El director de la cárcel de Artigas, Luis Viera, fue trasladado a otra dependencia del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), mientras se lleva adelante una investigación en su contra por posibles irregularidades vinculadas con presuntas salidas de reclusos para realizar trabajos fuera del centro penitenciario.

Tanto Asuntos Internos del Ministerio del Interior como la Fiscalía de Artigas están llevando adelante una investigación que involucra a Viera, según dijeron a El País fuentes de ambos organismos. Al momento, el equipo comandado por la fiscal Sabrina Massaferro se encuentra en una fase preliminar y de obtención de información, mientras que la investigación interna de la cartera no ha concluido.

La investigación comenzó luego de que se difundiera que el director hacía trabajar a reclusos de forma irregular. Según informó M24, el director de la cárcel habría hecho trabajar a varios presos como mozos y obreros sin permiso de un juez. Estos aspectos están siendo investigados, aunque hasta el momento "no hay conclusiones", dijeron fuentes del caso a El País.

En este marco, Viera fue trasladado a otra dependencia dentro del propio INR, a la espera de una resolución por parte de Fiscalía, así como del propio departamento dedicado a investigar presuntas irregularidades internas de la propia cartera.

Mañana asumirá el nuevo director del centro penitenciario.

La Unidad 21 del INR, ubicada en Artigas, fue inaugurada en setiembre de este año en un evento que contó con la presencia del Ministro del Interior, Nicolás Martinelli, y el director del INR, Luis Mendoza.

El centro sustituyó a una cárcel de más de 100 años de antigüedad, se encuentra ubicada a 11 kilómetros de la ciudad de Artigas, y cuenta con capacidad para más de 400 internos. La inversión de la cartera para construirla fue de $ 460.000.000.

“La nueva unidad penitenciaria es un hecho sin precedentes en el departamento, porque cambiará la historia de la reclusión”, había dicho el entonces director, ahora investigado, Luis Viera, argumentando que se trató de una mejora edilicia y en el acceso a servicios básicos para los reclusos.