Unos 300 inversionistas uruguayos tienen grabado a fuego en su memoria el fatídico 29 de junio de 2022. Ese día se enteraron que los ahorros de toda su vida habían caído un 90% luego de recibir un correo electrónico de la empresa Custodia de Valores Mobiliarios (CVM), propiedad de Sara Goldring.

La situación era tal que días después, el 4 de julio de 2022, el Banco Central del Uruguay (BCU) dispuso la intervención de la firma Custodia de Valores Mobiliarios y de United Brokers, otra empresa también de Goldring.

Desde ese entonces, se presentaron varias denuncias penales en la Fiscalía de Lavado de Activos, cuyo titular es el fiscal Enrique Rodríguez, relatando situaciones disímiles en cada caso sobre las que pudiera resultar la responsabilidad jurídico penal de los denunciados: Sara Goldring y sus dos hijos.

En la ampliación de la denuncia, presentada por el abogado Pablo Donnángelo y a la que accedió El País, se indica que “se optó por compilarlas en un solo escrito por razones de economía procesal, más allá que el número de víctimas superaba el centenar”.

Los denunciantes señalaron en el escrito que tanto Goldring como los empleados de la empresa Custodia de Valores Mobiliarios reconocieron ante el fiscal Rodríguez que la información con la que contaban los clientes para analizar sus carteras “era falsa” coincidiendo en que esas directivas fueron impartidas por la empresaria señalada como responsable y uno de sus hijos.

En un comunicado de prensa, la Bolsa de Valores anunció que solamente se encuentra disponible el 0,7% del monto total del efectivo de los clientes que la corredora de bolsa debería tener en custodia.

“Resulta en los hechos que a nuestros clientes no se les ha devuelto ni un solo centésimo de su cartera en efectivo, ya que el mismo ha desaparecido porque fue utilizado -de manera inconsulta y no consentida obviamente- como garantía de operaciones de terceros”, dice el escrito elaborado por el estudio Donnángelo-Durán-Sasson.

“En resumen, adelantamos a la Fiscalía que surgirán de la documentación que se adjunta de cada uno de los titulares de las cuentas, un sinfín de notorios comportamientos pasibles de responsabilidad penal por parte de los denunciados (Sara Goldring y sus dos hijos)”, se afirma en el escrito. Y se agrega que las conductas podrían tipificarse como estafa, apropiación indebida, falsificaciones de firma y abuso de firma en blanco.

“Los denunciados alteraban las posiciones de inversión de los clientes, induciéndolos en error sobre el valor de su posición (inversión). Reflejaba una valor de hasta un 615% superior al real”, se sostiene en la ampliación de documentos. Es decir, los inversionistas pensaban que tenían un dinero invertido en acciones cuya cifra era muy superior a la real.

En otro tramo de la ampliación de la denuncia, Donnángelo informó al fiscal que, entre fines de 2021 hasta mayo/junio de 2022, se produjo una “frenética” e “inconsulta” venta de valores -muchos de ellos de escaso riesgo como bonos y acciones- a los efectos de que Goldring “pudiera disponer” de mayor cantidad de efectivo para garantizar con este operaciones de otros clientes, “apropiándose del mismo”, según términos penales.

La ampliación de la denuncia echa por tierra uno de los argumentos de Goldring sobre que muchos de sus clientes perdieron su dinero porque tenían un perfil “agresivo”.

En el escrito, Donnángelo se plantea dos preguntas fundamentales: “¿Todos los clientes firmaron y seleccionaron el perfil de inversión agresivo? En caso de que así fuere, ¿tiene algún tipo de significancia como exoneración de responsabilidad?”.

El abogado penalista advierte al fiscal Rodríguez que varios de sus clientes tenían un perfil de riesgo moderado o, incluso, conservador. “Así las cosas, lo más preocupante guarda relación con lo siguiente: en algunos casos hemos encontrado rúbricas falsificadas modificando los perfiles de riesgo” de los inversores, se advierte el documento.