RECLAMOS POR MEDICAMENTOS

Los juiciospor acciones de amparo contra el Estado se incrementaron en forma notoria entre 2018 y 2021 en reclamo de procedimientos y medicamentos que no son cubiertos por el Plan Integral en Atención en Salud (PIAS) ni por el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM). Así lo señala un estudio realizado por el ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7° Turno, Edgardo Ettlin, al que tuvo acceso El País.

En 2021, las condenas judiciales por acciones de amparo generaron al Estado un gasto de $ 3.308.281.107, el equivalente al 0,133% del Producto Interno Bruto (PIB) y que implicó unos US$ 74.600.000.

Ettlin estimó que si a las 500 sentencias condenatorias de los tribunales de Apelaciones de 2021 se les suma los fallos no apelados y los suministros de fármacos acumulables de uno o más años anteriores, se podría pensar que unos 703 pacientes se han llevado el 0,133% del PIB en drogas, tratamientos o dispositivos terapéuticos de alto costo.

Entre 2018 y 2021, los medicamentos más solicitados fueron los oncológicos y respecto a los procedimientos o dispositivos terapéuticos, los endovasculares, reemplazos valvulares, implantes cocleares y ablaciones cardíacas.

Los datos para el informe fueron obtenidos por Ettlin mediante solicitudes de acceso a la información pública dirigidas al Ministerio de Salud Pública (MSP), al Fondo Nacional de Recursos (FNR), al Banco de Previsión social (BPS), al Poder Judicial y a la Clínica de Litigio Estratégico del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

Entre 2018 y 2021, los juicios contra el MSP pasaron de 331 a 953 generando un aumento de 288%, dice el informe elaborado por Ettlin que será publicado a fin de año en una revista especializada en derecho y jurisprudencia.

De acuerdo a datos del Fondo Nacional de Recursos, las demandas a ese organismo pasaron de 195 en 2018 a 987 en 2021, lo que significa un 506% de aumento.

Según Ettlin, el incremento de los juicios en estos años se dio tanto en las solicitudes de medicamentos como en procedimientos o dispositivos terapéuticos, pasando de 106 a 684 para los primeros -el aumento fue de 602%- y de 81 a 284 para los últimos -el incremento fue de 350%-. Esa suba de la cantidad de juicios impactó también en el trabajo de los tribunales de Apelaciones Civiles. En 2018, las sentencias de amparos en dichos tribunales, que tienen la decisión última sobre estos asuntos, fueron 194 y en 2021, 518. Ello representa un 267% de aumento, advierte Ettlin.

A nivel de los tribunales de Apelaciones de Familia, el porcentaje de dichas sentencias pasó de 1,91% a ser el 9,09% en igual período, según el documento.

Obviamente, ello generó un notorio incremento en el impacto de trabajo de los tribunales de Apelaciones Civiles y en los de Familia. “La idea es que a partir de este trabajo se pueda hacer un seguimiento de las acciones de los amparos otorgados por el Poder Judicial. Si una persona precisó un medicamento y se le fue otorgado, ver qué pasó después. Los tribunales no pueden hacer ese seguimiento porque están cargados de trabajo. Las autoridades administrativas sí podrían monitorear lo que ocurrió después con esos pacientes. No sabemos dónde estamos parados ni a dónde vamos”, dijo Ettlin a El País.

Hay dos corrientes en la Justicia uruguaya con respecto a otorgar o no acciones de amparo a pacientes con enfermedades complejas y que requieren tratamientos, dispositivos o medicamentos de alto costo para otorgarles una mejor sobrevida. No obstante, con el correr del tiempo se ha afirmado la posición protectora de los jueces hacia los demandantes enfermos.

Citando a la jurisprudencia nacional (el Poder Judicial), Ettlin afirma que de 400 sentencias decretadas por los tribunales de Apelaciones Civiles y de Familia entre 2020 y 2021 se concedieron 338 (84,50%) y se denegaron 62 (15,50%). En los mismos tribunales, en 2018 se hicieron lugar a 158% demandas de pacientes (77,45% de los casos presentados) y en 2021 las solicitudes amparadas fueron 500 (89,61%).

“Estos datos permiten confirmar que en Uruguay, la jurisprudencia (los fallos de la Justicia) en materia de amparo de salud es netamente tuitiva (proclive al paciente que presenta la demanda)”, dice Ettlin. Y agrega que entre 2018 a 2021 comenzó a perfilarse cierta línea entre los magistrados “propensa” a condenar solidariamente a varios organismos en forma conjunta. Por ejemplo, al Ministerio de Salud Pública y al Fondo Nacional de Recursos.

Ettlin insiste sobre que la tendencia protectora de los jueces no se encuentra, hasta el momento, medida en términos económicos y presupuestales. De todas formas, el ministro expresa que sostener el cumplimiento de las condenas judiciales para proveer medicamentos y procedimientos o dispositivos no incluidos en el Plan Integral en Atención en Salud y en el Formulario Terapéutico de Medicamentos podría suponer una alta erogación para el Estado.

Las condenas judiciales contra el MSP no se cubren con el Fondo Nacional e Salud (Fonasa) sino con el propio presupuesto de la cartera, que debe ser socorrido en ocasiones por Rentas Generales del Ministerio de Economía.

Para Ettlin, las condenas al Fondo Nacional de Recursos y al Banco de Previsión Social deben ser cubiertas por sus propios presupuestos. Sin embargo, advierte, éstos podrían llegar a requerir el auxilio del Estado.

Uno de los ejemplos manejados por el estudio son los gastos del BPS por amparos de medicamentos y tratamientos quirúrgicos. Estas erogaciones surgen del propio presupuesto de la institución por ser un ente autónomo. Los gastos del BPS por estas atenciones médicas pasaron de $ 2.261.000 en 2018 a $ 158.000.000 en 2021, multiplicándose la cifra por 71 veces.

¿Se justifica mantener las prestaciones de alto costo para pacientes que requieren tratamientos y dispositivos de alto costo?

En su informe, el ministro de Apelaciones en lo Penal de 7° Turno, Edgardo Ettlin, considera que sí. “Respondemos (esa cuestión) desde un punto de vista de valores que sí es procedente invertir en las prestaciones, dado que involucran derechos a la vida, a la salud, a la calidad de vida, y porque eventualmente favorecerían a algunas personas la recuperación de su actividad”, dice el ministro.

En la medida, agrega Ettlin, de que la ciencia, la recomendación de los médicos tratantes y el consejo pericial apoyen que pueden contribuir a mejorar el pronóstico vital y funcional de los pacientes, el Estado democrático “debería apoyar el esfuerzo que ello demande”.

Ettlin considera que, en el caso de fármacos, se mantendrá en tanto el paciente tenga la indicación médica, y en el caso de los procedimientos o dispositivos terapéuticos, la sentencia se agota en el cumplimiento por parte de las instituciones sanitarias. No obstante, señala el ministro, en Uruguay “no se monitoriza oficialmente” qué pasa con la situación de los pacientes luego de que los organismos estatales cumplieron con los fallos.