Redacción El País
La Justicia procesó con prisión al subcomisario retirado Ricardo Zabala por el asesinato de Cecilia Fontana de Heber, ocurrido en 1978, durante la última dictadura cívico-militar. El caso, conocido como el de "los vinos envenenados", provocó la muerte de la entonces esposa de Mario Heber. Tenía cinco hijos —entre ellos el hoy senador del Partido Nacional Luis Alberto Heber— y 49 años cuando falleció.

Zabala, condenado como coautor del homicidio, fue detenido en Maldonado, departamento en el que reside, y trasladado al centro de reclusión en donde están la mayoría de los policías y militares procesados y condenados por delitos de lesa humanidad, la unidad de Domingo Arena, según supo El País.

"A mis viejos, más de 40 años después, logramos darles un poco de paz con verdad y justicia. Sus hijos, nietos y bisnietos hoy agradecemos vivir en la libertad por la que ellos dieron su vida", escribió en su cuenta de X Fernando Heber, otro de los hijos de Fontana.

El abogado de la familia, el edil blanco Javier Barrios Bove, también escribió: "A 46 años del homicidio de Cecilia Fontana de Heber, y luego de más de 16 años trabajo por intentar esclarecerlo, hoy se hizo justicia".

"Una familia conoce la verdad. Un homicida irá preso", apuntó.

El procesamiento de Zabala, que se rige por el viejo Código del Proceso Penal, fue dictado por la jueza Silvia Urioste tras el pedido del fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe.

Cecilia Fontana murió envenenada tras beber de una botella de vino contaminada que había sido dirigida a su esposo, Heber. El dirigente blanco era objetivo de un ataque que también incluía como eventuales víctimas a Luis Alberto Lacalle Herrera y Carlos Julio Pereyra.

A ellos se les dirigieron tres botellas de vino contaminadas con un pesticida que por entonces se comercializaba con el nombre de Fosdrin, una para cada uno, con una tarjeta que traía una leyenda: “El jueves 31 brindaremos por la Patria, en su nueva etapa MDN”. Las botellas se repartieron, pero solo Fontana probó el vino en su casa. La dosis elevada del veneno causó su muerte.

Estefania Leal/Archivo El Pais

En su pedido de procesamiento, emitido en diciembre de 2023, Perciballe señaló a Zabala por haber formado "parte del grupo de conjurados que premeditadamente orquestaron la remisión de las botellas con veneno hacia tres reconocidos opositores políticos al régimen dictatorial". Subrayó que esta entrega resultó en la muerte de Fontana pero que "pudieron haber corrido igual suerte los destinatarios de las otras botellas y aun quienes estos convidaran con la bebida".

La prueba más fuerte para acusar a Zabala como el responsable de esta entrega fue la presencia de sus huellas dactilares en una de las botellas, un hecho que se conoció diez años después del crimen.

Barrios Bove dijo a El País que el involucramiento de Zabala en el homicidio es como autor material, ya que sus huellas aparecieron en una de las botellas, pero se presume que otras personas estuvieron vinculadas al crimen de Fontana.

Otra de las sospechosas es la exfuncionaria policial María Lemos, acusada de haber escrito las cartas que acompañaron las botellas, pero no se han presentado pruebas contra ella, pese a que la defensa de la familia de Fontana tiene "convicción" de su participación.

Estefania Leal/Archivo El Pais

Barrios Bove consideró que el procesamiento de Zabala "confirma lo que se supo por muchos años" y es que "este fue un atentado del régimen, de los militares y policías de la época, contra el Partido Nacional".

El objetivo era "descabezar" el partido, porque los tres dirigentes a los que fue dirigido el ataque eran los líderes por entonces. "Buscaba descabezar al mayor partido de oposición a la dictadura en el país, que era el Partido Nacional", sentenció.

Asimismo, dijo que en la familia ahora se siente "paz, no hay ni odio ni venganza".