INÉDITO RECLAMO

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Baluarte Progresista

, el sector liderado por el senador suplente Humberto Castro, fue la sorpresa en las elecciones nacionales pasadas. Obtuvo 57.000 votos. Ese caudal electoral determinó que la Vertiente Artiguista, grupo con que alcanzó un acuerdo electoral, lograra dos bancas en el Senado.

Hoy Castro, que es suplente de Enrique Rubio en la Cámara Alta, enfrenta una demanda del excandidato a la diputación por Baluarte Artiguista, Miguel Daniel Martínez, que le reclama un pago de $ 3 millones por los votos que obtuvo en las elecciones nacionales.

El País trató en vano de ubicar a Castro para que se expidiera sobre la demanda realizada por su exaliado.

Proveniente del Partido Colorado, Castro se acercó a la izquierda cuando Tabaré Vázquez creó el Encuentro Progresista en 1994. En ese momento, su grupo denominado Batllismo Progresista procuraba acercar colorados a la izquierda.

El hoy senador suplente es un estratega político nato. Creó en las pasadas elecciones nacionales una ingeniería electoral por acumulación de votos en casi todos los departamentos. Uno de los entonces líderes de Baluarte Progresista, el exconcejal Miguel Daniel Martínez, fue candidato a la diputación por ese sector en todos los departamentos. Poco después, Martínez se alejó del grupo.

Él fue quien acercó al cantante Gustavo “el Gucci” Serafini a Baluarte Progresista para que apoyara la candidatura de Daniel Martínez a la Presidencia de la República por el Frente Amplio.

El acuerdo entre el concejal Martínez, Humberto Castro y el entonces candidato presidencial no terminó bien. El cantante renunció a apoyar a Daniel Martínez tras cuestionamientos realizados por el intendente Christian di Candia y la directora de Desarrollo Social de la comuna montevideana, Fabiana Goyeneche, sobre un presunto abuso sexual del “Gucci”, acusación que nunca se probó en un Juzgado Penal.

Serafini presentó un reclamo por US$ 300.000 ante la Justicia Civil contra Daniel Martínez, Christian di Candia y Fabiana Goyeneche, que aún está en trámite.

El 17 de agosto de 2020, el exconcejal y excandidato a la diputación por Baluarte Progresista, Miguel Daniel Martínez, solicitó en el Juzgado de Conciliación de 2° Turno una audiencia previa al juicio civil contra Castro.

Según el documento judicial al que accedió El País, la audiencia de conciliación entre los exaliados políticos se realizará a las 11:30 horas del 30 de noviembre de este año.

En la demanda, Martínez señala que en las pasadas elecciones nacionales fue candidato como primer diputado por la lista 890 de Baluarte Progresista, dentro del lema Frente Amplio, en los departamentos de Montevideo, Soriano, Treinta y Tres, Tacuarembó, Rocha, Rivera, Río Negro, Maldonado, Florida, Flores, Colonia, Artigas, Durazno, Salto y San José. En el departamento de Cerro Largo, Martínez encabezó la lista 1888; en Paysandú, la lista 8000; en Canelones, la 80.000; y en Lavalleja, la 1890.

Luego de realizado el escrutinio final, Martínez obtuvo 22.842 votos, lo que equivale a $ 3.470.785, según el escrito al que accedió El País.

Los importes que paga la Corte Electoral por los votos son cobrados por representantes del partido político y luego, según corresponda, se entregan a cada sector para que posteriormente sean volcados en los porcentajes correspondientes a los titulares de las listas a diputación que integran cada sector, sostiene el escrito. “El cobro se efectivizó por el monto detallado ($ 3.470.385). Luego se volcó como corresponde en el sector Baluarte Progresista que preside el citado señor Castro”, agrega el documento.

Hasta ahí, bien. Luego, la distribución económica de lo obtenido por los sufragios en las elecciones está establecida en la Ley 18.486, artículo 21. Esta norma sostiene que la suma total que corresponda a cada candidatura a la Presidencia de la República será distribuida en la forma y en los porcentajes siguientes: el 20% será entregado al candidato a la Presidencia de la República. El 40% se repartirá entre las listas de candidatos a senadores del lema, entregándose el importe correspondiente al primer titular de cada una de ellas. Y el 40% se dividirá entre todas las listas de candidatos a la Cámara de Representantes del lema, entregándose el importe correspondiente al primer titular de cada una de ellas. La distribución se hará en forma proporcional a los votos obtenidos por cada lista a la Cámara de Representantes, detalla la normativa.

Martínez sostiene que realizó diversas comunicaciones y negociaciones a efectos de que se respetara el tercer punto de la Ley 18.486 y se le abonara lo que le correspondía por ser el primer candidato a la diputación en las listas del lema Baluarte Progresista. “No se me pagó el dinero que generé por los votos”, asegura.