El exsenador Gustavo Penadés y el profesor Sebastián Mauvezín jugaron sus cartas ayer para intentar conseguir salir de la cárcel, donde se encuentran desde hace meses. Sin embargo, luego de seis horas de audiencia, la jueza Marcela Vargas resolvió hacer lugar al pedido de la Fiscalía que lidera Alicia Ghione y determinó que se extienda la prisión preventiva para ambos por otros seis meses. Los dos apelaron la decisión.

El exlegislador y su presunto colaborador tenían objetivos diferentes. Según reconstruyó El País, Penadés optó por la solicitud del arresto domiciliario. Al estar imputado y a la espera de juicio, se lo presume inocente, y la Constitución garantiza que todos los ciudadanos esperen su juicio en libertad. Esto, salvo que existan riesgos que puedan perjudicar el proceso: como es el del daño a las víctimas, el entorpecimiento de la investigación, el riesgo de que se fugue, entre otros.

En este caso, cuando se determinó la prisión inicialmente -en octubre del año pasado- Ghione planteó ante la Justicia que Penadés montó una organización que se servía del aparato del Estado para identificar a las víctimas y poder amedrentarlas para que no declaren en su contra. Eso fue evidencia suficiente para que la Justicia determinara que existía un riesgo para las víctimas y para la investigación, por lo que fue encarcelado.

Este riesgo, aseveró la defensa de Penadés, ya estaba mitigado. Hay seis personas condenadas por acuerdo abreviado por el hecho y la mayoría de las víctimas ya declaró a nivel judicial.

Sin embargo, la jueza entendió que la gravedad de lo sucedido y las pruebas que quedan por generarse (como algunas declaraciones que no se tomaron aún) ameritaban que Penadés continuara preso. Además, porque la investigación respecto de la trama montada no concluyó y podría profundizarse.

La fiscal, a su vez, argumentó también que la investigación por la “trama” hizo que hasta cierto punto se demorara el proceso de recolección de pruebas en la causa madre por la que Penadés fue imputado por 22 delitos sexuales. Eso era un fundamento más para pedir la extensión del plazo en prisión.

Foto: Estefanía Leal

Soledad Suárez, abogada del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República que defiende a siete víctimas, dijo en rueda de prensa que dio junto al director del consultorio, Juan Raúl Williman, que en la audiencia se refirieron al “plan para el uso del aparato del Estado de manera ilícita, y hasta qué punto eso estaba desarticulado o no”.

En el caso de Mauvezín, quien es defendido por el exjuez Juan Carlos Fernández Lecchini y la abogada Rossana Gavazzo, optó directamente por pedir la libertad. Bajo el precepto de que tiene el derecho a esperar el juicio en esa condición y argumentando que él no estuvo vinculado a la “trama” que montó Penadés, pidió la libertad.

Esto tampoco tuvo el beneplácito de la jueza, quien consideró que los riesgos se mantenían con el profesor en libertad.

Mauvezín es señalado por la Fiscalía por ser quien, desde el año 2017 o 2018, hacía de intermediario entre el senador y los menores. De hecho, fue imputado por siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores.

Para los abogados de las víctimas -los únicos que brindaron declaraciones a la prensa-, se trataba de una situación atípica. Esto es porque el riesgo de que una persona quede en libertad, se debate sobre supuestos. ¿Qué tan probable es que un imputado se fugue? Si hay indicios que lo hacen muy probable, se dispondrá la prisión preventiva. En este caso, resaltó Williman “en realidad, no es que acá hay sospechas fundadas de la existencia de riesgo de entorpecimiento de la investigación”. “Acá los riesgos se concretaron”, sostuvo.

A partir de ahora la Fiscalía tendrá la labor de reunir las pruebas que faltan para presentar la demanda acusatoria antes del 10 de octubre. Ese día, que se cumple el año de la imputación del exsenador por 22 delitos sexuales, es la fecha límite para que la Fiscalía defina si lo acusa y va a un juicio oral a intentar probar su culpabilidad o pide su sobreseimiento. Para ese entonces, la investigación debe estar concluida, salvo que le pidiera a la jueza Vargas la prórroga del plazo, que tiene como límite un año más. Es decir, el 10 de octubre de 2025. Para lograr eso la Fiscalía debe esgrimir motivos válidos en una audiencia judicial. La cuarta opción es que exista un acuerdo abreviado entre la defensa de los imputados y la Fiscalía donde el imputado asume los hechos y queda condenado a cambio de una rebaja de hasta un tercio de la pena. Por ahora no es una posibilidad probable porque ambos insisten en su inocencia.

Foto: Darwin Borrelli