Por Eduardo Barreneche
Ocho móviles del Departamento de Delitos Financieros de Crimen Organizado e Interpol llegaron al mediodía de ayer a la sede de la Fiscalía de Atlántida con ocho detenidos acusados de usurpaciones de terrenos.

Entre los detenidos se encontraban dos escribanas -una de ellas funcionaria de la Intendencia de Canelones- y un abogado que decidió representarse a sí mismo, un hecho inusual en las sedes judiciales. Los otros cinco detenidos eran personas que integraban la banda que vendía los terrenos.

El negocio era de tal magnitud que, desde 2019 hasta la fecha, la gavilla logró obtener ganancias por la venta de terrenos que no eran suyos por unos $ 2.300.000 (US$ 58.800) y US$ 103.000, según dijeron fuentes del caso a El País.

Las denuncias de usurpaciones de terrenos seguían llegando en la tarde de ayer a la Fiscalía de Atlántida, cuya titular es la fiscal Tania Vidal. Hasta el momento, hay 49 denunciantes. Los terrenos usurpados se encuentran en Estación Atlántida, San Luis, Santa Ana, Jaureguiberry y Cuchilla Alta.

La modalidad de venta era similar a la de otras ocupaciones de predios. Los delincuentes observaban que un terreno estaba abandonado desde hacía tiempo y lo limpiaban. Por precios que oscilaban entre US$ 2.500 y US$ 3.000, los hoy indagados vendían los predios mediante escritos firmados por un escribano.

Luego, el profesional avalaba una declaración jurada con dos “testigos” donde dejaba constancia que estos residían en la zona. Esta era una condición impuesta por la comuna canaria para habilitar el convenio de pago por deuda de tributos. Con esa declaración jurada, el novel comprador concurría a la intendencia canaria y rubricaba el acuerdo.

Por ejemplo, si los delincuentes “armaban” la declaración jurada de un terreno ubicado en Cuchilla Alta, los “testigos” decían que vivían en ese balneario y así sucesivamente. Es decir, los “testigos” se repetían y colocaban distintas direcciones ubicadas en balnearios. Esa repetición de personas en declaraciones juradas fue detectada por la intendencia, dijo la fuente.

Las ocupaciones ilegales de terrenos comenzó por lo menos hace 25 años y se agudizó en la última década. Como una película del oeste, los ocupantes marcaban los terrenos con piolas y estacas hechas con ramas de árboles. Así comenzaron las ocupaciones en un campo ubicado en Neptunia norte en 2002.

Siguieron los “ocupas” de predios situados en las orillas del arroyo Tropa Vieja, Marindia norte y el fenómeno se detuvo en Parque del Plata norte.

En la última década, los ocupantes de terrenos “pasaron” el peaje del arroyo Solís Chico y se apropiaron de lotes ubicados en Las Vegas, San Luis y Jaureguiberry.

En Maldonado y en Rocha hay otro tipo de ocupaciones. En esas costas operan empresarios que adquieren los derechos posesorios de campos enteros con costas al mar.