Desesperación. Con esa palabra definen varios de los familiares de los hinchas de Peñarol detenidos en Brasil el sentimiento que tuvieron al ver las noticias y enterarse de que parte de la parcialidad carbonera quedaba envuelta en conflictos con facciones de clubes locales y la Policía.

Vehículos prendidos fuego, peleas a puño, palazos, robos. Esa fue la imagen reproducida el 23 de octubre por todos los medios, pero hasta ese momento no tenían certezas sobre sus familiares. Lo que había comenzado como un viaje para ver el partido de ida entre Peñarol y Botafogo por la semifinal de la Copa Libertadores, terminó en una situación caótica.

Las versiones varían. Según la Policía de Brasil y algunos comerciantes, todo comenzó cuando un hincha carbonero fue detenido intentando robar una tienda, y que luego otros comenzaron a saquear en la zona del punto de encuentro, Praça do Pontal.

Los hinchas aurinegros señalan que los funcionarios policiales “liberaron el área”, permitiendo el ingreso de facciones de Botafogo, pero también de Flamengo, y que luego comenzaron a reprimirlos.

Sonó el pitazo que marcaba el final del partido y algunos ni siquiera consiguieron ingresar al estadio. Decenas de personas ya estaban siendo trasladadas hacia seccionales policiales, y otras fueron detenidas luego. Desde ese momento, algunos continúan sin salir del país.

Foto: AFP.

Los detenidos fueron más de 200, aunque en los primeros días ese número fue disminuyendo hasta llegar a 23. De esos, uno era menor de edad. Tras gestiones de los abogados Jorge Barrera y Rodrigo Rey, fueron recuperando la libertad en grupos.

“La elección de Brasil para liberar a los primeros detenidos fue azarosa”, aseguró Rey en diálogo con El País.

Uno de los principales inconvenientes para la defensa del caso, según señaló, es que hay varios expedientes abiertos, por lo que también son varios los jueces que intervienen. “Esto significa que tengan criterios diferentes”, explicó.

Otros dos hinchas volvieron a Uruguay. Uno de ellos, paciente oncológico, mientras que el otro era el único menor que todavía permanecía en Brasil.

El número de detenidos en el país norteño había bajado considerablemente y las gestiones comenzaron a enfocarse en sacar a los que estaban en prisión.

Se logró de a poco, hasta llegar a 19 personas cumpliendo con libertad a prueba y fijación de domicilio, y dos que continúan en la cárcel de Bangú.

Foto: AFP

El próximo martes será un día clave para Alexis, uno de los hinchas que continúa en prisión. Se discutirá en audiencia uno de los habeas corpus presentados por la defensa, que tiene el objetivo de obtener su libertad a prueba. Esperan que se repita el procedimiento con Ezequiel -el otro que continúa en prisión- en las próximas semanas. Si bien la intención es que todos sean repatriados “lo antes posible”, una de las urgencias está puesta en Felipe, un joven con una discapacidad que “lo hace inimputable”, según explicó Rey. “No puede hacer su vida en Brasil. Entre otras cosas se pierde los tratamientos y la fisioterapia”, dijo.

Barrera y Rey trabajan con dos abogados brasileños, y luego de la liberación de los últimos hinchas en prisión, pasarán a una etapa de desarrollar una “defensa de fondo”, pidiendo evidencias sobre su participación en presuntos hechos delictivos. Según supo El País, no descartan llegar a acuerdos.

Luego de recolectar firmas y de manifestarse en Torre Ejecutiva, familiares de los detenidos fueron recibidos por autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Se comunicó la posibilidad gestionada para concretar una videollamada con los dos que todavía continúan detenidos”, dijeron desde Cancillería a El País, que se concretó unos días después. También se les informó sobre la “asistencia consular” que implica visitas cuando estaban detenidos, asegurarse de que reciban un trato correcto, entregas de kits higiénicos, asistencia al equipo jurídico que trabaja allá, entre otras acciones”, señalaron.

Foto: Francisco Flores.

Los hinchas que continúan detenidos en Brasil se dividen en tres grupos. En primer lugar, los dos jóvenes que siguen en la cárcel de Bangú. Por otro lado se encuentra un grupo de 13 personas, que conviven en libertad a prueba, con tobilleras electrónicas para que la Justicia de Brasil pueda monitorearlos. Peñarol se hace cargo de los costos de este lugar, contó el abogado Rodrigo Rey a El País, aunque aseguró que “no están de paseo”. “Es para que tengan un techo, pero no son las mejores condiciones”, agregó. Por último, los restantes decidieron vivir en una casa separada, pero también están conviviendo a la espera de una resolución.