Se trató de una de las audiencias más violentas desde que se instauró el nuevo Código de Proceso Penal (CPP) en 2017. El 24 de julio pasado se discutió en el Juzgado Penal el reexamen del archivo de un caso de abuso sexual cometido contra una joven. Los denunciados son su abuelo y un tío, ambos miembros de una adinerada familia turca.

Al finalizar la audiencia, el abogado Pablo Barreiro -que defiende a los acusados- se dirigió hacia su colega Diego Camaño y le increpó por “presiones” contra la fiscal del caso, Alicia Ghione, ante el fiscal de Corte adjunto, Juan Gómez. “No te perdono que hayas ido a hablar con Juan Gómez”, le dijo Barreiro.

Camaño -que defiende al padre de la víctima- se quedó sentando en su asiento. El socio de Camaño, Rodrigo Martínez, trató de defenderlo procurando dialogar con Barreiro.

En el intercambio, el padre de la víctima, airado, respondió a Barreiro y surgió una discusión de elevado tono. La Policía irrumpió en la sala de la audiencia y se llevó al padre.

Toda esa situación no quedó grabada en el sistema Audire del Poder Judicial.

Minutos antes, la jueza del caso, Blanca Rieiro decretó la revisión del caso de abuso sexual de la joven por otra Fiscalía. Y enseguida advirtió con tono cansado: “Hay algunos profesionales que están perdiendo el decoro. Este caso es lamentable; una aberración. Se manejó acá denuncias y dinero. Aquí no se ha actuado con lealtad profesional y probidad”, dijo la magistrada. Enseguida agregó: “Acá se trajo a colación temas económicos que ponen un manto de dudas en la Justicia y en esta audiencia que es intolerable”.

Rieiro insistió sobre que en otra audiencia reciente también observó actitudes violentas por parte de abogados. Por ello, señaló, “se debe tener presente en las audiencias el Código de Ética del Colegio de Abogados. Debe ser obligatorio para todos”.

La magistrada aludió de esa forma a las acusaciones de eventuales “coimas” manejadas por los abogados de las partes y en las redes sociales.

En la audiencia, la fiscal Ghione y su adscripta, María José Brisco, rechazaron haber recibido dinero a cambio de archivar el caso.

En el comienzo de la sesión, Camaño señaló que se iba a oponer a la presencia en la audiencia de “la hija de uno de los abusadores” y de su madre, ya que ambas serán testigos en un probable juicio. “Acá se va a ventilar información de muchos temas que un testigo no puede escuchar”, insistió Camaño citando normativas.

También señaló que en la audiencia no deberían estar presente las defensas de los imputados. Y agregó que el caso está en una etapa de reexamen después que la fiscal Ghione lo archivó.

Los abogados defensores de los dos imputados, Laura Robatto, Homero Guerrero y Barreiro, defendieron la presencia de los testigos en la sede. Molesta por el planteo, Robatto señaló: “Me llama poderosamente la atención, que los abogados estamos un día de un lado (denunciando) y otro día de otro (defendiendo) y la otra parte se oponga a que estemos nosotros. Fuimos notificados por la Justicia”, dijo Robatto. Y agregó: “Si hay alguien que ha hablado de esto (se refiere a dinero) fue la defensa de la víctima (Camaño y Martínez). Nos ha tratado de coimeros, que hemos movido influencias, que una plata entró por un lado y salió por otro”.

Rieiro debió intervenir para encauzar la audiencia. Debió hacerlo no menos de 10 veces.

Camaño solicitó a la magistrada que haga lugar al reexamen del caso por otro fiscal. “No hubo una investigación exhaustiva de la Fiscalía”. Y agregó: “La víctima comenzó a recordar (los abusos) en 2020. Pueden tener sus recuerdos algunas variaciones. Y en la propia pericia del Instituto Técnico Forense (ITF) ella mantiene su narración. Y también hicimos analizar el relato de la víctima por una perita internacional que reafirma los indicadores de abuso sexual. La experta sostiene, además, que los hechos tienen consistencia”, sostuvo Camaño.

En alusión al dictamen fiscal de archivo, Camaño dijo: “No puedo refutar ese escrito de 40 páginas que está plagada de mentiras. Como también está plagada de mentiras las declaraciones de los dos imputados para establecer que detrás de la denuncia había un motivo económico”.

A partir de ahí el tono de la audiencia entró en ebullición.

La fiscal Brisco dijo que no iba a dejar pasar la alusión sobre corrupción y luego señaló que se dictaminó el archivo de la causa después de dos años de investigación.

Brisco y Ghione no se opusieron a un reexamen del caso; incluso, reconocieron que la víctima pudo haber sido abusada sexualmente pero agregaron que no quedó claro quién fue o fueron los autores.

Y concluyeron que “no había elementos suficientes” para pedir la formalización de los dos denunciados y ante la duda razonable, se archivó el caso.