El País Redacción
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) suspendió por irregularidades a la jueza Florencia Sorrondeguy Ferreira por el plazo de 180 días sin goce de sueldo. La magistrada actuó en la denuncia realizada por Natalia Lagos, contra quien a la postre se transformó en su femicida, Óscar Ferradans. A su vez, el máximo órgano de la Justicia uruguaya suspendió por 60 días a la jueza Claudia Valetti.

El objeto del sumario a las magistradas fue delimitado en el estudio de las “eventuales irregularidades o apartamientos a normas legales y reglamentarias aplicables en el proceso a estudio, idoneidad de la medida de protección adoptada en su intervención, adecuación de sus decisiones ante los hechos de violencia denunciados y, en definitiva, no convocar a la audiencia de rigor prevista por el art. 61 literal B de la ley No 19.580”, señala la resolución a la cual accedió El País.

Aunque Sorrondeguy dictó medidas cautelares de no acercamiento durante 180 días, tomó la resolución telefónicamente y no convocó a una audiencia judicial para escuchar a la denunciante.

La magistrada alegó que su alta carga laboral le impidió convocar la audiencia de marras, pero la Corte consideró que esa justificación no es válida. Además, el documento aclara que no se realizó un informe de valoración tras la denuncia.

Con respecto a la segunda magistrada, se señala que “luego del seguimiento efectuado por el personal policial, el expediente judicial quedó paralizado, estacionado, a resultas no sabemos de qué. Los días 29 y 30 de julio y 1° de agosto de 2023, que siguieron al informe policial, la actuación judicial fue, a todas luces, nula. Con lo cual, no puede perderse de vista que la doctora Valetti tuvo diversas instancias para subsanar los errores ajenos que impactaban en el quehacer judicial de su sede, encontrándose ya como titular”.

El fiscal del caso, Ignacio Montedeocar, pidió 30 años de cárcel para el imputado (un expolicía y ex pareja de la víctima) junto con 15 años de medidas eliminativas. En tanto, la familia de Lagos reclama al Estado US$ 500.000 por irregularidades en un proceso que —entienden— podría haber evitado la muerte de la joven.