POLÉMICOS VIAJES

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El exsecretario de la Presidencia de la República, Miguel Toma, presentó el 17 de agosto de este año ante la Justicia un acceso a la información pública exigiendo al Poder Ejecutivo la entrega de e-mails enviados al estudio estadounidense Foley Hoag que defendió a Uruguay en los juicios arbitrales contra Philip Morris y la minera Aratirí.

A juicio de Toma, el Poder Ejecutivo presionó al abogado Paul Reichler, de estudio Foley Hoag, para que enviara una segunda carta cuestionando la idoneidad técnica de algunos miembros de delegaciones de Uruguay en misiones al extranjero. “Ahora bien, sabemos que alguien del gobierno requirió al doctor Paul Reichler una segunda nota, que tuviese virtualidad como para neutralizar la contundencia de la primera que él me envió a mí”, dice el escrito de Toma que integra un expediente judicial.

Y agrega: “En Presidencia no se me exhibió los pedidos que se le dirigieron al doctor Paul Reichler para que él emita esa segunda nota que -sé de sobra- no fue de motu propio”.

En esa segunda misiva, Reichler dice que las tareas de la contadora Giuliana Pérez en las misiones en el extranjero eran “administrativas” y no de primera línea, como sostuvo Toma en el sumario dispues- to por Presidencia de la República.

Giuliana Pérez ingresó en abril de 2019 a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado (Senaclaft) por recomendación de Toma un año después de recibir su título.

En julio de 2019, Toma informó a la Senaclaft que la contadora pasaría a formar parte de la comitiva de Presidencia en el viaje a Roma por la causa vinculada al Plan Cóndor. Durante ese viaje, Toma y Pérez fueron filmados por la cadena ESPN en una tribuna de un estadio de fútbol. Era el 12 de diciembre de 2019. Luego la contadora Pérez viajó a Washington por el arbitraje iniciado por Aratirí.

El expediente del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 2° Turno se inició hace 10 días y ya lleva 110 páginas. En el comienzo del legajo se encuentran las copias de las dos cartas de Reichler.

La primera misiva del abogado estadounidense, fechada el 27 de enero de este año y enviada a Toma, señala que todo el equipo legal de Uruguay actuó con “idoneidad técnica suficiente” en la tramitación de las demandas internacionales.

El 22 de febrero de este año, Reichler mandó una carta a Presidencia de la República donde dice que tomó conocimiento de que su misiva remitida a Toma se hizo pública sin su consentimiento ni el de la firma Foley Hoag.

Reichler agrega que “considera necesario aclarar” el alcance de su carta enviada a Toma para evitar una “interpretación ajena a mi intención” al momento de la redacción.

“A lo largo de la preparación y presentación de la defensa de Uruguay en los procedimientos arbitrarles en los que hemos tenido el honor de representarlo, hemos trabajado conjuntamente con diferentes integrantes de las delegaciones enviadas por el Estado uruguayo, con quienes nos hemos reunido y colaborado con resultados excelentes”, dice la carta de Reichler.

Sin embargo, advierte el abogado estadounidense, este contacto estrecho “no se dio” de la misma manera con todos los representantes enviados por Uruguay.

Y luego explica que algunos de esos representantes participaron activamente en las reuniones de estrategia, elaboraciones de escritos formales y preparaciones de los testigos que comparecieron en las audiencias antes de los tribunales de arbitrajes.

Reichler añade, entonces, que otros funcionarios uruguayos llevaron a cabo las funciones de asistentes de los representantes principales, respaldándoles en varias actividades administrativas durante sus visitas.

“El declarar que todos actuaron con idoneidad técnica en relación a los asuntos tratados en Washington, no era mi intención constatar que todos ejercían la misma responsabilidad o exhibían la misma idoneidad técnica”, sostiene la carta del abogado estadounidense.

Reichler aclara que su intención era subrayar que cada representante parecía actuar con la capacidad técnica suficiente para ejecutar las responsabilidades asignadas. Y enseguida Reichler pone como ejemplo el caso de la contadora Giuliana Pérez, cuyas tareas eran “exclusivamente administrativas”.

Acto seguido, Reichler advierte que su primera carta enviada a Toma tenía como “única intención” contribuir al proceso administrativo confidencial en curso contra el exsecretario de la Presidencia.

