La fiscal Sabrina Flores pidió el sobreseimiento a de Stéfano Di Conza y Gustavo Piegas, excónsules uruguayos en Rusia. Ellos se desempeñaban en el consulado cuando se llevaba adelante una maniobra para expedir pasaportes uruguayos para ciudadanos rusos. De este esquema delictivo participó Alejandro Astesiano.

Según reconstruyó El País, quedó demostrado en una pericia caligráfica que los documentos que presumiblemente los cónsules habían firmado tenían, en realidad, falisificadas sus rúbricas. También pudieron probar que cuando se realizaron la mayoría de los trámites ellos no estaban en Moscú.

La Fiscalía concluyó que ni Di Conza ni Piegas estaban al tanto de lo que estaba sucediendo. El rol de los cónsules —entre otras cosas— se limitaba a validar partidas de nacimiento que luego resultaron ser apócrifas. Pero la defensa de ellos se centró en explicar que ninguno conocía el idioma ruso y las validaciones las hacían con auxilio del personal local.

Así, todos las miradas viraron hacia Victoria Rodríguez, una contratada local de origen ruso español que era la encargada de controlar la traducción de las partidas de nacimiento. Cancillería la contactó varias veces para que se presentara a la investigación administrativa, sin éxito.

Ambos cónsules habían sido a imputados a pedido de la exfiscal Gabriela Fossati quien insistía —en base a un artículo de la ley que regula la expedición de pasaportes comunes— en que eran los funcionarios consulares los responsables de la tramitación de los pasaportes en el exterior. Por esta causa, Di Conza llegó a estar preso preventivamente durante seis meses.

Tras dos años de investigación (en el caso de Di Conza) y un año y medio (en el caso de Piegas), la fiscal Sabrina Flores concluyó que no había la evidencia suficiente para demostrar la culpabilidad de los cónsules en la maniobra y llevar el caso a juicio, por lo que le pidió al juez Alejandro Asteggiante su sobreseimiento definitivo.