Redacción El País
Este jueves y viernes se llevarán a cabo las dos primeras sesiones de la audiencia de control de acusación por el caso de las torturas sufridas por los vecinos de la colonia rusa de San Javier en los años 1980 y 1984. Por esta causa el fiscal de delitos de lesa humanidad Ricardo Perciballe solicitó hasta 15 años de cárcel para nueve militares.

Según supo El País, defensores de algunos de los represores solicitarán la comparecencia del expresidente José Mujica y la exvicepresidenta Lucía Topolansky. Esto se da debido a los dichos de Topolansky sobre presuntos falsos testimonios acerca de crímenes en la dictadura, en entrevista para el libro Los Indomables de Pablo Cohen. Además, sumarán como prueba documental las declaraciones del exmandatario en Fácil Desviarse (FM Del Sol) donde respaldó a su esposa y señaló: "Esas cosas nos constan, sí. No voy a decir que fuera generalizado, pero había gente que salió con mucho rencor y encontraba que era justo eso, por las que pasó. No todos, pero sé que hubo casos".

El testimonio se solicitará en la modalidad de prueba anticipada, según supo El País, al acceder a contestación de la solicitud de acusación de Fiscalía. Además, la defensa ofrece como prueba la declaración de Diego Zas y/o Juan Hounie, conductores del programa Fácil Desviarse.

Por otro lado, la defensa de los represores presentará como testigo experto al coronel Javier Bravo Arrigoni, licenciado en Ciencias Militares que declarará acerca de las jerarquías militares, la cadena de mando de las Fuerzas Armadas y funciones en las unidades militares.

El juzgado de esta causa es el letrado de Fray Bentos, cuya titular es la jueza Selva Siri.
El caso investiga privaciones ilegítimas de la libertad y torturas a Vladimir Roslik y otros residentes de la localidad de San Javier, en los operativos llevados a cabo en la colonia rusa en los años 1980 y 1984. El asesinato de Roslik ocurrió el 16 de abril de 1984.

El abogado defensor de las víctimas, Pablo Chargoñia, dijo a El País que considera que "esta prueba debería ser rechazada por la jueza Selva Siri por ser inadmisible, impertinente y evidentemente dilatoria, conforme lo dispone el art. 268 del Código del Proceso Penal". "Si no fuera así, si se admitiera ese testimonio, de todos modos no tendría ninguna eficacia persuasiva en el futuro eventual juicio. Es que los vecinos de la colonia rusa dicen la verdad y la Fiscalía presentó prueba suficiente como para sostener su acusación", agregó.

Para Chargoñia, "no se puede soslayar lo agraviante que es para las víctimas y para la memoria de las que ya murieron, esa imputación liviana y temeraria que acusa a los denunciantes y víctimas de causas vinculadas a la dictadura, sin prueba alguna y con una generalización inaceptable, que se confabulan para mentir y promover la sanción penal a inocentes". "Los represores acusados se aprovechan oportunistamente de los dichos de Topolansky", consideró.

Foto: Leonardo Mainé/El País

Topolansky dijo al periodista Cohen, entrevistada para el libro, que hay "gente que miente en las declaraciones" sobre crímenes ocurridos en dictadura: "A un compañero nuestro vinieron a decirle —no importa de qué sector político—: 'Mentí, decí esto y aquello, y metemos preso a fulano'. Y él contestó: 'No lo voy a decir'. Ahí te acusan de traidor y opinan que los tupamaros no dijeron nada. No, decimos lo que vimos".

"Nosotros sabemos quiénes son los que mintieron dentro de la izquierda. Pero no lo vamos a decir", expresó, y ante la repregunta del periodista, ella retrucó: "Porque no somos traidores ni botones".

Para los militares retirados Óscar Mario Roca, Ivo Morales y Abel Pérez el fiscal Perciballe solicitó 15 años y seis meses de penitenciaría por considerarlos "autores de reiterados delitos de privación de libertad, con reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y reiterados delitos de lesiones graves".

Por otro lado, para los militares retirados Héctor Caubarrere y Jorge Soloviy, el fiscal pidió una pena de 14 años y seis meses de penitenciaría por los mismos delitos. Además, para Daniel Castellá y Rodolfo Costas, Perciballe solicitó una condena de 13 años y seis meses, también por privación de libertad, abuso de autoridad contra detenidos y lesiones graves, según informó Fiscalía en un comunicado.

Además, para Luis Estebenet, la Fiscalía solicitó una condena de 11 años y seis meses de cárcel por los mismos delitos. Además, para Eduardo Saiz, el fiscal Perciballe pidió una condena de 13 años de penitenciaría.

Foto: Captura de la película "Roslik y el pueblo de las caras sospechosamente rusas"