Por segunda vez en un año, la Fiscalía decidió archivar la denuncia realizada por los senadores frenteamplistas Mario Bergara y Charles Carrera por supuestas irregularidades en la concesión a la compañía belga Katoen Natie de la terminal especializada de contenedores. Dicha concesión puso fin a un eventual litigio internacional donde la multinacional reclamaría a Uruguay US$ 1.500 millones por incumplimientos tras ganar una licitación durante el anterior gobierno para operar contenedores en el puerto.

En una larga denuncia, Bergara y Carrera señalaron que el entonces ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, el subsecretario de Transporte, Juan José Olaizola, y el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo, incurrieron en eventuales abusos de funciones al otorgar la concesión a Katoen Natie por 50 años.

Los legisladores del FA dicen que el acuerdo entre el gobierno y la compañía belga debió contar con el asesoramiento del Directorio de la ANP y no solo del presidente de ese organismo y afirman que, en la concesión, se incurrió en “varios delitos contra el patrimonio público”.

Ambos legisladores sostuvieron, además, que el gobierno otorgó “un monopolio” a favor de Katoen Natie en detrimento de la empresa Montecon S.A., que opera contenedores en los muelles públicos en base a una autorización precaria.

Sin embargo, ayer la fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2° Turno, Silvia Porteiro, archivó el reexamen de la denuncia realizada por los senadores opositores. Porteiro argumentó que coincidía con las conclusiones expuestas hace un año por el fiscal de Delitos Económicos de 3er Turno, Gilberto Rodríguez, sobre que en el acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie no existieron elementos que tipificasen un delito penal. “En efecto, de forma clara y contundente se resolvió que, sin perjuicio de algunas actuaciones irregulares o reprochables, éstas no resultaron suficientes para la tipificación del injusto (delito) que se pretende imponer” por parte de los denunciantes, se indicó en el escrito de la fiscal Porteiro.

Y se agregó que, durante la investigación, constató que existía una política del Poder Ejecutivo que buscaba adecuar la operativa del puerto de Montevideo a dos situaciones: solucionar a través de negociaciones amistosas previas a un eventual litigio internacional entre Uruguay y la Unión Belgo-Luxenburguesa y ajustar el marco legal con respecto al movimiento de contenedores en la principal terminal portuaria del país.

En otro tramo del escrito, la fiscal recuerda que el gobierno cuestionó a la administración del Frente Amplio por permitir en los hechos la existencia de dos terminales de contenedores: una de ellas especializada a través de una concesión otorgada a Katoen Natie y la otra como permisario de espacios de almacenamiento y depósito de contenedores en los muelles públicos (Montecon S.A.) que, durante algún tiempo, “concentró en más del 50% el tránsito de dichas operaciones”.

Porteiro aseguró que las decisiones adoptadas por el actual gobierno del presidente Luis Lacalle Pou para reorganizar el puerto pueden ser pasibles de generar responsabilidad en el plano civil, administrativo o dar lugar a responsabilidad política. “Pero a nuestro juicio no corresponde el reproche penal pretendido” por Bergara y Carrera, dijo la fiscal.

Insistió en que la denuncia carece de pruebas como para que el acuerdo firmado entre el gobierno y Katoen Natie configure un delito y advirtió que el agregado de supuesta nueva evidencia por parte de los parlamentarios “no resultó” en “un aporte determinante” para el caso.

Porteiro explicó que el principio de objetividad que orienta la actuación de los fiscales determina el archivo de la causa cuando las conductas de los jerarcas gubernamentales denunciados “no tienen relevancia penal”. A ello, manifestó Porteiro, se suma que los elementos reunidos en la indagatoria en general “no reúnen” el status de evidencia requerido para formular una imputación a los denunciados con miras a un eventual juicio oral. Y concluyó: “Al no avizorándose que pudiera incorporarse nuevo o nuevos elementos significativos, se confirma el archivo sin perjuicio de las actuaciones”.

El 28 de noviembre de 2022 en un escrito de 166 páginas el fiscal Rodríguez expresó que la denuncia y la información agregada por los senadores Bergara y Carrera y la obtenida durante la investigación “no permite corroborar” la existencia de ilícitos en la concesión de la terminal especializada de contenedores otorgada por el gobierno a la multinacional Katoen Natie.

Rodríguez advirtió que los jerarcas imputados admitieron que firmaron un acuerdo con Katoen Natie el 25 de febrero de 2021 y que no existió un asesoramiento del Directorio de la ANP a la Presidencia de la República.

Rodríguez reconoció que no se puede separar la decisión del gobierno de mantener la confidencialidad del contenido del acuerdo con Katoen Natie con la conducta de Curbelo en prescindir la opinión del Directorio de la ANP cuando el Poder Ejecutivo y la multinacional belga ya habían pactado previamente esta forma de negociación.

El fiscal coincidió con los denunciantes que el asesoramiento de Curbelo al gobierno “no fue correctamente brindado” en el plano formal. Sin embargo, dijo que la omisión de informar a los demás directores de las gestiones que Curbelo venía cumpliendo, “debe leerse en el contexto de confidencialidad” que había sido dispuesta para todos los integrantes del gobierno actual. Por ello, señala, se archivó el caso.