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Tras caso Astesiano, fiscal va por cómplices de cónsules en trama de pasaportes uruguayos falsos

Indagado declaró que un ruso operaba dentro de la embajada en Moscú.

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Fiscal Gabriela Fossati
Fiscal Gabriela Fossati.
Foto: Leonardo Mainé

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Por Eduardo Barreneche
Después de cerrar el caso Astesiano, la fiscal de Flagrancia de 12° Turno, Gabriela Fossati, investiga la “Línea Moscú”. Su objetivo apunta a desentrañar la maniobra con falsificaciones de pasaportes o de documentos de ciudadanía uruguaya para rusos y ucranianosque funcionaba en el consulado ubicado en la capital moscovita.

En dos ocasiones, un gestor de nacionalidad rusa declaró en la Fiscalía citado por las falsificaciones de pasaportes realizadas por dos cónsules establecidos en Moscú. Por esa causa ya fue formalizado un cónsul e indagado el otro.

Según la investigación fiscal, dentro del consulado operaba una pareja integrante de la red -tenía en la sede diplomática su propia oficina- y actuaban en connivencia con uno de los cónsules formalizados.

También trascendió que, en alguna ocasión, millonarios rusos llegaron a pagar hasta US$ 100.000 por cada pasaporte uruguayo para que sus hijos pudieran escapar del servicio militar obligatorio y evitar así ser destinados a luchar en Ucrania.

En uno de los interrogatorios, el indagado señaló a Fossati que en la venta de pasaportes uruguayos “hay mucho dinero” y sugirió la existencia de “lavado de activos”.

Fossati le respondió que el delito de lavado de dinero no estaba dentro de sus competencias como fiscal.

Durante la investigación, Fossati detectó dos tipos de ilícitos: una, las falsificaciones de documentos de ciudadanías uruguayas realizadas por un escribano y un gestor ruso, quienes buscaban a personas con apellidos caucásicos -sobre todo residentes de San Javier (Río Negro)- y la otra, que refiere a los pasaportes apócrifos emitidos por el consulado de Uruguay en Moscú desde 2013.

En algunos momentos ambos delitos coexistieron en tiempo y espacio. En la indagatoria al gestor, Fossati supo que muchos rusos llegaban a Uruguay portando el pasaporte uruguayo emitido en el consulado en forma irregular y luego buscaban tramitar la cédula de identidad que figuraba en dicho documento. Esto iba en dirección opuesta a lo usual que es que el extranjero primero obtiene la ciudadanía y la cédula para luego tramitar el pasaporte uruguayo.

Durante el interrogatorio, Fossati recalcó en varias oportunidades que las falsificaciones de pasaportes no eran un tema menor y agregó que este se había transformando en un problema para el Estado.

El indagado no puso en duda las palabras de la fiscal. Solo se limitó a decir: “Muchos pasaportes falsos vienen de la embajada de Uruguay en Moscú”.

el dato

La pareja rusa, la oficina y el “negocio”

Según supo El País, un ciudadano ruso y su pareja tenían una oficina dentro del consulado uruguayo en Moscú. Ambos se encargaban de tramitar los documentos uruguayos, cobraban una cifra que rondaba los US$ 50.000 y luego repartían entre los funcionarios de la sede. Un imputado señaló en la Fiscalía que hasta el chofer y la trabajadora que sacaba las fotocopias recibían su “parte”. En una audiencia con un imputado, la fiscal Gabriela Fossati pidió a un fiscal adjunto la lista de los tres cónsules que estuvieron destinados en Moscú desde 2014 a la fecha. Luego la fiscal volvió a dirigirse al imputado: “¿Con qué criterio se repartía el dinero?”. El hombre relató que “la parte importante” del dinero se la llevaban los cónsules y los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que estaban “en nivel muy alto” en Uruguay.

En otro tramo de la indagatoria, la fiscal preguntó: “¿Qué es lo que sabe de la embajada uruguaya en Rusia?”. El investigado dijo que no tenía demasiada información. “Sé de un ruso que trabajaba en la embajada (falsificando pasaportes)”, respondió.

En una carta que había enviado a Fossati días antes de la fecha del interrogatorio, el imputado informó que uno de los implicados era un cónsul de “raíces italianas”. Y agregó que ese cónsul firmó los pasaportes falsos de rusos que llegaron a Uruguay a tramitar la cédula de identidad.

El gestor ruso relató a Fossati que, antes de venir a Uruguay, durante tres años trabajó en el Ministerio del Interior de Rusia. Eso sucedió hace un poco más de una década, dijo.

Y agregó que en el Ministerio del Interior ruso ya llamaba la atención en ese momento la gran cantidad de pasaportes uruguayos en poder de ciudadanos de país caucásico.

En una segunda indagatoria, el ciudadano ruso sostuvo que en Uruguay había una persona de sexo femenino que también trataba de atraer ciudadanos rusos a Uruguay y les ofrecía sus servicios para tramitar pasaportes. No trascendió en el interrogatorio si esas gestiones eran solo ante la Dirección Nacional de Identificación Civil o si implicaba falsificar los pasaportes.

Durante la indagatoria, la fiscal relató los nombres de por lo menos una docena de rusos, los cuales obtuvieron pasaportes en forma ilegal. En uno de los casos, el imputado reconoció que uno de los nombrados tiene un pasaporte uruguayo elaborado en la embajada uruguaya en Moscú.

La fiscal le preguntó al investigado cuántos pasaportes había despachado en 10 años como gestor. Este señaló que no sabía si dichos papeles eran falsos o no: “Tramité 100 documentos en 10 años. Puede que algunos más”.

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Diplomático en la mira de la fiscal Fossati

Un funcionario de la Cancillería, que todavía no fue imputado por la Justicia por falsificaciones de pasaportes o de ciudadanías uruguayas, también fue citado a declarar por la fiscal Gabriela Fossati a fines del año pasado. El diplomático reconoció haber tramitado unas 70 ciudadanías uruguayas, de las cuales es posible que algunas de ellas fueran en base a documentación apócrifa.

El 2 de diciembre, El País consignó que fuentes de la Cancillería dijeron que Fossati había enviado un oficio solicitando las direcciones de cuatro diplomáticos radicados en el extranjero y en Uruguay para citarlos a “una entrevista”. La misiva de la fiscal no explicaba si estos diplomáticos declararán en calidad de testigos o de indagados.

El 3 de febrero Stéfano Di Conza, excónsul uruguayo en Rusia durante los dos últimos gobiernos del Frente Amplio, quedó en libertad tras pagar una fianza de US$ 25.000. Di Conza fue imputado por 14 delitos de fraude reiterados, en concurrencia fuera de la reiteración real con 14 delitos de suposición del estado civil. Su detención e imputación se dio porque Fossati entiende que sería parte de una organización dedicada, a partir de partidas de nacimiento ideológicamente falsas, a dar otros documentos para rusos a cambio de cuantiosas cifras de dinero.

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