Redacción El País
La Suprema Corte de Justicia confirmó la condena con prisión del expolicía Alejandro Ferreira, por torturas cometidas durante la dictadura en “Los Vagones”, en los años 1975 y 1976.
Ferreira se desempeñaba como agente de 2ª en la Dirección de Investigaciones de Policía de Canelones, en la que tuvo participación activa. El expolicía cumplió funciones en los vagones de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) entre el 19 de julio de 1974 y el 28 de julio de 1976.
La sentencia indica que declararon por esta causa 17 víctimas, que en su mayoría reconocieron al acusado “como integrante del equipo represor, participando en los interrogatorios y apremios físicos”. Estas 17 personas, que fueron defendidas por el abogado Pablo Chargoñia, eran sometidas a interrogatorios para que admitieran su vinculación con el Partido Comunista, la Unión de Jóvenes Comunistas y la Convención Nacional de Trabajadores.
Ahora se deberá evaluar el estado de salud de Ferreira, para establecer si es compatible con el ingreso al establecimiento carcelario de Canelones (Unidad número 7). El condenado esperaba la sentencia definitiva cumpliendo prisión domiciliaria.
El comisario Hugo Guillén era quien estaba encargado en esa Dirección de los procedimientos “antisubversivos”. Ferreira participó en “la detención de personas (entre ellas los denunciantes) por lo general que tenían –o las autoridades de turno sospechaban que sí- alguna vinculación directa o lateral con instituciones proscriptas por el régimen, las que eran conducidas” a “Los Vagones”. En ese lugar, "permanecían largos períodos que iban desde algunos días a meses hasta que eran puestos a disposición de la Justicia Militar para su enjuiciamiento y posterior condena imponiéndoles graves penas”, señala la sentencia judicial del caso, a la que accedió El País.
Las víctimas eran “interrogadas mediante apremios físicos y psicológicos” que pusieron en peligro su vida. “Allí permanecían largos períodos que iban desde algunos días a meses hasta que eran puestos a disposición de la Justicia Militar para su enjuiciamiento y posterior condena imponiéndoles graves penas”, dice el texto.