INVESTIGACIÓN

El 19 de febrero de este año, la contadora Maya Cikurel y su pareja, el hoy ministro de Educación, Pablo da Silveira, realizaban los trámites de Migraciones en Colonia para viajar a Buenos Aires.

Cikurel, quien es pareja desde hace unos siete meses de Da Silveira, quedó detenida por una alerta roja de Interpol a pedido de la Fiscalía Anticorrupción de Panamá. La orden de captura fue emitida a principios de 2019. La Justicia de Panamá acusa a Cikurel de un supuesto delito de lavado de activos y la vincula con cinco sociedades anónimas utilizadas por la constructora brasileña Odebrecht para pagar sobornos a dirigentes políticos a cambio de obras públicas.

El 20 de febrero pasado, la jueza especializada en Crimen Organizado, María Helena Mainard, hizo lugar al pedido del fiscal Ricardo Lackner y le dictó prisión domiciliaria por 60 días, así como el cierre de fronteras y la entrega de su pasaporte.

Una fuente del caso reveló a El País que ya llegó a Uruguay el pedido de extradición de Cikurel solicitado por la Fiscalía Anticorrupción de Panamá, aunque no pudo precisar si ésta se encontraba en la embajada panameña o si ya había ingresado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay.

El abogado penalista González Fernández, defensor de Cikurel, todavía no tuvo acceso al expediente ni conoce los argumentos de la Fiscalía de Panamá para solicitar la extradición.

Es posible que el expediente recién pueda ser analizado por un juez uruguayo dentro de 15 días, luego de que finalice la feria sanitaria dispuesta por la Suprema Corte de Justicia y la Semana Santa.

Fernández transmitió en una audiencia realizada en la Justicia de Crimen Organizado que Cikurel no tiene vinculación con las empresas mencionadas por la Fiscalía panameña y agregó que esas sociedades ni siquiera son uruguayas. “Mi cliente no integró los directorios de esas empresas”, expresó.

En ningún momento Cikurel fue citada a declarar por la Fiscalía Anticorrupción de Panamá. Un abogado panameño, que defiende a Cikurel, tuvo acceso a dos legajos del expediente y no figura el nombre de Cikurel en ellos, dijo la fuente.

Panamá también enfrenta la pandemia generada por el COVID-19. Hasta ayer 24 personas habían perecido por el coronavirus y 989 eran los casos confirmados de la enfermedad, según la agencia de noticias EFE.

El 18 de marzo, Panamá decretó un toque de queda nocturno para tratar de frenar la propagación del coronavirus en la nación de 4,1 millones de habitantes. Sin embargo, ante el rápido avance del brote impuso una cuarentena a mediados de la semana pasada.

Según la fuente, la Fiscalía envió el pedido de extradición a Uruguay para que no vencieran los plazos y luego se decretó el cierre de las fiscalías y de la Justicia en el país caribeño.