El juez penal Huberto Álvarez condenó hoy a una empleada de una empresa de bolsa por un delito continuado de estafa y un delito continuado de apropiación indebida a una pena de 24 meses de prisión domiciliaria.
El fiscal Gilberto Rodríguez acordó con los abogados de la indagada, Víctor della Valle y Carlos Balbi, una imputación para la indagada por un delito continuado de estafa y un delito de apropiación indebida. La mujer enfrentará una pena de 24 meses de prisión domiciliaria.
La empresa corredora de Bolsa denunció el 28 de octubre de 2021 a una mujer supuestamente asociada a la firma, por incurrir en un eventual fraude a 30 clientes.
El escrito, que fue presentado por los abogados Jorge Díaz -exfiscal de Corte- y Leonardo Costa, dice que la denunciada tenía un vínculo con la empresa de “introducing broker” (un agente que busca clientes a cambio de una comisión).
Ante esto, en los primeros meses de 2022 una serie de damnificados por el fraude comenzaron a presentar denuncias contra la sociedad de corredores de bolsa, la empleada y un cambio implicado en los hechos. Allí se inició la polémica donde el enigma era conocer si fue una maniobra de una sola persona o la empresa estaba vinculada con los hechos.
El 11 de noviembre de 2022, el corredor de bolsa responsabilizó en la Fiscalía a la supuesta intermediaria y una casa de cambio por el desfalco realizado a sus clientes.
Sobre la declaración de su defendido, Díaz, señaló a El País que los movimientos fraudulentos le son ajenos y “no hay una sola prueba que lo involucre”. La responsabilidad, según su visión, recae sobre la intermediaria.
Según Díaz, esta persona aplicaba un “esquema Ponzi”, un conocido modelo de estafa en el mundo de las inversiones. La mujer “captaba nuevos clientes” y les pagaba los intereses de sus inversiones “vaciando las cuentas de otros”.
Bajo esta perspectiva, la empleada pudo pasar desapercibida con la presunta maniobra, pero fue descubierta cuando los damnificados encontraron que sus cuentas fueron vaciadas. “Cuando quiso acordar no tenía de dónde sacar dinero. Ahí los denunciantes se acercaron a la empresa corredora y se les explicó lo sucedido”, afirmó Díaz.
Cumplía horario
La hoy imputada dio una versión distinta ante el fiscal Rodríguez y su equipo. En su declaración, realizada el 14 de setiembre del año pasado y a la que accedió ayer El País, la empleada relató su historia laboral en conocidos bancos de plaza donde asesoraba a inversionistas interesados en comprar acciones o bonos en el extranjero.
Dijo que por enfermedad se retiró de la actividad bancaria. Sin embargo, agregó, muchos clientes continuaron llamándola para pedirle consejos sobre inversiones en la bolsa.
Entre 1999 y 2000, la imputada expresó que empezó llevando clientes para la empresa corredora de bolsa y luego uno de los dueños de la firma le ofreció trabajo para que atendiera a los inversores.
“Yo cumplía el mismo horario que todos los trabajadores de la empresa corredora de bolsa” declaró la empleada.
Y agregó que atendía en la empresa a “todos los clientes de la firma”. “Conozco a todos los clientes denunciantes. Yo los atendía. Luego les abría una cuenta y les armaba una ficha. La mayoría de los clientes me veía en la oficina y yo les entregaba la documentación de la empresa luego que realizaban sus inversiones”, sostuvo.
Ante la pregunta del equipo del fiscal Rodríguez sobre si manejaba dinero de los clientes, la imputada lo negó. “Yo no hice nada contable. Los clientes hacían una transferencia de dinero para la empresa. Primero se utilizaron dos bancos y luego un cambio para efectivizar esas transferencias. Las cuentas de esos clientes las abría el dueño de la empresa corredora de bolsa”, señaló.
A través del cambio, explicó, ingresaban las transferencias -sobre todo de clientes argentinos- y luego se pagaban los dividendos.
Ese cambio, señaló la hoy imputada, “tiene toda la trazabilidad de las transferencias realizadas por los inversores a la empresa corredora de bolsa”.
En otro tramo de la declaración, la indagada relató cómo operaba la empresa investigada por la Fiscalía. Por ejemplo, dijo, un cliente pretendía invertir US$ 10.000 en bonos. “Yo recibía el dinero del cliente (en la empresa de corredores de bolsa investigada). Se le abría una cuenta y se le compraban los bonos”, dijo.
Fiscal: ¿A dónde iban a parar los US$ 10.000 del cliente?
Empleada: Quedaban en la caja de la empresa corredora de bolsa. Yo recibía el dinero del cliente y luego lo entregaba a la parte contable. Yo no hacía movimientos contables. Yo no movía efectivo. Yo no hacía transferencias. Todo el dinero que recibía lo entregaba al dueño de la empresa y al cambio que realizaba las transferencias
Fiscal: En la Fiscalía estamos evaluando que usted tenía una ejecutividad muy importante en la empresa en cuanto al manejo de dinero. No era una trabajadora cualquiera de la firma.
Empleada: Todos los movimientos de dinero que hice era para la empresa. Se dijo que yo no era una empleada, que iba una vez por mes. Si iba tan poco, ¿cómo podía atender una plataforma de inversión con más de 1.000 clientes? Todo lo que hacía era para la firma corredora de bolsa.
Otro caso con pérdidas millonarias de inversores
El 5 de julio de 2022 se destapó otro caso. Ese día unos 400 inversores de la Bolsa de Valores recibieron una noticia desalentadora.
El Banco Central del Uruguay (BCU) informó que el Directorio del organismo había decidido intervenir preventivamente con suspensión de actividades a las empresas Custodia de Valores Mobiliarios Corredor de Bolsa S.A. y a United Brokers S.A. Agente de Valores. Ambas compañías pertenecen a la empresaria Sara Goldring. El BCU había advertido irregularidades en el manejo de las inversiones. Las pérdida rondan los US$ 100 millones.
Según abogados de los damnificados, la empresaria comenzó primero con pérdidas, luego trató de recuperarlas mediante el apalancamiento y volvió a perder. Para realizar el apalancamiento, colocó como garantía inversiones de personas que no tenían perfil agresivo. Al volver sus inversiones a tener pérdidas, los bancos custodias de los apalancamientos se quedaron con las garantías. Esa es la hipótesis del abogado Nicolás Ghizzo sobre lo ocurrido. “Por eso consideramos que dispuso de dinero en forma indebida”, dijo.
El 4 de agosto de 2022, el BCU trasladó toda la información sobre Goldring a la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos, cuyo titular era el fiscal Enrique Rodríguez. A su vez, Ghizzo solicitó un embargo genérico contra Goldring, el cierre de fronteras para la empresaria y para uno de sus hijos.