Cuando se votó la ley contra la violencia basada en género, cumplir con lo que mandataba la norma y crear al menos un juzgado especializado por departamento, parecía un sueño, por más de que estuviera a texto expreso. Eso fue así porque la ley, aprobada en 2018, no vino acompañada de fondos para la creación de esos juzgados, que actualmente solo existen en Salto, Rivera y Maldonado. Ahora, el Poder Judicial intentará volver a poner el pie en el acelerador en este tema y solicitará fondos para, en el plazo de tres a 10 años, crear 16 juzgados especializados en Violencia de Género en el interior del país.

Para ello, los ministros están calculando cuál es la suma de dinero que deberán pedir al Parlamento en 2025, cuando se debata la nueva ley de presupuesto. Por poner una referencia, en 2024 se abrieron dos turnos de este tipo de juzgados en Rivera, y eso significó una inversión de $ 12.234.457, según consta en el portal de Presidencia de la República.

Lo complejo de esta materia en particular es que no solo implica la asignación presupuestal para la apertura de un juzgado letrado común, sino que se necesita de rubros extra para la contratación de funcionarios especializados y equipos técnicos.

El espíritu de la ley es que en estos juzgados se traten todas las aristas de la violencia de género, entre las que están la necesidad de imponer medidas restrictivas para quien sea denunciado, deliberar cómo será el régimen de tenencia de los hijos, cuestiones económicas y más.

La falta de presupuesto para crear estos juzgados es uno de los puntos en los que hizo foco la anterior presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales, en el discurso que dio al dejar el cargo el pasado 1° de febrero. De hecho, la participación del Poder Judicial en el porcentaje de presupuesto del gobierno central pasó de ser de 1,19% en 2015 a 1,09% en 2023.

Durante esta administración, la vicepresidenta Beatriz Argimón fue quien estuvo en conversaciones con la Corte por esta cuestión y finalmente se terminaron asignando los rubros para la creación de los juzgados especializados en el norte del país. Así ocurrió en Rivera y Salto. Los primeros en inaugurarse fueron los de San Carlos, en el año 2022.

No fue un capricho: las ubicaciones de estos primeros juzgados se definieron en base a datos estadísticos.

El planteo de crear estos 16 nuevos juzgados está plasmado en el Plan Estratégico que el Poder Judicial pretenderá aplicar entre 2025 y 2034. Pero, además, se propusieron decenas de otros objetivos que se engloban en 16 temáticas.

Entre las más destacadas hay varias medidas para mitigar el impacto ambiental, como la elaboración de un plan para racionar el uso de combustibles fósiles e incorporar tecnologías más sustentables y la implementación de un proyecto de eficiencia energética para optimizar el uso de la electricidad. La idea es que estas medidas se lleven adelante en un plazo no superior a dos años.

Asimismo, plantearon otras soluciones para mejorar la satisfacción de los usuarios del sistema de Justicia, pero también de los funcionarios que trabajan allí. Para lograr fortalecer la calidad del servicio, planean comenzar haciendo encuestas de satisfacción a los usuarios tanto en los juzgados como en las Defensorías Públicas. Para estas últimas, también está previsto una “reorganización de la estructura funcional”. Además, para mejorar el trabajo de los juzgados y tribunales, se creará una Unidad de Auditoría Interna y una Auditoría de Gestión, que procurarán recabar más y mejor información para luego generar modificaciones.

Para los funcionarios, también está previsto que haya una encuesta para medir la satisfacción con el clima laboral. De esta forma, buscarán “fortalecer el sentido de pertenencia, así como el compromiso con la calidad y la mejora continua de los funcionarios del Poder Judicial”. Además, habrá una nueva política integral de Prevención, Seguridad y Salud Ocupacional.

Estas medidas recogen un histórico pedido de la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU) que se recrudeció luego de que en 2023 un funcionario que era víctima de acoso laboral se suicidara. El responsable de su oficina, el director general de los Servicios Administrativos Marcelo Pesce, renunció a las pocas semanas luego de que una de las ministras de la Corte le quitara la confianza. Se realizó un sumario que terminó con la destitución de otros dos jerarcas de la oficina.

Todas estas metas serán transmitidas a los legisladores en el marco del debate por el próximo presupuesto quinquenal.

El próximo 1° de febrero, el ministro John Pérez asumirá nuevamente la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, tal y como informó El País días atrás. De esta forma, se convertirá en el vocero de los ministros que integran la Corporación, en donde aparte de él hay cuatro más: Elena Martínez, Bernadette Minvielle, Doris Morales y Tabaré Sosa.

Será Pérez quien encabece las comunicaciones interinstitucionales con un gobierno que se estrena y que a mitad de año tendrá la discusión de la que saldrá el presupuesto para los próximos cinco años. Con la caída que existió en la última década, apostarán a obtener un aumento, esta vez para poder financiar, entre otras cosas, lo que está previsto en este Plan Estratégico.

Además, habrá otra negociación relevante en puerta: la eventual creación de un Ministerio de Justicia, sobre el que hay acuerdo entre el Frente Amplio, el Partido Nacional y al menos un sector del Partido Colorado. Pérez dijo en 2022 que se oponía “rotundamente” a un ministerio que asumiera competencias que hoy tiene la Corte. Lo hizo en entrevista con El Observador. Un año más tarde, su colega Morales señaló al semanario Búsqueda que “en principio” se declaraba contraria a la idea.

La Corte deberá dar su opinión institucional cuando se le pida y será Pérez quien deberá comunicarla