Redacción El País
A pedido de la fiscal de Estupefacientes de 2° Turno, Mónica Ferrero, la jueza especializada en Crimen Organizado de 2° Turno, María Helena Mainard, formalizó con prisión este sábado a una abogada, a un narcotraficante y a un estafador vinculados a un caso de falsificación de documentos. La abogada es Mercedes Acosta, quien asesoraba al narcotraficante Juan Antonio González Bica, que obtuvo la prisión domiciliaria en base a documentos apócrifos elaborados por el estafador. Luego, González Bica se fugó al romper la tobillera electrónica el 30 de mayo.
En una audiencia realizada este sábado, Acosta fue imputada de un delito de falsificación de documentos en calidad de coautora con un delito de estafa en calidad de autora.
En tanto, también fue imputado Matías Campero por reiterados delitos de usurpación de títulos, cuatro delitos de falsificación de documentos privados con reiterados delitos de estafas. La investigación de Ferrero determinó que Campero fue quien elaboró documentos falsos con logos del Instituto Técnico Forense (ITF) y del comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, para engañar a jueces de Montevideo, San José, Canelones y Maldonado, con el propósito de obtener prisiones domiciliarias para reclusos con largas condenas por delitos graves. Entre estos casos, Ferrero estableció que Campero fraguó documentación que permitió que un narcotraficante de Villa Española saliera de la prisión para alojarse en una conocida clínica por adicciones a las drogas y dolencias renales. El narcotraficante, a su vez, fue imputado por un delito de falsificación de documentos privados y reiterados delitos de estafas.
Según supo El País, la investigación de Ferrero incluirá el análisis de certificados emitidos por el ITF, los cuales son claves para que un magistrado determine o no la excarcelación de un recluso.
Se sospecha que, gracias a las maniobras realizadas por Campero -también se hacía pasar por un abogado-, fueron inducidos a error magistrados de Montevideo -la propia jueza Mainard-, San José -que permitió la excarcelación del traficante de drogas preso en el Penal de Libertad- y Maldonado. También se sospecha que en sedes judiciales de Canelones hay expedientes apócrifos elaborados por el estafador.
Algunos de los documentos son de una perfección tal que hacen sospechar a los operadores judiciales de que el delincuente tiene cómplices en organismos estatales, según señaló a El País una fuente del caso.
La falsificación de documentos del ITF impacta en el corazón del sistema judicial. Todos los jueces del país resuelven los casos en sus despachos en base a un dictamen de un perito de ese organismo.
A mediados de este año, Campero fue formalizado en Maldonado por delitos de secuestro y privación de libertad por retener y golpear a un “constructor” que estafó a su madre en US$ 3.000, quien pretendía construir una cabaña.
Dos meses más tarde, Campero circulaba en libertad con una tobillera pese a que la Justicia de Maldonado lo había formalizado con prisión por delitos graves.
El abogado
Según fuentes del caso, Matías Campero se hacía pasar por abogado. Tenía un carnet, lo mostraba pero decía que no firmaba porque estaba inhabilitado para ejercer. También señalaba que le faltaba una o dos materias para recibirse.
Las fuentes indicaron que Campero tenía muchos contactos en las cárceles donde ofrecía a los reclusos -generalmente a narcotraficantes por el elevado costo que pretendía cobrar- salidas domiciliarias en pocos días. Pedía adelantos de US$ 10.000 a US$ 20.000.
Luego elaboraba documentos oficiales con técnicas similares a las utilizadas en películas de mafiosos o espías. Según las fuentes, Campero se apropiaba del dibujo de los sellos de médicos luego de realizar búsquedas en Internet y después los mandaba hacer en una casa de sellos.
Además de la abogada hoy imputada, Campero trabajaba con otra profesional, que actualmente es investigada por la Fiscalía.
Se confirmó que estafador cobró miles de dólares por los informes
Al finalizar la audiencia en el Juzgado Especializado en Crimen Organizado de 1er Turno, fuentes del caso confirmaron que el estafador cobró US$ 100.000 para elaborar los documentos falsos para el narcotraficante Juan Antonio González Bica. Esos papeles permitieron a González Bica obtener la prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
Los tres imputados por la Justicia enfrentarán 120 días de medida cautelar de prisión mientras continúa la investigación fiscal.
El vocero de Fiscalía, Javier Benech, expresó que no se darán más detalles por la reserva de la investigación.
El defensor de la abogada imputada Mercedes Acosta, Pablo Casas, dijo: “Se falsificaban certificaciones médicas, informes periciales del Instituto Técnico Forense y demás, que ahora los está analizando la Fiscalía para ver cuál fue la magnitud y el grado de responsabilidad de cada uno de los imputados”.
El escrito que generó el caso judicial
En un escrito elevado a la jueza letrada Penal Especializada en Crimen Organizado de 2° Turno, la abogada Mercedes Acosta dice: “Que vengo a peticionar la concesión de la prisión domiciliaria al Sr. Juan Antonio González Bica recluido en la Unidad N° 3 -Penal de Libertad- con seguimiento de OSLA (Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida) destacando que esta petición no se formuló con anterioridad debido a que esta defensa técnica asumió recientemente en obrados (caso)”.
Relata que su petición se basa en artículos del Código de Proceso Penal (CPP) que señalan que se puede pedir la prisión domiciliaria de un recluso en circunstancias excepcionales como ser una enfermedad que provoque grave riesgo para su vida o salud. “Es imperioso que la Sede (Juzgado Especializado en Crimen Organizado de 2° Turno) otorgue de manera urgente la sustitución de prisión efectiva a un arresto domiciliario total cometiendo al OSLA el plan de seguimiento para preservar la integridad del Sr. González quien a la fecha de este escrito y según informe expedido por la sociedad médica (sigue nombre de una conocida mutualista) que acompaña al escrito”.
Acosta agrega: “Es imperioso pues que el Poder Judicial proteja a este ser humano de forma urgente dado el riesgo inminente de lesión y frustración de sus derechos. (...) Se requiere de una intervención inmediata como lo prevé nuestra normativa aplicable en la materia para preservar la integridad física y mental del penado Sr. González”.
El documento, que se encuentra anexado al expediente judicial, sostiene: “Esta defensa entiende que dentro de la cárcel NO ESTÁN DADAS (sic) las condiciones para el tratamiento y la recuperación total del penado, quien no puede permanecer recluido como surge de la evaluación del médico cardiólogo tratante”.
En otro tramo del documento, Acosta sostiene que su defendido sufre también enfermedades renales graves. “Según su historial clínico, mi patrocinado al día de hoy se encuentra sin su tratamiento sustitutivo renal el cual se basaba en hemodiálisis periódica desde el 15/3/2022 en el referido centro de salud, cumpliendo sesiones de tres horas durante tres veces por semana en forma bimensual y logrando así una mejor calidad de vida”, agrega.
Policía allana estudios de abogados
Investigadores de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid), bajo directivas de la fiscal de estupefacientes Mónica Ferrero, realizaron allanamientos en estudios de abogados en busca de indicios que los vinculen con el falsificador Matías Campero, quien elaboró los documentos apócrifos que permitieron la prisión domiciliaria y posterior fuga del narcotraficante Juan Antonio González Bica. Por otra parte, la fiscal pone la lupa de sus investigaciones en expedientes de juzgados de San José donde también se habrían otorgado prisiones domiciliarias indebidas en base a documentos falsos.