“No anticipé ni autoricé su publicación, ni su uso fuera del proceso formal y oficial (la investigación administrativa realizada a Toma por sus viajes con la contadora Pérez en 2019). Lamento cualquier confusión causada por su uso sin autorización y espero que esta carta sirva para aclarar lo que he constado”, concluye Reichler.

En otro tramo del expediente consta la acción de acceso a la información presentada por Toma ante el juez de lo Contencioso Administrativo de 2° Turno, Alejandro Martínez de las Heras. En el escrito, Toma recuerda que hoy ocupa el cargo de Fiscal de Gobierno y que se le instruyó un sumario administrativo con la finalidad de aclarar si determinadas conductas ocurridas mientras ocupó la Secretaría de la Presidencia de la República configuraban ilícitos. El escrito de Toma fue firmado por su abogado, Daniel Ochs.

Para Toma, la Presidencia de la República “no puede” sancionar a un fiscal de Gobierno que revistió en otra repartición ejerciendo el cargo de secretario de la Presidencia.

Según Toma, su cargo de Fiscal de Gobierno de 2° Turno depende del Ministerio de Educación y Cultura y no de Presidencia de la República. Por ello, dice, no puede ser sancionado ni investigado por Presidencia, como se hizo luego que salieran a la luz lo que desde el gobierno entendieron como irregularidades en sus viajes.

El cargo de fiscal de Gobierno de Toma quedó en reserva cuando el entonces presidente Tabaré Vázquez lo designó como secretario de la Presidencia (1° de marzo de 2015 a 1° de marzo de 2020).

Toma expresa que los procesos arbitrales que enfrentó Uruguay mientras ocupó la titularidad de la Secretaría de la Presidencia supusieron reclamos contra el Estado uruguayo por unos 5.000 millones de dólares.

“De los cinco juicios se salió ganancioso”, dice.

En el escrito, Toma señala que, por afuera de las tareas de su cargo, diseñó la estrategia del Estado en esos cinco pleitos arbitrales y en el juicio contra militares genocidas en la megacausa denominada Plan Cóndor.

“Es a esta altura casi un hecho notorio que la administración (de Luis Lacalle Pou) instaló una maliciosa estrategia comunicacional, postulando a partir del famoso video de ESPN, que poco más que organicé esos viajes para divertirme alegremente con las funcionarias de la delegación”, señala Toma en su escrito.

Y agrega que ello ocasionó “un sufrimiento enorme” a su familia y a su persona.

El miércoles pasado el juez Martínez de las Heras convocó a una audiencia por vía Zoom para escuchar los puntos de vista de todas las partes e intimó al Poder Ejecutivo a presentar un legajo relacionado con la investigación administrativa.

Según consta en el expediente judicial, Martínez de las Heras intentó sin éxito una acuerdo conciliatorio entre las partes.

El pedido de acceso a la información de Toma continúa su trámite.

Presidencia: “No hubo pedidos a Reichler”

El Poder Ejecutivo alertó al juez Alejandro Martínez de las Heras que Miguel Toma solicitó a Presidencia “papeles o mails” enviados al abogado estadounidense Paul Reichler para solicitarle una nueva misiva con su opinión sobre la idoneidad técnica de las delegaciones uruguayas que asistieron a los arbitrajes. Pero aclaró que “en ningún momento” el exfuncionario “se refirió a ‘pedidos’ dirigidos al doctor Paul Reichler desde esta Presidencia de la República para que emitiera una segunda nota. En consecuencia, lo que Toma pide ante la Sede Judicial no fue lo mismo que requirió en sede administrativa. Son dos peticiones distintas”, señaló.

Y advirtió que, por ello, el reclamo de Toma “es improcedente” porque “no se configuran” los presupuestos establecidos en la ley de acceso a la información pública, pues “dichos pedidos a Reichler no existen” y, por tanto, “no pueden entregarse”. En este sentido, se sostuvo que “ningún funcionario” de la Presidencia de la República ni del Estado uruguayo efectuó un pedido al doctor Reichler como lo sostiene Toma. Y, reiteró el escrito del gobierno: “Por tanto, no puede exigirse a la administración que brinde información que no existe”.