FISCALÍA: “CONTUNDENTE EVIDENCIA”

El fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 1° turno, Enrique Rodríguez, concluyó que hay “contundente evidencia” sobre “acciones irregulares e ilícitas de espionaje” desde 1985 y, en principio, hasta el 2005, a manos de agencias de inteligencia del Estado. Sin embargo, los delitos denunciados prescribieron -porque la denuncia ingresó a Fiscalíaen 2018- por lo que se archivó el caso.

En el comunicado de la fiscalía se determina que el denominado espionaje apuntó como objetivo a partidos políticos de distintas orientaciones, a sus líderes y a partidarios, a los movimientos populares, a los sindicatos, a las organizaciones sociales, y en algún caso, integrantes de otros poderes del Estado. Según aseguró a El País una fuente de la investigación, el motivo del espionaje fue “un tema de ideología política”.

El expresidente Julio María Sanguinetti, que gobernó en el periodo del 1985 a 1990 y de 1995 a 2000, dijo a El País que la resolución del fiscal Rodríguez es “un disparate”. “Nosotros nunca ordenamos espiar a nadie ni creo que haya ocurrido”, aseguró, aunque sostuvo que los servicios de inteligencia “siempre” deben estar atentos a lo que ocurre en el ámbito político y sindical. “Pero eso es recoger información, no se está espiando”, señaló.

No comparte la “opinión” del fiscal Rodríguez y cree que obtener la información es un deber del servicio de inteligencia para dar alertas. “¿O tenemos que estar con los ojos vendados y los oídos tapados?”, se preguntó.

La diputada del Frente Amplio, Micaela Melgar, que es titular por la banca de Gerardo Núñez -presidente de la comisión investigadora que indagó en este tema hasta 2018 cuando se presentó la denuncia- expresó a El País que “es una demostración de que se violaron las libertades democráticas de todo el país”.

“A nosotros nos parece que esto responde a una cultura de la impunidad que fue perpetuando el poder de estos aparatos con el objetivo de prevenir la investigación y la justicia de los crímenes de lesa humanidad”, enfatizó la diputada.

Melgar, que también integra la comisión bicameral de seguimiento del sistema de Inteligencia Estratégica del Estado, explicó que se intentaba impedir que denunciaran los familiares de expresos políticos o de personas detenidas desaparecidas. Destacó que estuvo relacionado con la “persecución a aquellas organizaciones y sectores políticos que estuvieron proscritas”.

Entre los organismos indagados por espionaje estaba la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, la Dirección General de Información de Defensa y la posteriormente denominada Dirección Nacional de Inteligencia del Estado, todos ellos, organismos dependientes del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa Nacional respectivamente.

La tarea ilegal se desarrolló mediante seguimientos, infiltraciones en sindicatos, organizaciones sociales, partidos políticos, y otros organismos. Se realizaron escuchas mediante captación de comunicaciones telefónicas. Hubo ingresos ilegales a domicilios, locales u otros inmuebles; y se dio un “fluido intercambio de información” con otras personas a las que se les pagaba por este “trabajo”.

“De la investigación emergen conductas presuntamente delictivas, que pueden quedar atrapadas por figuras penales”, establece Fiscalía, y menciona el abuso de funciones, la omisión de denunciar delitos, pesquisa, violación de domicilio, interceptación telefónica, revelación de secreto telefónico, conocimiento de documentos secretos, públicos o privados y revelación de secretos.

El fiscal de Delitos Económicos y Complejos expone en su escrito que los presuntos delitos cometidos tienen una pena máxima inferior a diez años, la mayoría de ellos tiene penas máximas de tres años de penitenciaría y algunos una pena de veinticuatro meses de prisión o solamente una multa.

“El plazo para que se considere prescripto el delito es de diez años y, por ende, está extinguida la posibilidad de ejercer la acción penal, la cual venció en 2015”, detalló Rodríguez.

El 19 de setiembre de 2018, por unanimidad, la Cámara de Representantes resolvió elevar a la Fiscalía todos los antecedentes de la comisión investigadora sobre el espionaje militar y policial luego del retorno a la democracia. La comisión se creó en 2016 y estaba precedida por el diputado Núñez.

En ese entonces, la comisión investigadora citó a numerosos exjerarcas de Defensa y de Interior y analizó lo que se conoce como “archivo Berrutti” -así se llama porque fue descubierto por la exministra de Defensa Azucena Berrutti en 2006- en un armario de una vieja sede de inteligencia militar.

Núñez dijo en aquel momento a El País que de la investigación surgía la existencia de “decenas de agentes, que en algunos casos, si se contabilizan con los informantes, supera la centena”. A su entender, el dato habla de “una dimensión voluminosa” que se hizo en democracia para investigar a los partidos políticos, lo que incluye al Frente Amplio y a la oposición.

Además se espió a sindicatos. Indicó hubo infiltrados en la dirección de la Federación de Empleados y Obreros de la Bebida (FOEB) y en la Mesa Representativa del Pit-Cnt. En la lista de sindicatos infiltrados mencionó los gremios de Ancap, UTE, bancarios, metalúrgicos, portuarios y de Antel.

Hay dos tipos de espionaje: el de los agentes y el de los informantes, explicó Núñez. “El agente es aquel que tiene un vínculo más directo con la Dirección de Inteligencia; el vínculo es contractual y militar. Hay otros casos, que son muchos, y por eso entre informantes y agentes superan los 100”, puntualizó el legislador.