Hace más de dos años, aparecieron sin vida el cuerpo de Ahielén Casavieja (16 años) y Karina Saracho (34 años) en el predio de una casa en Santiago Vázquez, en donde vivía el taxista y expolicía Mauricio Docampo. Una intensa cobertura mediática acompañó el caso de la adolescente, que había estado desaparecida durante 20 días y a quien su familia buscaba sin descanso: presentándose en la seccional, en el Ministerio del Interior e incluso en la casa del agresor. Esa intensa cobertura mediática se apagó poco después de hallados los restos, cuando el juez Gonzalo Arsuaga dispuso -a pedido de una de las partes- la reserva del expediente. Pero en las próximas semanas comenzará a desarrollarse el juicio oral en contra de Docampo, en el que la fiscal de Delitos Sexuales Valentina Sánchez pretende que se lo condene a la pena máxima posible en Uruguay: 30 años de prisión y otros 15 de medidas de seguridad eliminativas, según consta en el auto de apertura a juicio oral al que accedió El País.

La Fiscalía presentó el relato que pretenderá probar en juicio a través de testigos -parientes del imputado, las víctimas y otros allegados-, policías que trabajaron en el caso y varios peritos, entre los que están incluidos una semióloga y un técnico que realizó una pericia antropológica. El relato comienza con las circunstancias de vida de Casavieja durante el último tiempo: junto a su hija, que en ese entonces tenía solo algunos meses, vivía al amparo de un hogar del INAU.

Como había cumplido años el 10 de febrero, el viernes 11 tenía una salida autorizada para festejar con su familia. Tenía que retornar al hogar al otro día.

Esa noche, fue a la casa de una amiga y aunque tenían previsto salir a bailar, no lo hicieron, por lo que fue a tomarse un ómnibus para volver a la parada que está en la avenida Luis Batlle Berres y Camino Paurú. Ahí, sostiene la Fiscalía, se encontró con Docampo y otros dos hombres. Él le ofreció droga y ella se negó porque tenía que volver a su casa con su hija, pero después de insistirle varias veces, por ser adicta, aceptó. Por eso, el imputado por el homicidio, le pidió a los otros dos hombres que fueran a comprar más droga a una boca y les dio plata para ello. Cuando volvieron, ni Docampo ni Casavieja estaban en la parada.

Por eso, se dirigieron hasta la casa del taxista. Él salió y les dijo que Casavieja quería quedarse ahí con él y que se fueran. Al otro día, la madre de la adolescente denunció su desaparición. Era 13 de febrero.

No fue hasta el 3 de marzo, que el hermano del acusado -que vivía en una vivienda en el mismo predio- denunció que cuando estaba limpiando un pozo séptico encontró un miembro humano. Al otro día se allanó la casa y se perició el resto encontrado y se constató que el fallecimiento fue entre tres y cuatro días antes de eso.

La adolescente estuvo aproximadamente 15 días viva y secuestrada.

Al fondo del terreno se encontró una bolsa con otros restos de la menor de edad.

Cuando se continuó con la inspección, hallaron una cámara séptica al lado de la vivienda con una vieja heladera adentro. Allí se encontraron los restos de Karina Saracho. La había matado hacía aproximadamente seis meses y nadie la había denunciado como desaparecida.

La mujer había sido criada por su tía paterna hasta los 14 años, porque su padre falleció estando preso. Con su madre tuvo únicamente contactos “esporádicos”.

Adentro de la casa del acusado había pocos muebles y salpicaduras de sangre en la pared.

Docampo, que al verse acorralado se fugó, fue detenido el 7 de marzo a la altura de la calle Tristán Narvaja. Antes -reconstruyó El País- estuvo preso por formar parte de una “polibanda” de los años 90, luego por droga, receptación y por golpear a una expareja. En 2015 -según la demanda acusatoria- fue denunciado por abuso sexual, suministro de drogas y privación de libertad.

“El encausado dio muerte a dos mujeres, una de ellas adolescente y en ese caso previo a suministro de estupefacientes, mutilando sus cuerpos con herramientas adecuadas en claro desprecio al género femenino”, señaló la Fiscalía compuesta por Sánchez, Carla Buceta y Carolina Ledesma.

La familia de Casavieja logró determinar con rapidez que Docampo había sido el último que había visto a la adolescente. Conocidos del barrio los dirigieron a él y así comenzaron conversaciones para que la “devolviera”, consigna una investigación publicada por El País a fines de marzo de 2022.

En un audio enviado el 12 de febrero a la tía de la menor -cuando ella todavía estaba viva- él decía que la “devolvería”. A cambio, ellos no debían llamar a la Policía.

Como nunca cumplió, llamaron móviles y Docampo fue interrogado como testigo el 14 de febrero. Casavieja estaba con vida.

Aunque la familia pedía allanar el domicilio, no se hizo. En ese momento, el fiscal encargado Pablo Rivas dijo a El País que la policía había hecho una inspección ocular de la casa y no había nada extraño. “Los investigadores, que son los ojos del fiscal, no sugirieron” allanar, explicó Rivas.