CASO IGNACIO ÁLVAREZ 

La Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay emitió ayer un comunicado con críticas a la decisión judicial de allanar la emisora Azul FM para incautar celulares y otros dispositivos vinculados a la producción periodística del programa La Pecera -conducido por el periodista Ignacio Álvarez-, que días atrás difundió audios sobre el caso de la violación denunciado por una mujer en el barrio Cordón.

Entre otros aspectos, señalaron que “las medidas dispuestas, independientemente de su grado o estado de cumplimiento, constituyen una amenaza inadmisible para la actividad periodística” y que, en definitiva, la decisión tomada por la fiscal Mariana Alfaro va “en línea con la afectación de otros derechos que se viene advirtiendo en el proceso penal, donde de manera sistemática se vulnera el derecho de defensa”, señalaron los abogados. Además, afirmaron que “las fuentes de información de la prensa desaparecerán si se intenta legitimar medidas como las dispuestas”.

El fiscal de Corte, Juan Gómez, dijo en rueda de prensa este lunes que la resolución de Alfaro fue un “error estratégico”, que la libertad de prensa en Uruguay estaba asegurada, y que “no se cumplió ninguna de las medidas autorizadas” por el Poder Judicial, pese al allanamiento ejecutado por personal de Interpol en la oficina de la radio.