OTROS EXJERARCAS SERÁN TESTIGOS
Ocho exjerarcas de UTE y de Ancap declararán como indagados y como testigos ante la Justicia por supuestas irregularidades en la construcción de la regasificadora.
En este momento, en el juzgado especializado de Crimen Organizado hay cuatro denuncias penales sobre la regasificadora. El expediente, iniciado en 2013, tiene más de 1.500 hojas. En 11 días crecerá aún más.
A pedido del fiscal Luis Pacheco, la jueza especializada en Crimen Organizado, María Helena Mainard, resolvió el 24 de setiembre pasado la citación de ocho exjerarcas de Ancap y UTE en calidad de indagados o como testigos para audiencias que se realizarán entre el 21 y el 27 de este mes.
En calidad de indagados fueron citados el expresidente de Ancap Raúl Sendic, el expresidente de UTE Gonzalo Casaravilla, el exvicepresidente de esa empresa César Briozzo, y la expresidenta de Ancap y exgerente general de Gas Sayago, Marta Jara.
Al declarar como indagados, los cuatro jerarcas del gobierno frenteamplista deberán concurrir al juzgado asistidos por abogados.
Sendic será defendido por el penalista Gumer Pérez. Según supo El País, Jara solicitó un abogado de oficio y Casaravilla aún no presentó el nombre de su defensor. Tampoco se sabe si Briozzo ya designó a su asesor legal.
En calidad de testigos fueron citados los exdirectores blancos de UTE Enrique Antía -hoy intendente de Maldonado- y Luis Pereyra, y el exdirector colorado José Amy. En calidad de testigo también declarará el exdirector nacional de Energía del gobierno anterior, Ramón Méndez.
Mainard y Pacheco preguntarán a indagados y a testigos los pormenores de un negocio millonario fallido.
Como la denuncia de Salle data de 2013, la investigación de las supuestas irregularidades en la construcción de la regasificadora se rige por el sistema acusatorio del viejo Código de Proceso Penal, donde es el juez y no el fiscal quien dirige la investigación.
"Errores en las cuentas".
El 20 de junio de 2020, ya en el actual período de gobierno, el directorio de UTE resolvió la contratación de la consultora Pricewaterhouse-Coopers (PwC) para que realizara una auditoría sobre la gestión de Gas Sayago. El objetivo era registrar todos los gastos contables de Gas Sayago desde su creación en 2010.
La auditoría de PwC señaló que la obra de la regasificadora generó pérdidas para el erario público de US$ 213 millones. Y detectó gastos elevados en tarjetas corporativas, en gimnasia y masajes, viajes, hoteles y en alimentación, entre otros.
El informe realizado por PwC respecto del proyecto de la regasificadora señala la existencia de hechos que “vulneran diversas normas jurídico penales” tuteladas en el capítulo “Delitos contra la Administración Pública” del Código Penal. Uno de ellos es el abuso de funciones.
Una opinión muy distinta sobre las políticas energéticas del gobierno anterior manifestó el exdirector de Energía. Méndez dijo a El País que gobiernos frentistas invirtieron US$ 6.000 millones para transformar la matriz energética del país. “Eso le genera un ahorro de US$ 500 millones por año a Uruguay”, dijo el exjerarca.
Méndez rechazó el discurso del oficialismo al señalar que “no hubo pérdidas” en Gas Sayago. “Hay que hacer bien las cuentas. Hubo gastos e inversiones. Pero las pérdidas fueron de una empresa privada (el consorcio GNLS y Marubeni). El Estado uruguayo no pagó esas pérdidas”, dijo.
Y agregó: “Pero (el actual oficialismo) solo pone en las cuentas los gastos de Gas Sayago. No toma en cuenta los US$ 100 millones que entregó GNLS para retirarse de la obra”.
El abogado penalista Gumer Pérez, asesor legal de Sendic, recordó que el hoy oficialismo denuncia la obra de la regasificadora cuando en el pasado apoyó esa iniciativa. “Se busca sacar un rédito político”, dijo.
Al ser consultada por El País sobre su citación, Marta Jara respondió que no tenía nada para decir.
Las denuncias.
En 2013, el abogado Gustavo Salle, hoy jubilado, presentó una denuncia penal en el juzgado de Crimen Organizado solicitando que se investigara la supuesta “estafa” incurrida por el gobierno de José Mujica (Frente Amplio).
