Redacción El País
Mientras el directorio de OSE abría a mediados de junio los sobres de la licitación del Proyecto Arazatí para la construcción de una nueva planta potabilizadora de agua, el sindicato de funcionarios de la empresa estatal realizó una manifestación en contra de la decisión del gobierno. Durante aquella extensa jornada, el presidente de la gremial, Federico Kreimerman, colocó una bomba de humo adentro del edificio central. En consecuencia, ayer -dos meses después del incidente-, se conoció que la fiscal Gabriela Fossati pedirá su imputación.

Kreimerman no es el único que ayer debió declarar en Fiscalía. Lo acompañaron otros dos compañeros del sindicato, a los que después no se los incluyó en el pedido de formalización. Llegaron sobre las 12 horas junto al abogado penalista Juan Fagúndez y se negaron a dar declaraciones, y recibieron una aclamación de algunos integrantes del sindicato que concurrieron a la sede en Ciudad Vieja.

Salieron dos horas después. Rápidamente Kreimerman llamó a una breve reunión de los funcionarios presentes donde comunicó que la fiscal pediría su imputación.

Fossati realizó el pedido de formalización por un delito de atentado especialmente agravado. El Código Penal señala el atentado como uno de los delitos que se pueden cometer contra la administración pública y lo define como la utilización de violencia o amenaza contra el funcionario público. Y dice que el delito se castiga con una pena que va de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.

Desde Fiscalía explicaron que Fossati entendió que, “si bien el episodio se produjo en el contexto de una movilización, hubo un exceso con la intención de obstaculizar el acto licitatorio (del Proyecto Neptuno) que se estaba llevando adelante”.

Tuvo en cuenta que el presidente del sindicato reconoció que hubo una intención de interrumpir la apertura de sobres y que por eso encendió la bomba de humo. A su entender, es conveniente que se realice una audiencia de formalización debido a que es una situación que debe “dilucidarse en el Poder Judicial”.

Debido a que Kreimerman no quedó detenido, el Poder Judicial tiene hasta 20 días para marcar una audiencia de formalización.

Por su parte, Kreimerman indicó que la intención de Fossati de pedir la imputación del delito de atentado se justifica en “haber querido impedir un acto público”. No obstante, el dirigente sindical contó que ayer se le dijo a la fiscal que “no era bajo ningún concepto” la “intención” del ellos.

Y añadió: “Queríamos que el directorio (de OSE) nos recibiera, y en todo caso fuera este, escuchando argumentos, quien detuviera el proceso, como lo habíamos solicitado varias veces”.

Otro argumento de Kreimerman se basó en que el “proceso licitatorio se llevó a cabo”, ya que ese día -tal como estaba previsto- se “abrieron los pliegos”. En ese sentido, apuntó que se intenta “argüir” que el sindicato intentó impedir “algo que en los hechos ocurrió”. Y entiende que lo “grave” es que “se va a judicializar la acción sindical”. “Se va a pretender que un juez dirima cuáles son los límites de la acción sindical en este caso”, señaló el dirigente sindical, y agregó: “Esto es un ataque a las libertades sindicales”.

También explicó que la “caracterización de especialmente agravado” de la imputación que se le pedirá se debe a su “rol como presidente del sindicato, no porque haya ocurrido un hecho grave extra de lo que se conoce”, afirmó. “Figura en las pruebas que no hay lesionados, no hubo daño al inmueble ni nada por el estilo”, agregó en una conferencia de prensa a la noche.

Horas después de que Kreimerman terminara su declaración en Fiscalía, el Pit-Cnt expresó su “profunda preocupación y rechazo” a la decisión que tomó la Fossati. La central sindical entiende “muy negativa y peligrosa la judicialización de la protesta social”, y aboga por una “solución justa y pacífica de las controversias”. También cree que “no puede calificarse de ‘atentado’ una acción que no puso en peligro a ninguna persona ni causó daño patrimonial a la empresa pública”.

En ese sentido, instó a través de un comunicado a las “autoridades pertinentes a garantizar un proceso legal debidamente justo y transparente, en el cual se tomen en cuenta las circunstancias y el contexto real en el que se realizó la acción, que de ningún modo puede ser calificada de tal forma”.

El sindicato de OSE reafirmó en un comunicado que toda esta situación, “muy lejos” de amedrentarlos, por ser “ataques a las libertades sindicales” los “fortalece”. “Nos seguirán encontrando en defensa de las empresas públicas y a favor de la población”, señaló.

Por su parte, el abogado penalista Fagúndez, representante legal del presidente del sindicato de OSE, consideró que “no hubo delito” en el accionar, y que la situación es un “ataque a la actividad sindical en el ámbito público”. También indicó que el directorio de OSE, al momento del hecho, estaba dos pisos más arriba y “se hizo todo” lo previsto para el día, además de que la bomba de humo se prendió “tres horas antes”.

También cuestionó cómo se “estructuró” la denuncia por parte del directorio de OSE, ya que “da mucho que hablar”. Acusó a la empresa pública de proveer las grabaciones de las cámaras de seguridad, que después se emitieron en un programa de televisión en Canal 4, y a las que después “se remite en la denuncia” como “prueba de lo sucedido”.

Y añadió: “Esa situación nos habla de otro lugar donde se debate” el tema que “escapa a la comisión de un delito y tiene más que ver con intereses políticos”. Ante la consulta de si hay persecución sindical, respondió: “Hace mucho tiempo que vengo diciendo que el derecho penal es un instrumento muy afilado y que puede ser utilizado para atacar a las movilizaciones sindicales. Es lo que se dice sindicalización del derecho penal o penalización de la protesta sindical, como quieran llamarle”.

El directorio de OSE adjudicó ayer el Proyecto Arazatí al Consorcio Aguas de Montevideo -promotor de la iniciativa-, integrado por las firmas uruguayas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast Industria e Comercio LTDA, de Brasil, informó Búsqueda y confirmó El País.

Para el sindicato de funcionarios de OSE, que la empresa estatal haya tomado la decisión el mismo día que dirigentes estaban declarando en Fiscalía, es una “clara maniobra”, indicó el sindicalista Carlos Larrosa.

Por otra parte, Kreimerman criticó que nunca recibieron una “devolución seria” del presidente Luis Lacalle Pou después de una reunión que tuvieron en agosto de 2022 por el Proyecto Neptuno.

“Se puede estar de acuerdo o no con el sindicato, pero el problema es no decir nada”, añadió en una conferencia de prensa que se realizó ayer a la noche.