La Justiciaaprobó la extradición hacia Argentina e un hombre paraguayo de 35 años que fue detenido en Durazno y era buscado por Interpol con "alerta rojo". Se investiga su presunta participación en una organización criminal.

De profesión gasista y sin antecedentes, el ciudadano paraguayo fue detenido por la Policía de Durazno el 13 de octubre, debido a una situación irregular con el vehículo en el que se transportaba. El auto había sido denunciado como robado.

Luego de la detención, y tras conocer su identidad, se tomó conocimiento de que contaba con notificación roja de Interpol y estaba siendo requerido desde hace varios años en Argentina por una investigación que tiene como foco a una organización delictiva a la que le fueron incautados decenas de ladrillos de marihuana en un operativo reciente.

Si bien el caso por el que se lo detuvo inicialmente —el auto robado— fue archivado en Durazno, el hombre pasó a estar a disposición de la fiscal de Estupefacientes, Stella Llorente, para avanzar en la extradición.

La orden de detención fue decretada por el Juzgado de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires. El delito por el que se lo investiga y buscarán imputarle es el de tráfico de estupefacientes en modalidad de tenencia con fines de comercialización y almacenamiento.

Además de él, otras cuatro personas fueron detenidas en allanamientos realizados por la Policía Federal Argentina en mayo de 2019, según surge de las audiencias judiciales a las que pudo acceder El País.

El operativo realizado en ese entonces permitió descubrir que estas personas —algunas familiares del hombre detenido en Uruguay— tenían 34 ladrillos de marihuana, que representaban 24 kilos, y varios gramos de cocaína.

El detenido se expone a una pena de 20 años de penitenciaría en Argentina, según explicó la fiscal Llorente en la audiencia.

El indagado ya aseguró no ser responsable de los hechos por los que se lo investiga, a lo que el magistrado respondió que "no corresponde al juez de acá evaluar el caso de fondo, sino ver si se cumplen los requisitos exigidos para la extradición".

"Se dan todos los presupuestos para acceder", continuó. Algunos de estos son que la pena sea mayor a dos años, que el delito todavía no prescribió y que no se trata de persecución política.

Este martes se realizó una última audiencia en la que se discutió si se mantendría la incautación de dos celulares que se le habían retenido al momento de su detención. Finalmente el juez del caso se mostró a favor del secuestro de esos bienes, aunque la defensa apeló la decisión y deberán aguardar al pronunciamiento de un Tribunal.

El hombre todavía permanece en Uruguay cumpliendo con arresto administrativo, a la espera de ser trasladado.