Por Pablo Méndez
El caso por el que un joven mató a su amigo con una chumbera de aire comprimido en Tacuarembó, a inicios de 2022, se acerca cada vez más hacia un juicio oral. Es que la Fiscalía de 2do Turno en dicho departamento presentó la acusación para el autor por un delito de “homicidio especialmente agravado a título de dolo eventual en reiteración real, con un delito de lesiones personales agravado”.

La carátula refiere al hecho por el que Facundo Nicolás Cuadrado Rodríguez, de 18 años, perdió la vida el 20 de febrero de 2022.

Según el documento de la acusación al que accedió El País, este había acudido junto a cinco amigos a un campamento en las sierras. En un momento uno de ellos -el dueño del establecimiento- se apartó hasta una casa cercana para buscar cervezas. Luego tomó una chumbera de aire comprimido, se posicionó detrás de “unas ondulaciones” en el campo, a escasos metros de sus amigos, “apuntó” y tiró.

Efectuó “al menos” dos disparos que impactaron en el cuerpo de Facundo -que cayó al suelo con dificultades para respirar- y en el brazo de otro de los jóvenes. Este último no tuvo mayores complicaciones, pero Facundo estuvo más de un mes en coma con una muerte cerebral.

El informe forense realizado especifica que el paciente ingresó con un “paro cardiorespiratorio”, provocado por “una lesión penetrante en el tórax”, que generó lesiones en el pulmón del paciente con abudante sangrado.

Luego, el 28 de marzo del año pasado, falleció. La última autopsia realizada al cuerpo del joven arrojó como causa de muerte un “shock refractario” con características “irreversibles”, que fue provocado por un “proyectil de arma de aire comprimido”.

Foto: Archivo

Por lo antes estipulado, la fiscal Mabel Brites solicitó que el acusado sea condenado a 12 años de prisión efectiva, “con el descuento de la preventiva cumplida” hasta ahora. Además, se solicitó el decomiso de la chumbera con la que se produjo el ataque, la cual había sido incautada de la Chacra donde cayó tendido Facundo.

Se trata de un pedido de condena que responde a la tipificación de un “homicidio especialmente agravado”, por la presencia de un menor durante la concreción del delito. Este era uno de los amigos de Facundo y el acusado -de 19 años-, quien presenció lo ocurrido y este hecho conforma un agravante previsto en el artículo 311 del Código Penal.

Pero además, se trata de una conducta que se grava a título de “dolo eventual”, lo cual es fundamentado por la fiscal a través de una cita al libro de Dardo Preza, La Enseñanza del Derecho Penal a partir de casos reales: “... el sujeto activo no quiere directamente el resultado muerte de la víctima pero lo prevé, se lo representa, actuando igualmente por ese impulso egoísta”.

Se consideran en la misma línea las atenuantes que señalan al acusado como primario absoluto, “la minoría relativa” -porque este tenía tenía entre 18 y 21 años cuando cometió el delito- y la confesión de los hechos.

Por su parte, el delito por “lesiones personales agravadas” que endurecen la pena refiere a las heridas que sufrió el otro integrante del grupo de amigos en su brazo. El impacto, según la pericia realizada al implicado, le provocó una inhabilitación de un plazo menor a 20 días.

La defensa del formalizado cuenta con un plazo de 30 días para responder a la acusación y a partir de allí -luego del control de la acusación- se estaría en condiciones de pasar a un juicio oral.

El pasado 2 de febrero, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se expidió sobre otra de las discusiones que arrojó este complejo caso: la formalización de la investigación.

En una primera instancia, la fiscal Brites había solicitado una pena por un delito de lesiones personales en reiteración real con un delito de lesiones graves. Con la posterior muerte de Fernando, la Fiscalía solicitó una ampliación de la formalización por un delito de homicidio especialmente agravado.

Esta decisión fue apelada por la defensa del acusado y luego modificada por el Tribunal de Apelaciones de 1er Turno, por lo que se definió una imputación por “un delito de homicidio culpable, sin perjuicio de ulterioridades”.

En desacuerdo con la resolución, la Fiscalía presentó un recurso de Casación para que se regrese a la imputación formulada en primera instancia.

El pasado 2 de febrero, la SCJ resolvió en esta línea declarar “inadmisible el recurso de casación y la adhesión a la casación deducidos, sin especial condenación”. Se trataba de una negativa a la postura de Fiscalía, que además pretendía adicionar una medida cautelar de prisión preventiva para el agresor.

Este último cumple en la actualidad con la disposición de arresto domiciliario total, con fijación de domicilio. Sí tiene permitido concurrir a psiquiatra y psicólogo.

La resolución de la Suprema Corte- resuelta no por unanimidad, sino con la discrepancia de uno de sus miembros- se fundamenta en que la resolución del Tribunal de Apelaciones fue cauta en precisar que la formalización era “provisional y sin perjuicio de ulterioridades”, ya que la investigación continúa y la Fiscalía tiene la posibilidad de encontrar nuevas evidencias para modificar el encarte jurídico.

Sobre todo teniendo en cuenta que si bien “la acusación solo puede referirse a los hechos sobre los que se formalizó la investigación”, esta no tiene que seguir la “calificación primigenia”.

De esta forma, la sentencia interlocutoria del Tribunal “no pone fin a la acción penal ni impide su prosecución”, ya que Brites tenía la posibilidad de seguir investigando y relevar nuevos elementos hasta presentar la acusación.

Esto hace “inadmisible”, entonces, el recurso de casación interpuesto y lleva a mantener la formalización que resolvió el Tribunal.