TRIBUNAL DE APELACIONES

El sacerdote de Minas (Lavalleja) que fue imputado por abusar sexualmente de dos niñas, fue "puesto en prisión domiciliaria hasta el juicio, en una dirección particular de Montevideo", informó este viernes el Obispado de Maldonado, Punta del Este y Minas a través de un comunicado.

La fiscal del caso, Tania Vidal, había pedido la prisión preventiva del imputado, por entender que si permanecía en libertad podía "perjudicar el desarrollo de la investigación".

No obstante, en ese momento la jueza había rechazado la prisión preventiva y, en cambio, había dispuesto que el imputado fijara domicilio, se presentara una vez por semana en la seccional policial próxima a su casa y que no pudiera acercarse ni comunicarse con las víctimas en un radio de 500 metros por 90 días.

Ahora, después de que la Fiscalía apelara la medida cautelar, un Tribunal de Apelaciones resolvió sobre el asunto, determinando que el sacerdote cumpla prisión domiciliaria en la capital "con dispositivo electrónico o en su defecto, vigilancia intensiva a cargo de OSLA (Oficina de Supervisión de Libertad Asistida); prohibición de comunicación directa o indirecta con las víctimas, su madre y hermanos", de acuerdo al fallo del Tribunal al que tuvo acceso El País.

En dicho documento, también se señala que las víctimas "no cuentan con la protección de su madre, quien aparece marcadamente volcada a favorecer los intereses del imputado".

Además, se determinó que un eventual entorpecimiento de la investigación "bien puede proporcionalmente neutralizarse con el arresto domiciliario total en lugar lejano al sitio de residencia de las víctimas y monitoreo electrónico, más la prohibición de comunicación por sí o interpuesta persona, sin que sea necesario adoptar una medida tan excepcional como lo es la prisión del imputado".

El obispado también informó que el sacerdote se encontraba en Salto "cumpliendo con las medidas de restricción" hasta tanto se expidiera el Tribunal de Apelaciones.

El 4 de febrero, el obispado había informado que el sacerdote había declarado ante la Justicia "no haber cometido tales actos y se encuentra a disposición de ésta".

En setiembre de 2019, las menores le contaron estos abusos a su hermano mayor, quien realizó la denuncia. El obispo de Maldonado, Punta del Este y Minas, Milton Tróccoli, había declarado a El País que a partir de la denuncia "se le impuso una restricción" al imputado y no pudo "trabajar (más) con menores".

"Pese al dolor que supone revivir hechos tan aberrantes por parte de las víctimas, continuamos alentando a quienes hayan padecido abusos por parte de sacerdotes o consagrados a presentar sus denuncias por las vías de comunicación habilitadas por la Iglesia para este fin: celular 095 382 465 y la dirección electrónica: denuncia.abusos.uy@gmail.com", remata el comunicado del obispado.