POLÉMICA
Solicitó a los jueces de Familia que expliquen la idoneidad de la organización, que fue acusada de malos tratos y abuso del que son víctimas los usuarios.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez Brignani, les solicitó a los jueces de Familia Especializados -los que abordan causas de violencia doméstica y de género- que recopilen la información sobre idoneidad y servicios prestados por la ONG Proyecto Dominó. Esta organización fue denunciada el domingo en un informe periodístico de Santo y Seña (Canal 4), en el que se documenta -en base a testimonios y el uso de cámaras ocultas- situaciones de malos tratos y abuso del que son víctimas los usuarios del servicio.
Más del 80% de los denunciados en los 12 Juzgados de Familia Especializados de Montevideo son hombres. Para el tratamiento de esos varones violentos, los jueces tienen tres opciones de derivación. Una de ellas es el Proyecto Dominó. Y Pérez Brignani quiere conocer cuántos fueron enviados a esa ONG y bajo qué argumentos.
El informe periodístico de Santo y Seña denunció que el director del proyecto, quien ante algunos usuarios dice llamarse Zeus -el padre de los dioses en la mitología griega-, carece de la idoneidad para ser perito judicial: no está registrado y tampoco titulado de psicólogo.
“Tengo formación en terapia congnitivo-conductual, soy enfermero, soy periodista, locutor, soy grafólogo forense, soy auxiliar de registros médicos, soy sexólogo, orientador sexual formado en tres sociedades uruguayas…”, enumeró al ser entrevistado por la periodista Patricia Martín.
Zeus “ponía (la música) de The Final Countdown del grupo Europe y entraba como una bailarina”, se quejaba uno de los usuarios de la ONG. “Había uno de los facilitadores de él que le hacía una especie de reverencia”, y gritaba “amado Zeus”.
Otro de los usuarios entrevistados dijo que “Si lo mirás mal (a Zeus) te pone media hora o 40 minutos contra la pared”.
Al respecto, Zeus se defendió diciendo que el uso de la música, la ruptura de platos o bien las penitencias son parte del método “confrontativo” en el que sustenta la rehabilitación, y que le fue enseñado siguiendo lo que se aplica en un proyecto mexicano.
Si bien la Justicia no tiene un convenio firmado con este proyecto, es una de las opciones a las que recurren los jueces dada la carencia en la materia. Como ejemplo, ante las denuncias contra el legislador comunista Gerardo Núñez, fue intimado a concurrir al programa de la Intendencia de Montevideo, “Hombres que deciden dejar de ejercer violencia” o al Proyecto Dominó o a un servicio de atención médica, según estipuló la jueza letrada de familia especializada de quinto turno Karen Cuadrado.
En un comunicado, la SCJ dijo que “una vez recibida la información requerida, el máximo órgano de Justicia analizará la situación y decidirá las medidas que amerite la situación constatada”. En el informe periodístico, señaló la SCJ, “se aportaron elementos que podrían hacer presumir la existencia de serias irregularidades en el funcionamiento” de la ONG.
Ofensores: terapia que está en debe
Cuatro de cada diez denuncias que reciben alguno de los juzgados de Familia Especializados es por violencia física y psicológica (combinadas) dentro del hogar o hacia una expareja. Casi siempre comienza por una denuncia policial que luego deriva en un proceso judicial. En más de un 80% las víctimas son mujeres, y en más de un 80% los denunciados son hombres. Pero, ¿qué hacer con esos varones “violentos”? La Justicia dispone de tres opciones de derivación: los servicios de Inmujeres (que se tercerizan con ONG), otra organización que depende de la Intendencia de Montevideo o el denunciado proyecto Dominó.
Al respecto, la directora de Inmujeres, Mónica Bottero, dijo desconocer el criterio con que los jueces derivan a uno u otro servicio. “Le voy a pedir esa información al presidente de la Suprema Corte de Justicia”, dijo Bottero a El País.
Inmujeres tiene servicio de atención a varones ofensores en 15 departamentos.
Cuando comenzó la actual administración estaba en 12 y se priorizó la zona de la frontera seca con Brasil. Pero “todavía falta”, reconoce Bottero.
La Dirección de Monitoreo Electrónico, quien en la práctica controla el cumplimiento de las medidas que impone el juez, también había criticado la falta de atención a ofensores.