Redacción El País.
En 24 horas, el exintendente Guillermo Besozzi pasó de ser un ciudadano que ni siquiera había sido citado a la Fiscalía a declarar, a estar imputado por siete delitos y a estar obligado a cumplir un arresto domiciliario. En la mañana del jueves 12 de marzo fue detenido en su casa y en la noche del mismo día se determinó que debía portar una tobillera y pasar 180 días sin salir de su domicilio. ¿Cómo se tomó esta decisión?

Las investigaciones penales las dirige el fiscal, pero son pocas las medidas que pueden tomar sin el beneplácito de un juez. En este caso, tanto la imputación de los delitos de corrupción pública a Besozzi como la decisión de mantenerlo en domiciliaria fueron solicitados por la fiscal Stella Alciaturi pero fueron dispuestos por la jueza Ximena Menchaca.

Menchaca no tenía la obligación de acceder a todos los pedidos de la Fiscalía, sino que coincidió con ellos y por eso los dispuso. En el caso de la imputación de los delitos, podría haberse inclinado por la posición de Alciaturi —que pretendió adjudicarle primariamente siete delitos— o por la de los abogados del exintendente, Nelson Rosa y Pablo Vera. Ellos presentaron sus argumentos por los que pensaban que no debía ser imputado.

Sin embargo, Menchaca dispuso la imputación como la solicitó la Fiscalía. Así es como ocurre en la amplia mayoría de los casos —datos del año 2020 mostraban que cerca del 99% de las solicitudes de imputación eran aceptadas por los jueces— puesto que la imputación significa el comienzo de la investigación penal de manera formal.

Esta decisión de la jueza fue apelada por los abogados de Besozzi y ahora será un Tribunal de Apelaciones el que deba determinar si confirma la decisión inicial o la revoca.

Luego se pasó al debate sobre las medidas cautelares. En este caso la jueza Menchaca también aceptó la solicitud de la Fiscalía de que fuera a arresto domiciliario total mientras continúa la investigación. Pero a diferencia de lo ocurrido en la formalización, no tenía demasiado margen de maniobra para decidir otra cosa.

Esto se debe a que la defensa de Besozzi no se opuso al planteo fiscal, lo aceptó. Eso restringe la posibilidad de la jueza de tomar otra decisión. Según reconstruyó El País, la determinación de la medida cautelar fue una de las cosas que conversaron la Fiscalía y la defensa de Besozzi antes de la audiencia.

Los imputados, constitucionalmente, tienen derecho a esperar su juicio en libertad. Pero se disponen medidas cautelares —como en el caso de Besozzi— cuando se estima que su libertad puede dañar la investigación o a posibles víctimas. Cuando un juez decide sobre este punto, se tienen en cuenta varios elementos, entre ellos: si la persona tiene arraigo en el país (a qué tanto renuncia si decide fugarse), si es primario, si ya intentó frustrar el proceso antes y si está en condiciones de ir a la cárcel.

En el caso de Besozzi, la fiscal indicó que su permanencia en libertad podría entorpecer la causa, pero que este riesgo se vería mitigado si se disponía su arresto domiciliario.