El cierre de Casa de Galiciaparecía ser uno de los dolores de cabeza que el exministro Daniel Salinas dejaba atrás cuando, en marzo de 2023, hizo efectiva su renuncia al Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, este martes tuvo que rememorar la tensión de esos momentos en los que lidió con la comprometida situación económica de la mutualista, su cierre y las posteriores negociaciones para realizar los pagos de adeudos. Según reconstruyó El País, relató minuciosamente cómo fue el proceso, los números y explicó las diferencias que había en ese entonces con las otras dos mutualistas en las que había veedores, el Casmu y la Asociación Española.

Esta declaración ocurrió en sede de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos a instancia del abogado y exfiscal de Corte Jorge Díaz, quien meses atrás asumió la defensa del expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, quien está imputado por dos delitos. Estuvieron presentes los fiscales Gilberto Rodríguez, Silvia Monzón y Gabriela Gómez y las abogadas Belén Castro, por el MSP, y Florencia Mazzei, la otra representante de Iglesias.

El mayor intercambio se dio entre Díaz y Salinas —quien compareció como testigo—, al punto tal que el exfiscal incluso llegó a bromear que esto no se trataba de una interpelación. Así lo hizo tras una larga exposición del exministro.

En esa primera intervención del exministro, según las fuentes consultadas, hizo un racconto histórico de la situación financiera de Casa de Galicia y los fideicomisos que había pedido. Destacó especialmente que mientras tenían importantes problemas de liquidez, adquirieron bienes sin autorización del Fondo Nacional de Recursos. Ese dinero debió haber sido utilizado para reestructurar las deudas que ya tenían, señaló.

También ilustró en términos porcentuales el exceso de gasto, que en el último tiempo llegó a superar el 12% por fuera del umbral de rentabilidad. Incluso, graficó que Casa de Galicia tuvo los peores resultados de todo el sistema de salud porque tuvo seis ejercicios consecutivos de resultado muy negativo. Durante toda su declaración, resaltó los “errores de gestión” que hubo en Casa de Galicia.

Foto: Leonardo Mainé

Esto es diferente a lo que sucedió en Casmu y La Española. En ellas sí se registraron años de ejercicios positivos, dijo. Haciendo uso de su profesión de médico, puso como ejemplo que las mutualistas tenían la misma enfermedad, o comienzo de enfermedad, pero se gestionaron distinto. Al momento de hacer las comparaciones, afirmó que hablaba de lo que había sucedido en ese momento y no el actual, cuando la situación de Casmu tiene otra delicadeza.

Aunque desde la institución se insistía con la necesidad de generar un nuevo fideicomiso por US$ 12 millones para poder obtener un préstamo del banco Santander, lo que en ese momento Salinas interpretaba en base a lo informado por el Ministerio de Economía era que no iba a cambiar la situación. Entendían que si ya habían recibido US$ 20 millones y pedían otros US$ 12 millones, podía especularse que iban a continuar pidiendo más.

Fue interés del abogado consultarle al exministro por la Clínica Leborgne, la que había sido adquirida por Casa de Galicia. Allí tuvieron un cruce cuando Díaz le consultó si había un informe de la Dirección General del Sistema Nacional de Salud que dijera que la compra era ilegal porque no había pasado por dos asambleas, una de ellas la de socios. Cuando Salinas acusó no recordar, el abogado Díaz le consultó si recordaba una reunión que supuestamente había tenido con Iglesias por el tema. Afirmó que el senador Guido Manini Ríos le había contado sobre este supuesto dictamen a Iglesias, pero él le exhibió en cambio los comprobantes de que eso no había sido así. A lo que Manini llamó al propio Salinas y ahí, el entonces ministro, se reunió con Iglesias por esto.

El exministro dijo no recordar pero sostuvo que, en todo caso, no fue él quien redactó el informe y que esas consideraciones corren por cuenta de la dirección mencionada.

En otro momento, se refirió a la situación de los trabajadores y el compromiso por el pago de haberes adeudados. En ese momento reconoció que aunque el dinero finalmente se abonó, la forma ideal hubiera sido a través de una liquidación, consideró. Igual, valoró que haya habido hasta 18 meses de subsidio para trabajadores de la exmutualista.