Sienten frustración, angustia y dolor. Quieren recuperar el dinero que pagaron para un viaje que no pudieron hacer, o al menos una parte de este. Tienen la esperanza puesta en el dinero que surja de la liquidación de la agencia que los perjudicó, Transhotel, y en el seguro que tenía la empresa. A más de siete meses de que el gobierno resolvió la clausura definitiva, los damnificados están a la espera, también, de una resolución judicial.

A nivel de Fiscalía, aún no se pidió la formalización de la investigación. La empresa ingresó en concurso en octubre, cuando se desplazó a las autoridades y se designó un síndico. El último avance se dio la semana pasada, cuando hubo dos remates en Bavastro en el marco de la liquidación concursal. Se realizaron de manera presencial y concurrieron unas 25 personas.

El martes se colocó un vehículo Toyota modelo Etios de 2020, a US$ 12.200. Al día siguiente, el miércoles, se vendieron unos 130 lotes de mobiliario (escritorios, racks, armarios, pizarrones, sillas, entre otros) a $ 130.000. Los montos son sin descontar la comisión del remate y más gastos asociados. Según un informe de la Asociación Uruguaya de Peritos publicado por El Observador, la firma acumuló deudas por $ 52 millones (US$ 1,3 millones).

Transhotel, al ser una agencia registrada en el Ministerio de Turismo, cumplía con la obligación de tener un seguro de garantía obligatorio por 1.400.000 UI (US$ 186.000). La garantía es del Banco de Seguros del Estado. Para que la cartera la ejecute debe esperar una decisión de la Justicia.

Son unos 700 los damnificados. Los relatos de quienes vieron truncos sus viajes por el cierre de Transhotel son de lo más variados. Hubo un grupo de jóvenes adolescentes de 15 años que no pudo ir a una competencia de danza en Cancún. El padre de una de ellas, Roberto, contó a El País que vendieron ropa y rifas, además de que se hicieron “mil esfuerzos” para recaudar el dinero. Además, hubo algunas que debieron decidir entre la competición o una fiesta de cumpleaños de 15, y “con toda la ilusión” eligieron viajar todas juntas.

“Fue una situación dolorosa para ellas”, resumió Roberto. En el caso de su familia, gastaron US$ 2.000 para completar el dinero necesario para que viajara su hija y también su esposa a acompañarla. “Jugaron con la ilusión de la gente”, sentenció.

Lo mismo vivió Beatriz, que compró un paquete all inclusive en Aruba, una isla en el Caribe, por US$ 1.890. Después de pedir presupuestos en tres agencias -con poca diferencia entre uno y otro-, se decidió por Transhotel para vacacionar con sus amigas.

El dinero, contó Beatriz a El País, provino de una bonificación por rendimiento que recibió en su trabajo. Pagó por transferencia bancaria y el banco no pudo darle una solución.

“Destiné el bono a algo que pensé que me iba a hacer feliz y terminó siendo una pesadilla”, sostuvo. Ella canceló el monto meses antes de la fecha en que tenía previsto subirse al avión, en el que -se enteró después de que estalló el escándalo- no tenía ningún asiento reservado. Beatriz -como muchos de los damnificados- no tiene una factura que pruebe que pagó por el viaje. Igual dice que irá “hasta las últimas consecuencias en lo penal y administrativo” para que le devuelvan el dinero.

La “inmensa mayoría” de las personas realizó un “gran esfuerzo económico” para poder pagar, agregó. Ahora deben lidiar con “explicarle, por ejemplo, a un hijo que no van a poder” ir al destino que le prometieron para sus vacaciones. “Hay gente que la pasó muy mal emocionalmente, está muy angustiada”, continuó.

Una situación similar vivió Guillermo. Iba a viajar a Punta Cana con otros dos amigos y, a los pocos días de terminar de pagar US$ 1.100 al contado en el local de la empresa, Transhotel bajó las cortinas en medio del escándalo.

La última cuota fue de $ 22.000 y enseguida de salir del local se le acercó un hombre que le advirtió que Transhotel “se iba a fundir”. Volvió a ingresar, y le contó la situación a la mujer a la que le había entregado el dinero, quien lo tranquilizó diciéndole que solo hubo algunos cambios de fecha en ciertos viajes.

Hoy dice que parte de la lucha de los damnificados tiene que ver con que situaciones así no vuelvan a repetirse. “Uno siente que no hay respaldo. Todo se tiene que demostrar, pero no hay duda de la mala fe” de la empresa.