Los fiscales de Flagrancia tienen una tarea fácil de entender: son quienes llevan a la Justicia a aquellas personas a las que “agarran con las manos en la masa”. Y son llamados a actuar en las materias de delitos más variadas, que una resolución del 18 de diciembre de 2017 -mes y medio después de la puesta en marcha del actual Código del Proceso Penal- define por lo que no son. Es decir, intervienen cuando no se trata de homicidios, drogas, delitos económicos y violencia de género y doméstica -salvo que estos se cometan en “horario inhábil” para las fiscalías especializadas. De manera que trabajan cuando ocurre todo lo otro, que es la vida de rutina de los 16 fiscales penales de Montevideo: rapiñas, hurtos, lesiones, pero sobre todos los dos primeros.

Por la naturaleza de los delitos que atienden, suelen ser funcionarios que, cuando están de turno, tienen poco tiempo que perder. Y ha sido por la exigencia de su trabajo, según señalaron a El País fuentes del Ministerio Público, que este año la actual fiscal de Corte, Mónica Ferrero, tomó algunas decisiones para hacer más efectiva su labor: les quitó las competencias de armas y “delitos marcarios”; y se creó una cuarta Fiscalía de Homicidios -que empezó a funcionar el pasado 24 de junio-, con lo cual los fiscales de flagrancia ya no tienen que intervenir en las primeras horas de los asesinatos cuando estos ocurren durante los fines de semana.

Ahora bien, el desempeño de cada uno de estos 16 fiscales -o Fiscalías, pues varios funcionarios han sido trasladados a otras dependencias por diversas causas- ha sido diferente a lo largo del actual período de gobierno, según se desprende de una respuesta a un pedido de acceso a la información pública que cursó El País semanas atrás.

De la lectura de los números, advirtió por su parte el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Willian Rosa, no puede hacerse un razonamiento lineal para concluir si un fiscal trabajó más o menos que los otros.

“Hay una circunstancia que tiene que ver con la independencia técnica de cada uno. Es el leal saber y entender de cada fiscal respecto de cuál es su política criminal, en un marco reglado” lo que termina traduciéndose en cifras frías, dijo Rosa, que trabaja en la Fiscalía de 3er Turno, una oficina que, como ya se detallará, es de las que más imputaciones y condenas ha logrado desde 2020 a la fecha.

“Algunos en determinados casos aplican más el principio de oportunidad (cuando se decide abandonar la persecución de un delito por su baja entidad y priorizar otros más graves) y otros deciden jugársela más cuando hay quienes se inclinan por el archivo”, ejemplificó.

Y eso se refleja en las decisiones que toman día a día estos fiscales y que, en el acumulado de cuatro años y medio, se visualiza en distintos niveles de imputaciones, condenas, juicios abreviados y casos en trámite.

El fiscal titular de flagrancia que más imputaciones -y esto quiere decir formalizaciones de investigaciones penales- logró en el período analizado es Fernando Romano, a cargo de la Fiscalía de 9º Turno. En ese tiempo, llevó a la Justicia unos 2.092 casos. Lo sigue la fiscal María Silvia Pérez -jefa de Willian Rosa-, quien en el mismo lapso acumuló un total de 1.991 formalizaciones. Y muy cerca de ella está la Fiscalía de 5º Turno, a cargo de Diego Pérez, responsable de 1.965 imputaciones desde 2020 hasta mediados de este año.

En el otro extremo, los datos entregados por el Ministerio Público -que llegan hasta el 11 de junio pasado- muestran que la Fiscalía con menos imputaciones es la de 4º Turno, que hasta el 31 de julio estuvo a cargo de Brenda Puppo, con un total de 1.303. La segunda oficina con menos formalizaciones penales es la que lidera el fiscal de 6º Turno, Pablo Rivas, con 1.323, y en tercer lugar aparece el fiscal de 8º Turno, Leonardo Morales, con 1.349 imputaciones.

Como es razonable, al ordenar a los fiscales según el nivel de sentencias de condenas obtenidas la lista tiene una conformación similar, con ligeras variaciones. La fiscal que aparece con más condenas es Pérez, con 1.940, más que Romano -el fiscal más imputador-, que se sitúa en segundo lugar, con 1.899. El podio lo completa aquí también el fiscal Diego Pérez, con 1.768 investigaciones que logró concluir en la Justicia.

Los datos también incluyen la cantidad de juicios orales realizados por los fiscales, y aquí también es necesario hacer un apunte.

La enorme cantidad -prácticamente el 99%- de las investigaciones que terminan responsabilizando a los culpables se resuelven mediante la figura del juicio abreviado: un pacto por el cual el delincuente admite la responsabilidad de los hechos que se le imputan, a cambio de una reducción de la pena. Y los fiscales salen ganando por varios motivos. Uno de ellos es el tiempo que supone preparar un juicio oral y público, y que se evita al cerrar un trato con los abogados de la defensa. Pero otro no menor, recordó Rosa, es la resistencia de las pruebas y evidencias a lo largo del tiempo. “Muchas veces, cuando llega la hora de ir a un juicio, ya no se conservan las evidencias o las víctimas no quieren ir a enfrentarse con el rapiñero, y si se trata de un caso donde la prueba no es tan contundente, todo esto es algo que debe calibrarse”, dijo el fiscal adscripto, que a casi siete años de trabajo en este nuevo sistema penal entiende que los fiscales ya aprendieron “cuándo tirarse al agua y cuándo no”, y que por tanto es comprensible “que hayan disminuido los juicios”.

Así y todo, hay fiscales que han tenido hasta siete juicios, como es el caso de Graciela Peraza, fiscal del 1er Turno, o de la Fiscalía del 10º Turno -donde actualmente está Eliana Travers pero también han trabajado aquí Gilberto Rodríguez y Sabrina Flores-, mientras que hay otras que solo tuvieron un juicio o directamente ninguno, como ocurrió con la Fiscalía de 12º Turno -por donde pasaron Flores, Alejandro Machado, Ricardo Chiecchi y la hoy exfiscal y devenida en política colorada, Gabriela Fossati.

El promedio de juicios orales por año, por lo demás, se ha mantenido más o menos estable. Dentro del lapso solicitado, el año con más casos resueltos por esta vía fue 2020, cuando hubo 16 juicios orales contra 5.176 condenas obtenidas mediante procesos abreviados. En 2021 el número bajó a 12 -contra 5.386 abreviados-, y en los dos años siguientes los juicios fueron 11 -contra 5.429 abreviados en 2022 y 5.809 pactos en 2023-. Hasta la mitad de este 2024, se registraron seis juicios y 2.291 casos resueltos en acuerdos con abogados.

Queda por último detenerse en la cantidad de casos en trámite que tiene cada fiscalía; es decir: la acumulación de denuncias que todavía no fueron resueltas. Y la información proporcionada también permite visualizar en números y en un orden de mayor a menor los estilos de trabajo de los fiscales. Así, quien al día de hoy tiene más cantidad de casos ingresados y en proceso de resolución es el fiscal Diego Pérez, con 1.937. Lo sigue la fiscalía que hoy dirige Viviana Maqueira -con 1.315- y la de Rivas, con 1.209. Por el contrario, las fiscalías con menos trabajo en espera son la de 2º Turno, donde hoy trabaja Patricia Rodríguez (237), la de Romano (252) y la de 15º Turno, hoy a cargo de Raúl Iglesias (253).

Visualización de datos: Faustina Bartaburu.