PROCESO INTERMINABLE

El juicio que arrancó en 2003 se volvió a postergar; para Rossi resulta algo “inadmisible”.

Fue el punto de ingreso principal a la capital del país. Pero desde hace más de una década es tierra de nadie, hogar de indigentes y refugio de delincuentes. La Estación Central de AFE es un icono de la ciudad que, producto de una largo litigio judicial de más de 15 años, ha quedado en el olvido. Sin embargo, el gobierno pretende recuperarla para transformarla en un punto clave de Montevideo.

El lunes las partes estaban citadas al Juzgado Letrado en lo Civil de la jueza María Sapelli para conocer su sentencia sobre dos recursos que interpuso el Estado. Uno se vincula a la caducidad sobre los créditos contra el Estado, en el entendimiento que luego de cuatro años todos caducan. El segundo recurso es sobre cosa juzgada, ya que los abogados del Estado entienden que ya hay definición sobre el tema.

El juicio se inició en 2003 por rescisión de contrato: el privado entiende que no se ha respetado lo establecido y el Estado argumenta que no se ha cumplido con el plan de obras que se había acordado.

Sin embargo, la decisión judicial fue postergada unos meses. Ahora se deberá esperar a junio.

Con el conocido "Plan Fénix" el predio de la Estación Central pasó a manos del Banco Hipotecario, que luego lo negoció con un privado.

"Hicieron un negocio espantoso", comentó a El País el ministro de Transporte Víctor Rossi. Con la llegada del Frente Amplio al poder, el Ejecutivo decidió expropiar la Estación de AFE y la Justicia falló a favor del Estado.

"En aquel momento fuimos llamados a Comisión del Parlamento para dar explicaciones. Luego, por recomendaciones de los abogados, se devolvió al privado para renegociar la adquisición y procurar una solución general al litigio que aún está en veremos", recordó.

Pero esta solución está muy lejos todavía como resultado del trámite judicial. Para Rossi, esto es totalmente inadmisible. "Sinceramente creo que a esta altura el gobierno nacional tiene que promover una iniciativa reclamando la entrega de ese bien, que es del Estado, de todos los uruguayos, independientemente de la instancia judicial que a esta altura es por dinero", dijo.

El ministro comentó que hay muchas propuestas para revivir la histórica Estación Central, inaugurada en 1897. El problema es que el diferendo judicial se ha convertido en una traba prolongada en el tiempo. "Así no puede ser", dijo.

Si el lugar es destinado para la actividad portuaria, el desarrollo ferroviario, a actividades culturales o comerciales "son dos realidades aparte", dijo el ministro.

"Lo que es inadmisible es que la sociedad uruguaya, que el Estado uruguayo no tenga la posibilidad de defenderse de la especulación, de la mala fe, de las triquiñuelas que llevan a un proceso interminable e infinito que no se sabe a dónde va", declaró.

Rossi admitió que solucionar este tema es uno de sus grandes desvelos. Pero el diferendo judicial que se sigue pateando para adelante tiene a las autoridades "atadas de manos".

"Esto no da más. ¡No da más! Estoy todos los días de mi vida procurando que haya alguna alternativa. No puedo entender. No se puede seguir manipulando los instrumentos de la justicia en beneficio exclusivo de un particular, ajeno al enorme interés social que se está afectando", opinó el ministro de Transporte.

El lunes 30 de abril se abrirán los sobres con las ofertas de los interesados en la licitación para reparar las vías entre Paso de los Toros y Montevideo. La reparación es necesaria para que se pueda transportar celulosa de la segunda planta que la empresa finlandesa UPM construiría cerca de Centenario, Durazno.

La segunda planta de celulosa de UPM sería la inversión más grande en la historia del Uruguay. Y la inversión en infraestructura que deberá hacer el Estado uruguayo es una de las más importantes. Se trata de unos US$ 1.000 millones. Para este llamado se han presentado diez empresas de diferentes partes del mundo interesadas en el proyecto. Entre ellas están las cuatro constructoras chinas más importantes, dos francesas, alemanas y españolas. También hay inversores argentinos.

El resultado de esta obra será central para que los inversores finlandeses definan si confirman o no su inversión en Durazno. Esta determinación será tomada como fecha límite en febrero de 2019, antes del cambio de gobierno. Si ello no ocurre, el próximo gobierno deberá renegociar con UPM.