Seis años más tarde, dicho juzgado recibió el aporte de las conclusiones de la primera comisión parlamentaria que se conformó para analizar las pérdidas millonarias que ya se habían registrado en 2016, un año después de paralizadas las obras en Puntas de Sayago. Esa fue la segunda denuncia.
El 9 de julio de este año, la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, y el abogado penalista Jorge Barrera presentaron la tercera denuncia penal por supuestas irregularidades en Gas Sayago. A la salida del juzgado, Barrera afirmó que en el proyecto de regasificadora hubo un “perjuicio económico grave” para el Estado con fondos públicos por la “sucesión de actos arbitrarios” que se pudieron haber interrumpido en el proceso de la obra. Y agregó que la auditoría sobre los gastos e inversiones de Gas Sayago encargada a PwC encontró “hechos con apariencia delictiva”.
“Sumado el perjuicio económico, la sucesión de actos arbitrarios y los hechos de apariencia delictiva, por imperio del artículo 177 del Código Penal, la UTE tenía la obligación de realizar la denuncia penal porque si no incurría en omisión”, afirmó Barrera.
El 16 de julio de este año, el vicepresidente de Ancap, Diego Durand, concurrió al juzgado especializado en Crimen Organizado a entregar un escrito sobre eventuales irregularidades en la administración de fondos en Gas Sayago. Se trató de la cuarta denuncia sobre la regasificadora. “Entregamos a la Justicia algunas facturas que demuestran hechos arbitrarios y perjuicios a la administración pública”, insistió Durand en referencia a facturas de las entradas para ver el partido de Uruguay-Perú. Fueron utilizadas por personal de Gas Sayago.
Los cuatro escapes no utilizados.
La denuncia penal de UTE, elaborada por el abogado Jorge Barrera, afirma que existieron cuatro oportunidades para que el gobierno de José Mujica no comenzara con el proyecto de la regasificadora o, luego de los sucesivos fracasos, discontinuarlo y ponerle fin.
Primera salida. Una de las oportunidades para interrumpir cualquier avance y gasto fue cuando en 2012 Argentina decidió desvincularse del proyecto.
Segunda salida. Otra ocasión para discontinuar la iniciativa ocurrió en 2015, cuando Gas Sayago ejecutó la garantía de US$ 100 millones del Consorcio Gas Nacional Licuado del Sur (GNLS) por incumplimientos en la obra de la regasificadora.
Tercera salida. En 2016, el consorcio SDC de Brasil y SDC Waterway informaron que no podían continuar los trabajos de dragado. Gas Sayago rescindió también por incumplimiento el contrato con la empresa brasileña OAS por la obra del gasoducto.
Cuarta salida. En 2017, Gas Sayago firmó un memorando con Shell para dar comienzo a un período de negociación de seis meses. Las tratativas no llegaron a buen puerto. UTE y Ancap decidieron la liquidación de Gas Sayago. Producto del proceso de la liquidación, Gas Sayago enfrenta demandas en trámite por US$ 37 millones, de las cuales se han provisionado US$ 13 millones.
Los citados como indagados.
Siguió la línea de su antecesor en Ancap, Daniel Martínez. Junto con otros jerarcas del gobierno de Mujica, impulsó el acuerdo con Argentina.
La auditoría de Ancap le atribuye responsabilidad en los gastos de la fallida empresa. Presentó una demanda laboral al Estado.
Negó que las pérdidas alcanzaran los US$ 213 millones como sostiene una auditoría. Dijo que estas serían de US$ 20 millones a US$ 48 millones.
También fue presidente de Gas Sayago. En 2015 negoció con el Sunca el pago de compensaciones parciales a 200 obreros despedidos por OAS.
Los citados como testigos.
En 2019, cuando UTE votó el retorno de Jara a Gas Sayago, Amy votó en forma positiva y quedó en minoría. Los directores frentistas se opusieron.
“A los auditores (de Gas Sayago) les hacen decir lo que el oficialismo quieren que digan. Hay que esperar lo que determine la Justicia”.
Fue uno de los primeros en alertar que Gas Sayago era un mal negocio. Se quejaba de que Ancap no aportaba el mismo capital que UTE.
Mantenía un perfil más bajo que Enrique Antía. Se opuso con dureza a las destituciones de gerentes hechas por el Frente Amplio en 2015.
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