Un día como hoy -aunque en realidad fue por la noche- de hace exactamente cinco años se escapaba caminando de la Cárcel Central el mafioso italiano Rocco Morabito. Generó un escándalo que el sistema político suele recordar con frecuencia -en especial la coalición de gobierno-, sería luego uno de los principales temas de la campaña electoral de ese año y las autoridades de entonces y las que vinieron después se comprometieron a ir a fondo y lograr resultados lo más pronto posible.

Pero, como ya se repasará, nada de eso ha ocurrido, pese a que la Policía, según confirmaron a El País fuentes del caso, ya culminó hace tiempo la investigación. Todo lo que se concretó relacionado específicamente a esta causa fue la imputación de un ciudadano ruso, cómplice de la fuga.

Pasaron dos fiscales: Ricardo Lackner -que desde enero de 2023 está a cargo de la Unidad Especializada en Cibercriminalidad- y Silvia Porteiro, que es quien hoy lleva el caso.

Hubo varias sanciones administrativas que dispuso la cartera de seguridad meses atrás (ver recuadro), y declararon en calidad de indagados importantes jerarcas policiales de la época, como por ejemplo quien fue director nacional de la Policía del ministro Eduardo Bonomi, Mario Layera, o el director nacional de la Guardia Republicana de ese momento, Eduardo Clavijo, porque a raíz de este caso se abrió una segunda investigación que puso el ojo en ambos, ya que se conoció que Morabito -quien disfrutaba en su celda de trato más que preferencial- recibía en forma sistemática la visita del narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia -preso entonces en la sede de la Guardia Republicana-, sin la debida autorización judicial.

El escaso avance de la indagatoria ha sido motivo de críticas por parte del gobierno de Luis Lacalle Pou y el actual oficialismo, y es preocupación en la Fiscalía General de la Nación que hoy dirige Mónica Ferrero, según supo El País.

Foto: AFP.

En el Ministerio del Interior, que ya había mostrado su disconformidad cuando era liderado por Luis Alberto Heber -cuando comunicó las sanciones administrativas a los policías involucrados en agosto de 2022 dijo que no estaba dispuesto a “esperar más por la señora fiscal”-, se mantiene el pesimismo con el avance de la causa, indicaron allegados a Nicolás Martinelli, que se remitieron en este sentido a las declaraciones que hizo Lacalle Pou hace algunos días, acerca de la distinta velocidad que a criterio del oficialismo tienen las investigaciones de la Fiscalía.

Foto: Leonardo Mainé/El País

Era enero de 2020, y en una casa del balneario de Punta del Diablo estaban sentados quien iba a asumir en pocas semanas como ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y el entonces fiscal de Corte, Jorge Díaz. Los temas más importante conversados allí, que se repetirían en otros encuentros de los meses siguientes, fueron esta fuga y la dilatada extradición de González Valencia -que se concretaría meses más tarde.

Larrañaga estaba interesado en saber cuánto se había avanzado en ambos casos, para, en palabras de Luis Calabria -quien iba a ser el director general de Secretaría hasta mediados de 2021- “restablecer la respetabilidad y credibilidad internacional del país”.

La postura de Díaz era que estaba a disposición para resolver ambos problemas y que compartía la premura.

Larrañaga, según reconstruyó El País, tuvo además un encuentro con Díaz en el que participó Lackner, y allí, ya como ministro, se comprometió a brindar toda la información que pudiera aportar su cartera que no estuviera todavía en manos de la Fiscalía. Por eso envió una copia certificada de la investigación administrativa que había dispuesto Bonomi, y al despacho de Lackner llegaron “varias cajas” con la documentación. “La orden era mover cielo y tierra para atrapar a Morabito”, aseguró Calabria al recordar esos días.

El 13 de marzo de 2020, Díaz aseguró en una entrevista radial que -siempre basándose en lo que le informaba el fiscal Lackner- la investigación estaba “bastante avanzada” y que cuando saliera “a la luz muchos” se iban a “llevar muchas sorpresas”.

Morabito fue finalmente capturado el 24 de mayo siguiente, en el norte de Brasil, cuando la dirigencia nacionalista y el gobierno en pleno volvían desde Paysandú, en donde había sido enterrado el ministro del Interior.

Al otro día, en conferencia de prensa desde la sede de la cartera de seguridad, Lackner justificó la demora en resolver un caso que para ese momento todavía no llegaba a los dos años, por el hecho de haber priorizado la captura del mafioso. “Existió una definición de priorización”, fueron sus palabras, y agregó a continuación que las fiscalías de Delitos Económicos, como la suya, “reciben una multiplicidad de denuncias de materia muy diversa, y que a veces son urgentes pero no importantes y hay que atenderlas”.

“Lo que no queríamos -dijo el fiscal- era que por dar satisfacción a la comprensible ansiedad de la opinión pública de saber lo que había pasado con la fuga, pudiéramos perjudicar el objetivo central que es el cumplir en primer lugar con la recaptura, por la forma co-mo sucedió la fuga”.

Pero lo cierto es que a partir de allí lo único que le dejó a Porteiro fue un policía de la Guardia Republicana imputado con prisión, por una presunta vinculación con las irregularidades en los traslados del narco mexicano.

Un imputado que Porteiro sobreseyó en noviembre del año pasado. ¿Qué más hizo es-ta fiscal? Consultada al respecto por El País, Porteiro evitó hacer comentarios.