados”.

En la audiencia, además, se suscitó un debate entre la “academia” y la “calle”. El fiscal y el defensor ganaron. Romano obtuvo la formalización de la investigación contra Piegas y Domínguez logró que su defendido no fuera a la cárcel. De acuerdo a lo que se determinó, solo estará impedido de salir del país.