El último imputado por el caso Penadés es un joven que, por haber estado preso y por sus vínculos con la prostitución VIP masculina, podía proporcionarle información de calidad al exdirector del ex Comcar Carlos Tarocco, quien fue condenado en la causa por contribuir a una “trama” que pretendía encubrir al exsenador blanco. Su rol principal era intentar ubicar posibles víctimas y evitar que declaren en contra de Gustavo Penadés, reconstruyó El País.

Este joven llegó incluso a pedirle a jóvenes que él creía que la Fiscalía tenía en la mira por ser posibles víctimas, que declararan que Jonathan Mastropierro -una de las víctimas del caso- era proxeneta. Para eso, se aprovecharían del hecho de que Mastropierro tiene antecedentes penales por estafa, lo que podría hacer más verosímil el relato de delito.

En el marco de este negocio ilícito, Tarocco llegó a ofrecerle a este preso US$ 30 mil, informó TV Ciudad y confirmó El País. El imputado conocía al menos superficialmente a Penadés y a Mastropierro.

Tarocco, además de haber sido director del Comcar, estaba al frente de la oficina de inteligencia carcelaria, por lo que se nutría de muchas fuentes de información. A la hora de ayudar a Penadés, según la teoría de la fiscal Alicia Ghione, este imputado le envió imágenes a Tarocco para que le transmitiera a Penadés si ubicaba o no a los jóvenes que aparecían en las fotos.

El imputado estuvo preso por un delito de lesiones graves y recuperó la libertad en los últimos meses. Fue detenido cuando intentó fugarse de un centro hospitalario en el que había sido atendido por una patología de salud.

Fue señalado primariamente por un delito de cohecho y, como medida provisoria, cumple con un arresto domiciliario nocturno. Todo, mientras sigue la investigación en su contra. Es representado por el abogado Pablo Casas.

Tarocco, por su parte, fue condenado en marzo de este año, por un acuerdo abreviado, a tres años de prisión. Los delitos que se le computaron fueron cohecho calificado, asociación para delinquir y reiterados delitos de revelación de secretos.

A cambio de sus servicios ilegales, le habían ofrecido al exdirector del ex Comcar un mejor puesto en la logia de la Masonería y una casa. De la “trama” de la que habló la Fiscalía participaron al menos otros dos policías que también fueron condenados en la causa.

El próximo 23 de setiembre habrá una nueva audiencia que marcará el destino de -al menos- los siguientes seis meses del caso Penadés.

En primer lugar, se debatirá si tanto el exlegislador como el profesor de Historia Sebastián Mauvezín deben continuar en prisión mientras avanza la causa. La Constitución garantiza el derecho de esperar el juicio en libertad, salvo que eso signifique riesgos para el proceso propiamente dicho. En este caso, se entendió desde octubre de 2023, que existe riesgo para las víctimas y para la causa si ellos recobran la libertad. Así, se dispuso la prisión preventiva por seis meses y luego se extendió otros seis más.

Ahora, la fiscal Ghione volverá a pedir que se extienda el plazo. Eso queda sujeto a debate, del que participan las defensas de los imputados y de las víctimas, y luego resuelve la jueza.

Por otra parte, Ghione pedirá que se extienda el plazo para seguir la investigación. El 10 de octubre la Fiscalía estaba obligada a anunciar cómo culminaría el proceso: si llevándolos a juicio oral o pidiendo su sobreseimiento. Eso, teniendo en cuenta que ninguno de los dos se mostró proclive a firmar un acuerdo abreviado, pero la fiscal tiene la posibilidad de pedir que se extienda el plazo hasta por un año más para poder seguirlos investigando. Algo que ya anunció que hará, aunque no determinó la cantidad de meses que solicitará.

Por último, Ghione tiene resuelto que pedirá que se le imputen más delitos. Por ahora, Penadés está imputado por 22 delitos sexuales: 11 delitos de retribución a la explotación sexual a menores de edad, cuatro delitos de abuso sexual especialmente agravados, tres delitos de abuso sexual agravados, un delito de violación, un delito de desacato, un delito de corrupción de menores y un delito de atentado violento al pudor. Ahora, la Fiscalía buscará imputarle los delitos relacionados a la “trama” para procurar su encubrimiento.

Las seis personas que ya fueron condenadas por este hecho, cometieron los delitos -según la teoría fiscal- para ayudarlo a él y bajo su instrucción. Sin embargo, aún no se le había adjudicado formalmente la presunta comisión de los delitos, lo que se hará en esta instancia.