El senador del Partido Nacional Carlos Camy se reunió con la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, y con el presidente de la Cámara de Representantes, Ope Pasquet, para conversar sobre la preocupación que genera en el Parlamento la filtración de información confidencial sobre el Plan de Inteligencia Estratégica del Estado, manejada en la última comisión en la que participó el secretario de Inteligencia, Álvaro Garcé.

Según supo El País, Argimón se comunicó con el departamento de Jurídica para analizar las posibles faltas que existan según la normativa establecida en la Ley 16.696.

El diputado cabildante Raúl Lozano, presidente de la Comisión de Control y Supervisión del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado, lugar en el que Garcé expuso la información que luego de filtró, ya había solicitado a Argimón que se iniciara una investigación administrativa.

La preocupación nació luego de que TV Ciudad publicara un informe con información que habría sido filtrada de la sesión secreta del pasado lunes 24 de octubre en el Parlamento. En el informe, se indicaba que Garcé había dado la orden de que la Policía investigue a las organizaciones posiblemente violentas en el país.

A raíz de esto, se solicitó de carácter urgente una reunión para este jueves con todos los coordinadores de las bancadas de los partidos políticos para discutir sobre la filtración, que entienden es “muy grave”. Según indicaron las fuentes consultadas, se deberá analizar las medidas a tomar, con la posibilidad de “endurecer” las medidas restrictivas durante el funcionamiento de este tipo de comisiones.

Los legisladores presentes en la sesión secreta fueron el propio Lozano, Daniel Caggiani, Sebastián Andújar, Raúl Batlle, Mario Bergara, Graciela Bianchi, Micaela Melgar, Gustavo Penadés, Iván Posada, Luis Alberto Posse, Diego Reyes, Mariano Tucci, César Vega y Álvaro Viviano.

Por su parte, Garcé presentó una denuncia ante Fiscalía, que fue recibida por el fiscal de Corte, Juan Gómez, y luego elevada a la Dirección de depuración, priorización y asignación de denuncias (DPA), para que se le asigne la Fiscalía competente al caso.