Pocas veces se plantea un escenario en el que un preso cumple condena por un delito que no existe. Ese caso, para el abogado penalista Gonzalo Fernández y para el comisionado penitenciario, Juan Miguel Petit, se está dando en Uruguay hace ya varios años con el recluso Rodrigo González Mattiauda. Y por ello en las últimas horas ambos presentaron diversos recursos buscando su liberación.

Fernández, defensor del recluso, presentó un escrito ante un Tribunal de Apelaciones de 1er Turno reclamando que sea excarcelado por considerar que lleva 16 años preso por un delito inexistente en Uruguay.

En forma paralela, el comisionado parlamentario envió una carta al mismo tribunal argumentando que la decisión de la Justicia de mantener a González Mattiauda en prisión es “ilegal”.

En 2007, el uruguayo González Mattiauda, entonces de 18 años, fue condenado a 32 años de prisión en Estados Unidos por mantener un vínculo afectivo y sexual con un menor de 14 años.

Siete años después, su madre logró una entrevista con el entonces presidente de la República, José Mujica, quien hizo valer un tratado bilateral con Estados Unidos que habilitó la repatriación del joven.

En 2016, dos policías de la Dirección de Crimen Organizado e Interpol lo trajeron a Uruguay. Y desde ese entonces fue alojado primero en la cárcel de Campanero (Lavalleja) y luego en Punta de Rieles (Montevideo).

Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

El abogado Gonzalo Fernández, quien dicta cursos de derecho penal en varias universidades y ha escrito libros sobre la materia, presentó escritos ante el Juzgado de Ejecución y Vigilancia de 4° Turno solicitando la libertad de su defendido señalando que se incurría “en un grave error” en materia penal al mantener la prisión durante tanto tiempo.

Ante las negativas, Fernández interpuso un recurso de apelación donde afirmó que se está ante un caso “excepcional” donde se plantea la ejecución de una condena penal extranjera impuesta por un hecho “penalmente indiferente” en la legislación uruguaya.

El recluso enfrenta una pena “flagrantemente ilegal” conforme al derecho uruguayo, lo cual determina que la Justicia incurra en “una severa omisión”, según el abogado penalista.

“Mantener privada de libertad -y por largos años- a una persona, a la cual se le imputa un hecho penalmente atípico, a la postre castigado con una pena ilegal, no solo lesiona el orden público interno, sino también el orden público internacional”, agregó.

Fernández recordó en su escrito que González Mattiauda pasó a cumplir su pena en Uruguay a través de un tratado internacional que fue aprobado por una ley en 2009. Dicho acuerdo, agregó, exige como condición que el ilícito cometido en el extranjero configure también delito en Uruguay. Ello no ocurre en el caso de González Mattiauda.

Sin embargo, la sentencia apelada se limita a mencionar que González Mattiauda fue penado por el delito de “actos lascivos y lujuriosos contra un menor de 14 años”, a la “draconiana e ilegal” pena de prisión de 32 años, la cual “es inadmisible” en el ordenamiento uruguayo.

El abogado defensor advirtió que González Mattiauda entonces tenía 18 años y mantuvo una relación consensuada con Brian Inman, de 14 años. Fue una relación sentimental de noviazgo que se dio entre el 8 diciembre de 2007 y el 9 de marzo de 2008, durante la cual ambos mantuvieron relaciones sexuales consentidas. En 2007, tanto la violación como el atentado al pudor se reprimían solo cuando involucraban a un menor de 12 años de edad, franja etaria que el joven Inman ya había pasado.

Por otra parte, el profesional recordó en su escrito que existió un carácter consensual en el relacionamiento entre ambos que fue explícitamente admitido por Inman en el juicio realizado en Estados Unidos desde un primer momento y, años después, volvió a ser ratificado por cartas que envió y que fueron agregadas al expediente en Uruguay.

Según el documento presentado por el abogado defensor, González Mattiauda fue detenido y se le mantiene privado de libertad desde el 10 de octubre de 2008 hasta la fecha. Y agregó que el recluso lleva cumplidos más de 16 años de prisión, que es la pena más alta vigente en Uruguay en materia de delitos sexuales.

En otro tramo de su alegato, el profesional sostuvo que tales extremos justifican de por sí la liberación del preso, quien además no computaba antecedentes al momento de su detención y era un menor de edad relativo.

En ese entonces el juez negó la libertad acusando que mientras estaba en Punta de Rieles se lo enjuició por transporte de estupefacientes.

Su abogado replicó señalando que se le encontró un envoltorio de nylon con nueve gramos de marihuana en su celda destinados a su consumo personal. Y concluyó: “(es) de una conducta penalmente lícita y, aún cuando contravenga normas disciplinarias, es totalmente explicable, si no justificada, al cabo de una tan larga reclusión carcelaria del penado”.