El dictamen de archivo de la investigación por las presuntas irregularidades en la expedición del pasaporte al narco Sebastián Marset incluye las consideraciones fiscales sobre el rol de Luis Alberto Heber, Francisco Bustillo, Guillermo Maciel y Carolina Ache, ministros y viceministros que perdieron su cargo a raíz del caso. El fiscal Alejandro Machado sostuvo que "faltaron a la verdad" en el Parlamento, tildó de "inverosímil" la versión de Ache sobre su reunión con el abogado Alejandro Balbi y criticó la falta “de profesionalismo" en las conversaciones de Maciel con su par de la Cancillería.

De todas formas, subrayó que a dos años de haber comenzado la investigación, no encontró responsabilidad penal en ninguno de ellos. A su vez, el abogado de la excónsul uruguaya en Emiratos Árabes Fiorella Prado, Jorge Barrera, explicó a El País que esta decisión es definitiva, puesto que no hay denunciante —la investigación fue iniciada de oficio— y por ende no hay quien solicite el reexamen.

"Una vez finalizada esta indagatoria estamos en condiciones de concluir que los ministros de Estado, así como sus respectivos subsecretarios, faltaron a la verdad y ocultaron información a la Cámara de Senadores y en definitiva a la ciudadanía que estos representan”, sostiene en sus consideraciones finales el dictamen de Machado.

Se refiere, puntualmente, a lo declarado por Heber, Bustillo, Ache y Maciel en la interpelación que tuvo lugar el 22 de agosto de 2022. Hubo un “acuerdo existente” entre ellos “para ocultarle a los Senadores de la República el tenor de las comunicaciones” entre Ache y Maciel, donde el viceministro del Interior definió a Marset como “un narcotraficante uruguayo muy peligroso y pesado”.

Pese a que esto, a juicio del fiscal, “es reprochable” moralmente, no constituye un delito penal.

En el dictamen, el fiscal analizó las tres conversaciones que tuvo Ache con Maciel, las que fijó en las fechas 21 de setiembre, 3 y 5 de noviembre de 2021.

La primera fue una consulta, la cual Ache evacuó a través de sus asesores. En ese momento, subrayó el fiscal, Marset aún no había comenzado a gestionar el pasaporte ni la nota que pretendía su familia en la que decía que estaba en condiciones de comenzar el trámite para obtenerlo.

El 3 de noviembre Maciel le alerta que es un narco “muy peligroso y pesado” y que “sería terrible si fuera liberado”. El 5 de noviembre, ante la repregunta de Maciel, Ache le confirmó que efectivamente seguía detenido.

“Para aquel entonces ya se había confirmado la identidad de Sebastián Marset y el Dr. Alejandro Balbi se encontraba peticionando la nota que asegurara que a su cliente se le iba a entregar un pasaporte común uruguayo una vez que fuera liberado. No obstante ello, todavía no se encontraba el trámite el pasaporte de Sebastián Marset”, explicó Machado.

Así, concluye que —pese a que se estaba gestionando la nota— los jerarcas no sabían de la gestión del pasaporte, puesto que para esa fecha no existía.

Sin embargo, criticó una serie de cosas respecto de cómo se dio el proceso. “La primera es que el sistema de seguridad nacional no estuvo a la altura de las circunstancias”, sostuvo, pero no por el otorgamiento del pasaporte —que legalmente le correspondía— “sino porque las comunicaciones entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores no se manejaron con el profesionalismo requerido en la instancia”.

“Dada la relevancia del asunto y la jerarquía de los interlocutores era exigible una mayor diligencia y un mayor celo en el tratamiento de la situación”, indicó el fiscal.

Foto: Darwin Borrelli

Así, en otro pasaje, expuso: “Por tanto podemos concluir, sin hesitaciones, que los problemas de comunicación formal y oficial fueron evidentes. Dada la relevancia del caso, el Dr. Guillermo Maciel debió realizar la consulta por las vías oficiales y no a través de simples mensajes de WhatsApp”.

El fiscal entiende que debería haberse utilizado el enlace de Inteligencia que existe entre ambos ministerios. “Era esperable e incluso exigible, en un marco de meridiana diligencia, la utilización de los recursos a su disposición”, sostuvo sobre el punto.

Sin embargo, nada de esto es un delito. “Si bien la actuación de ambos puede ser considerada descuidada no corresponde efectuar a su respecto reproche penal”, concluyó.

Aunque el fiscal no cree en las explicaciones de Ache y el abogado del narco Alejandro Balbi, este fundamentó que no encontró pruebas de que se haya cometido un delito.

Ache y Balbi siempre sostuvieron que la vicecanciller no conocía el motivo de la reunión hasta que el abogado llegó a su oficina y que tan solo se limitó a preguntarle por la fecha de la salida de la valija diplomática, en la que esperaba que pudiera viajar el pasaporte de Marset a Emiratos Árabes. Ambos negaron que Ache supiera que su defendido era Marset, puesto que él le habló de un cliente en Emiratos, sin nombrarlo. Hacía algunos días Maciel ya le había dicho que Marset estaba preso en ese país y que era un narco “peligroso”.

Para Machado “no resulta verosímil” que Balbi haya pedido esa reunión con una alta jerarca para preguntar la fecha de la salida de la valija, que, se desprende de su reunión con el subdirector de Identificación Civil Alberto Lacoste que ya la sabía, y que no haya dicho quién era su cliente.

Por otra parte, “también resulta inverosímil que la vicecanciller —profesional independiente y política avezada que ocupaba un cargo de innegable relevancia en el Ministerio de Relaciones Exteriores— en la referida reunión no hubiera relacionado (la pregunta de Balbi con) toda la información que tenía hasta ese entonces sobre Sebastián Marset”, argumentó el fiscal.

Además, hubo dos correos que llegaron a la casilla de Subsecretaría el 18 y 30 de noviembre que hablaban sobre la situación del narco uruguayo.

A raíz de eso, a juicio del fiscal, “inequívocamente” se permite concluir que “a la fecha en que fueron reenviados la oficina de Subsecretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores se encontraba al tanto de la situación de Sebastián Marset”.

Foto: Francisco Flores

La teoría del caso de la Fiscalía era que Balbi había averiguado de antemano la fecha de salida de la valija diplomática, pero por error alguien le había informado mal el día, por lo que estaba llegando tarde a su salida. Eso “hacía que se tornara imperioso —conforme los intereses de su cliente— intentar dilatar la salida de la misma o en su defecto peticionar el envío de una valija especial. A criterio de estos dictaminantes, lógicamente éste fue el verdadero motivo de la reunión celebrada entre la vicecanciller y el Dr. Alejandro Balbi”, consideró Machado.

Balbi y Ache se reunieron el 24 de noviembre. El abogado pensaba que la valija saldría el 25, cosa que no fue así, salió el mismo día de la reunión.

La Fiscalía reconoció que a dos años del inicio de la investigación no reunieron pruebas contundentes de que se haya consumado ningún delito.