La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2^o Turno pidió el desafuero del senador frenteamplista Charles Carrera por entender que le otorgó beneficios irregulares a Víctor Hernández, quien quedó parapléjico en un incidente no aclarado en La Paloma. Fue una situación "anómala, indebida e irregular", sostiene el escrito al que accedió El País.

La Fiscalía lo que pretende es "obtener el desafuero del Senador Charles Daniel Carrera Leal a fin de proceder a solicitar su formalización por el delito de abuso innominado de funciones en casos no previstos por la ley".

Así, sostuvieron que la atención de Hernández en el Hospital Policial se extendió entre el año 2013 y el año 2017 y generó un costo de $ 5.214.668.

Esto incluye, "atención médica, psicológica y tratamiento de rehabilitación", ocupación de salas y la alimentación de los días que estuvo internado.

El procedimiento tiene un marco legal y reglamentario, por lo que la entrega de dichos tickets de alimentación a Víctor Hernández fue, establece el documento, un claro desvío de los dineros públicos ordenada por Carrera quien firmó las órdenes de pago a Tesorería.

A su vez, se le dio dinero en tickets alimentación —también de forma irregular— a la madre de Víctor Hernández. En total, fueron $ 20.000.

El dinero entregado de forma irregular a la familia Hernández, calcula la Fiscalía, fue de US$ 260.000.

De las normas, expone Fiscalía, se desprende que solo pueden asistirse en el Hospital Policial los policías en actividad, retirados o pensionistas, aquellos que tengan un vínculo "funcional o previsional" con ellos o sean hijos, cónyuges, concubinos o padres a cargo del policía titular.

"No existe ninguna norma legal o reglamentaria que habilite a incluir como usuario a quien no encuadra en esos requisitos", se indica.

"Emerge con total claridad que la internación de Víctor Hernández en el Hospital Policial es arbitraria e inmotivada, ya que no era funcionario policial, ni familiar de policía, ni ingresa en las categorías lógicas de autorizaciones especiales", advierte el dictamen de la fiscal Silvia Porteiro.

Y continuó: "De hecho, si la intención era brindar una autorización especial, se saltearon y omitieron todos lo requisitos mínimos que justificarían su ingreso, el que se realizó sin una resolución fundada, sin un plan médico de intervención y sin descartar fundadamente los otros mecanismos de asistencia que podría brindar el Estado. Ni siquiera hay una explicación plausible que fundamente años de internación sin que surgieran elementos agudos de gravedad que la requirieran".

Aunque inicialmente, valoró Porteiro, podría pensarse que lo ocurrido solo es pasible de un reproche administrativo, luego constituyen un delito penal. "Las razones 'humanitarias' que puedan alegarse, por más loables que sean, no son justificativo para eludir el marco regulatorio y de restricciones en sus decisiones con las que cuentan los gobernantes", dijo sobre las explicaciones de Carrera y agregó: "Hubo una finalidad de favorecimiento económico, con el consiguiente perjuicio para el Estado".

Carrera "se extralimitó ostensiblemente en sus deberes, ya que, prevaleciéndose de su cargo, a través de actos arbitrarios que llevó a cabo durante años (desde 2012 a 2016), perjudicó a la Administración, con el fin de favorecimiento económico a particulares".