El primer capítulo de la Operación Océano comenzó en Maldonado. Una modelo y una menor de edad se citaron con un empresario conocido como “el Paraguayo”. Luego los tres fueron a un restaurante. Posteriormente, concurrieron a un hotel. Lo que viene después parece sacado de una película de Hollywood: el empresario que, en realidad es uruguayo y tiene negocios en Paraguay, comenzó a tener relaciones sexuales con la entonces adolescente, mientras la modelo los filmaba desde el baño con un celular.

Cuando el empresario percibió lo que ocurría, se suscitó una discusión. Poco después, las tres personas salieron del hotel en un auto en dirección a la casa de una de las jóvenes. En el camino, las dos chicas pidieron que el hombre detuviera el vehículo cuando observaron a un patrullero en una esquina. “El Paraguayo” así lo hizo y las dos mujeres denunciaron a los policías que éste había abusado sexualmente de ellas.

Sin embargo, en la comisaría, la modelo confesó que filmó al empresario con intenciones de extorsionarlo. La otra chica mantuvo el relato de que había sido abusada. Al analizar los teléfonos celulares de los tres involucrados, los policías fernandinos detectaron que no estaban ante un simple caso de extorsión o de abuso sexual sino que era algo más complejo: posible explotación sexual de menores. Los policías enviaron los celulares a Montevideo y la entonces fiscal de Delitos Sexuales, Sabrina Flores, comenzó la investigación.

La muerte de una de las chicas que aparecía en uno de los celulares incautados, aceleró la indagatoria.

Luego Flores fue sustituida por la fiscal Darviña Viera, quien debió leer el expediente durante un fin de semana antes de pedir a la Justicia las primeras detenciones el 11 de mayo de 2019. Y así se dio inicio a la Operación Océano.

En pocos meses, la investigación se transformó en el mayor caso de delito sexual de la historia del país con el desfile de imputados por el Juzgado.

El caso no estuvo exento de polémicas: fueron cambiados cuatro jueces y tres fiscales. Además, los defensores solicitaron la nulidad de la investigación argumentando que la Fiscalía les ocultó información de uno de los celulares de la principal víctima.

La última medida adoptada por 11 defensas de imputados fue presentar ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad que podría generar la nulidad de la causa.

En el escrito, de 53 páginas, los defensores argumentaron que la defensa de la víctima tiene la posibilidad de presentar nuevas pruebas luego de la acusación fiscal “coadyuvando” con ésta. Y agregaron que los defensores no tienen esta opción ni la potestad de control, lo que genera la violación de los principios del debido proceso y de igualdad de las partes.

La Suprema Corte de Justicia desestimó ayer la acción de inconstitucionalidad presentada por los abogados penalistas alegando que no existe una violación del principio de igualdad en la causa. El documento, que fue elaborado por la novel presidenta de la Corporación, Doris Morales, y firmado por el resto de los ministros, dice que el abogado de la víctima no es una parte del proceso sino que es la del tercero coadyuvante. Es decir, colabora con la teoría del caso de la fiscal.

“No hay riesgo realmente de que la defensa de la víctima pueda ofrecer prueba que complemente y/o contradiga la ofrecida por la Fiscalía, ni tampoco podrá subsanar omisiones en las que la parte acusadora haya incurrido”, señala el documento de la Corte al que tuvo acceso El País.

El pronunciamiento de la Corporación ahonda en este punto al señalar que, desde la parte acusadora, solo existirá una teoría del caso, que será desarrollada por la Fiscalía, con la que podrá coadyuvar la defensa de la víctima.

A su vez -señala el escrito- esa teoría del caso será conocida por los abogados de los imputados, quienes desplegarán su propia teoría del caso al contestar la acusación.

En otro tramo del fallo, la Corte dice que el artículo 268.4 del Código de Proceso Penal establece que el juez adoptará las medidas pertinentes para garantizar el control de las pruebas presentadas por la Fiscalía, por lo cual podría, a pedido de la defensa, postergar la audiencia. Y agrega que, en caso de no estar de acuerdo, la defensa tiene garantizado la aplicación del principio de contradicción puesto que podrá analizar la prueba de la Fiscalía y tendrá la oportunidad, durante el juicio, de solicitar su exclusión o no.