Tras haber sorteado el escollo de la posibilidad de que el exsenador Gustavo Penadés dejara la cárcel, ahora la Fiscalía cuenta con un nuevo plazo de seis meses para continuar con la investigación con el principal imputado tras las rejas. Además, una vez culmine el plazo de los seis meses, se cumplirá un año de la imputación y con ello la posibilidad cierta de que tenga que tomar una decisión sobre el caso.

Al cumplirse los 12 meses de la imputación, la Fiscalía debe definir si lleva el caso a juicio oral o pide el sobreseimiento de los señalados inicialmente. Aunque la fiscal Alicia Ghione ha dicho en diversas oportunidades que lo segundo no parece una opción cierta, hay algunos matices entre esas dos posibilidades planteadas. Una de ellas es poder celebrar un acuerdo abreviado por el que los imputados asuman su responsabilidad a cambio de una rebaja de hasta un tercio de la pena y así queden condenados sin un juicio oral de por medio.

Otra, es que pida una prórroga y que no tenga que tomar esta decisión el próximo octubre como está previsto. Esta extensión para seguir investigando puede otorgarse hasta por un plazo máximo de un año más, es decir, octubre de 2025.

El siguiente paso para la Fiscalía será tomar dos declaraciones a víctimas que todavía no dieron su versión de los hechos frente a la jueza Marcela Vargas. Esto ocurrirá en los próximos días. Nueve de las personas que denunciaron al exsenador ya lo habían hecho en agosto del año pasado cuando se tomó la mayoría, sin embargo quedaron pendientes dos casos.

Eso ocurrió porque en ese momento uno de ellos no estaba en condiciones de declarar y otro se sumó a la causa después. Las declaraciones que ellos realizan en Fiscalía no tiene valor de prueba para un eventual juicio, para que lo tenga deben hacerlo frente a la jueza. Aunque en la mayoría de los casos esto ocurre al momento del juicio, cuando existen vulnerabilidades especiales (como es en los delitos sexuales), esta declaración se puede hacer de forma anticipada (previo al juicio) y luego se reproduce allí.

Además de eso, Ghione cuenta con otras líneas de investigación abiertas relacionadas al caso que todavía se están indagando y analizando, que a su vez podrían enriquecer o sumar a la tesis principal. Por otra parte, la necesidad de profundizar en cómo se conformó la “trama” -como la llamó la Fiscalía- que montó el exsenador para salvarse, enlenteció el avance del proceso principal.

Vinculado a eso, es que surge como otra de las tareas a realizar el análisis profundo del material surgido de los teléfonos incautados.

A eso se puede sumar algún pedido que realice la defensa de los imputados, tanto de Penadés como del profesor Sebastián Mauvezín, a la Fiscalía para que se incluya más prueba o se soliciten determinadas pericias. Esto es parte del derecho de la defensa y tienen plazo hasta que culmine la investigación para poder hacerlo.

A su vez, aunque no es excluyente para presentar la acusación (la Fiscalía puede presentarla sin haber resuelto esto antes), aún está abierta la indagatoria sobre Horacio Tejera (secretario de Penadés) y Graciela del Vecchio (funcionaria de la Corte Electoral).

Tanto ellos como otra funcionaria que trabajaba con Penadés, dijeron en conversaciones telefónicas (cuyo contenido se conoce porque sus celulares estaban intervenidos judicialmente) que el entonces senador les había pedido que “limpiaran” sus teléfonos antes de ir a declarar a Fiscalía. En otro de los audios -que divulgó El Observador- Del Vecchio le cuenta a Tejera que otro funcionario la vio buscando información para el senador.

Ellos tienen abogado designado en Fiscalía -están en calidad de indagados- pero no están imputados por la Justicia ni Ghione archivó el caso. Por ende, su situación permanece a estudio del Ministerio Público, que desde octubre -cuando surgió esta situación- hasta ahora ya logró seis condenas respecto de “la trama”.

Foto: Estefanía Leal

El abogado de Del Vecchio y Tejera, Rodrigo Martínez, presentó un recurso de revocación en la Corte Electoral por entender que no es el organismo competente para realizar el sumario. En el caso de Del Vecchio, lo fundamentó en que en todo caso debe realizarlo la ANEP puesto que ella estaba en pase en comisión en la Corte Electoral y de hecho ya no cumple funciones allí.

Respecto de Tejera, argumentó que deben clausurarse las actuaciones porque “al momento de los hechos que se investigan él no era ni siquiera funcionario público, menos aún de la Corte”, dijo Martínez a El País.

Esto, debido que las conversaciones que fueron divulgadas y por las que se le inicia el sumario ocurrieron en mayo de 2023, siendo que Tejera ingresó a la institución en setiembre de ese año.

El motivo formal del sumario iniciado por el organismo es constatar si cometió una falta al solicitar información que está dentro de los registros de la Corte Electoral. Pero, según dijo su abogado, “él era un secretario en el Parlamento que no tenía vinculación con la administración pública, o sea que no puede estar sometido a jerarquía de ningún organismo público”.