Redacción El País
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) falló a favor de la Intendencia de Maldonado y no dio lugar a la solicitud de suspensión de la demolición de casas en la zona costera de Punta Colorada. Esta fue la respuesta del organismo a una demanda que había realizado en 2022 una de las familias propietarias de las viviendas en cuestión.

En la sentencia, que fue dada a conocer por la Intendencia de Maldonado, se señala que las viviendas, cuya demolición se intima, “son de utilización temporaria, dado que los comparecientes tienen sus domicilios reales en Montevideo y Punta del Este, así como tampoco se pudo acreditar el valor histórico de las construcciones”, no aportando pruebas en ese sentido.

“Entre el interés particular invocado y el interés general de toda la población de preservación del medio ambiente, debe este priorizarse”, dice el texto.

La sentencia del TCA expresa que no se acreditaron “daños graves” que pueda causar la suspensión de la demolición de las casas y “no hace lugar a la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado”.

Tal como informara El País, la semana pasada el juez Federico Rodríguez desestimó una acción de amparo que presentó una familia en contra de la demolición de las casas del balneario.

En la resolución judicial, a la que accedió El País, se dispuso el archivo del caso, aunque si la parte demandante decide apelar la decisión se podría ir a segunda instancia. El texto señala que “no sería preceptivo el proceso judicial de demolición y la intendencia se encontraría legalmente habilitada a ejecutar la medida”.

La idea, después de la demolición, es que “quede como un paseo” y se libere “la zona de playa”. “Hay todo un proyecto de desarrollo para Punta Colorada”, aseguró el pasado jueves el intendente fernandino Enrique Antía.

En defensa de los moradores están los abogados Marcelo Güinle y Hugo Costa, que presentaron una demanda en el ámbito civil solicitando que quede sin efecto la demolición que estaba prevista para el pasado viernes.

En paralelo los abogados del estudio Donnángelo, Durán, Sasson presentaron una denuncia penal contra el intendente de Maldonado y otros jerarcas de la comuna en representación de los hermanos (moradores de las viviendas), por "abuso de funciones".