La Policía tomó declaraciones el lunes pasado a propietarios de apartamentos cuyos edificios fueron grafiteados entre el 30 de marzo de este año y el martes 2 de este mes en los barrios Centro y Cordón.

Tres grafiteros uruguayos ya fueron identificados por investigadores de la Zona 1 -repartición policial cuya jurisdicción abarca los barrios en cuestión. Otros dos son brasileños, están fuera del país y firman sus grafitis con los apodos de “Duda” y “Pestes”. La investigación del caso es liderada por la fiscal Silvia Naupp.

Tras hallar a los grafiteros uruguayos, la Policía les incautó aerosoles y pintura. Luego sus nombres y documentos de identidad fueron anotados en un registro. Ahora la Policía aguarda directivas de la fiscal sobre si los detiene o no.

Según supo El País, los propietarios de los edificios confirmaron a investigadores de la Zona I que los grafitis fueron pintados en horas de la madrugada; los grafiteros se treparon por los balcones de los edificios mientras sus moradores dormían. El costo de la limpieza de las pintadas oscilan entre $ 180.000 y $ 200.000.

En uno de los edificios, situado en Mercedes y Vázquez, los propietarios de los apartamentos decidieron no reparar la fachada pintada porque no pueden afrontar el costo.

Uno de ellos explicó a El País que tres años atrás habían realizado una remodelación total del frente del edificio a un costo elevado y agregó que ahora no podían solventar otro gasto de tal envergadura. “La mayoría de los propietarios (de los apartamentos) somos jubilados y no podremos pagar otra vez una suma que ronda los US$ 3.000”, dijo una vecino al ser consultada por El País.

Los grafitis, que según el caso algunos sostienen que forma parte del llamado “arte urbano”, son muy populares en las grandes urbes. En San Pablo, por ejemplo, aquellos grafiteros que realizan pintadas en los pisos más altos de un edificio logran mayor popularidad entre sus pares. En la mayoría de los casos los grafitis son símbolos o firmas de los grafiteros.

Foto: Leonardo Mainé

Para evitar que esa actividad se realice sin control oficial, el edil nacionalista, Diego Rodríguez, presentará hoy en la Junta Departamental de Montevideo un proyecto de decreto que pretende darle un marco regulatorio a las pintadas. “Las personas que hacen esos grafitis no son artistas; son malandras”, dijo Rodríguez a El País.

Consideró que el Ministerio del Interior y la Intendencia de Montevideo deben actuar en forma conjunta para evitar que edificios de la ciudad sean vandalizados y propuso la creación de zonas de exclusión de pintadas. Para Rodríguez, además, brigadas antigrafitis de la IMM deben limpiar y poner en condiciones las fachadas de los edificios destrozados con pinturas y aerosoles. “También se deben aplicar multas y sanciones punitivas, que podrían llegar a la prisión, para aquellos grafiteros que continúen con esas actividades en forma reincidente”, sostuvo.

Rodríguez planteó que la Intendencia de Montevideo está obligada a crear espacios para ese tipo de actividad que considera sí como “un arte”, para evitar de esta manera que se “vandalice” una ciudad que está “totalmente abandonada”.

El edil expresó que Carolina Cosse sigue siendo la intendenta de Montevideo -pidió licencia sin goce de sueldo- y, por ello, la dirigente del Frente Amplio “no puede decir” que las pintadas en edificios de la ciudad son un tema complejo.

“Lo que debe hacer Cosse es trabajar, planificar y no dejar caer una intendencia que recauda US$ 2 millones diarios. Con este proyecto de decreto le estamos dando a la IMM una herramienta punitiva y de concientización para los grafiteros”.

Foto: Francisco Flores

El proyecto de decreto presentado por el edil Rodríguez prohíbe la realización de grafitis en edificios públicos y privados, así como en cualquier tipo de patrimonio de la ciudad, incluyendo monumentos históricos, obras de arte, y estructuras arquitectónicas protegidas. Plantea, además, que la IMM debe establecer un programa educativo y de concientización sobre el respeto al patrimonio cultural y el arte urbano responsable, dirigido a la comunidad, especialmente a los jóvenes.

Desde la IMM se señaló a El País que los temas de vandalismo son competencia del Ministerio del Interior.