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Por Eduardo Barreneche
La Justicia de Rocha falló a favor de un ciudadano argentino y ordenó a un comerciante que devolviera 220 solares de unos 3.000 que adquirió de forma ilegal en los balnearios Laguna Negra y Las Sirenas, lo que implicaría prácticamente la totalidad de la superficie de estos.

El comerciante compró los derechos posesorios del inmenso inmueble a los familiares de un peón y monteador -cortaba árboles para leña- que vivió en la zona.

Los balnearios Laguna Negra y Las Sirenas, ubicados a la altura del kilómetro 289 de la Ruta 9, son un lugar paradisíaco. Tienen al frente la Laguna Negra y detrás el Océano Atlántico. El juicio del ciudadano argentino por estos terrenos comenzó en 2011. Ya recibió dos fallos favorables: uno en primera instancia y otro de un Tribunal de Apelaciones.

El ciudadano argentino tiene los títulos de propiedad de los 220 terrenos y los presentó en el Juzgado Civil de Rocha. No reconoció los eventuales derechos posesorios que esgrimió el comerciante y le reclamó el pago de daños y perjuicios porque no pudo ejercer su derecho de propiedad de los predios durante más de una década.

El peón rural llegó al balneario Laguna Negra en 1951. Comenzó a trabajar para una familia de apellido Beramendi, y ocupó una casa precaria en uno de los balnearios. Inclusive, como es usual en el campo, la familia Beramendi le permitió criar ganado. También lo dejaron seguir allí cuando ya no trabajaba para ellos.

El peón falleció tiempo atrás. Luego siguieron en la zona sus hijos, quienes supusieron que podían reclamar la prescripción treintenaria de ambos balnearios. Es que sumando los años en que allí estuvo su padre, con los que estuvieron ellos, se superaban las tres décadas. La prescripción treintenaria es una figura que otorga la propiedad de un bien luego de estar en el lugar durante 30 años en forma ininterrumpida.

Así se lo trasmitieron los familiares del peón rural a un comerciante. Interesado en los dos balnearios, el comerciante estimó que si compraba los derechos posesorios que ostentaban los hijos del peón rural, se quedaría con ambos.

Las dos partes -comerciante y familiares del peón rural- llegaron a un acuerdo de precio y el negocio se concretó.

Poco después, el comerciante se enfrentó a un escollo: el ciudadano argentino reclamó sus 220 terrenos.

El extranjero denunció en el Juzgado de Rocha que el comerciante había reclamado como suyos todos los espacios, incluso aquellos que la comuna de Rocha tenía reservados para otras cosas.

En los fraccionamientos aprobados por la Junta Departamental de Rocha se delimitan solares, calles y plazas libradas al uso público, las que son imprescriptibles. Ninguna persona puede reclamar como suyos los derechos posesorios de esos espacios.

Ello fue alegado por el argentino en la demanda, pero también se refirió a que el peón y monteador no realizó una cesión para sus hijos de los eventuales derechos posesorios y, por ello, éstos habían perdido el plazo para computar y reclamar la propiedad mediante la prescripción treintenaria.

En su defensa en el Juzgado, el comerciante alegó que la venta del enorme inmueble se realizó mediante una escritura con un escribano, y agregó que los familiares del peón le cedieron los derechos hereditarios de campos en la zona, que equivalen a esos 3.000 terrenos, en favor suyo.

La cesión fue presentada en el Registro de Propiedad Inmueble de Rocha y recibió inscripción definitiva una vez que el comerciante suscribió convenios de pago de contribución inmobiliaria de los terrenos supuestamente poseídos, según señala el fallo al que accedió El País.

Acto seguido, el comerciante realizó el cierre de los terrenos que eran propiedad del ciudadano argentino, y de otras personas que le habían comprado solares a él, mediante la contratación de personal de seguridad. Estos guardias impedían el ingreso a los predios, lo cual derivó en una denuncia en Rocha.

El comerciante perdió el litigio en primera y segunda instancia. Deberá entregar los 220 solares al argentino. El Tribunal de Apelaciones rechazó que el comerciante deba abonar al extranjero una indemnización por daños y perjuicios.