Tres investigados por la Operación Océano, que luego fueron sobreseídos, citaron a una audiencia de conciliación a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y a la Fiscalía de la Nación previo a un reclamo por un total de US$ 770.000.

Los tres demandantes consideran que sus nombres fueron expuestos “gratuitamente” al escarnio público durante la investigación llevada adelante por la entonces fiscal de Delitos Sexuales, Darviña Viera, y por ello, reclaman una indemnización por daños y perjuicios.

Así lo señala un escrito elaborado por los abogados Rafael Silva y Nicolás Pereyra, al que accedió El País.

En 2020, los demandantes enfrentaron formalizaciones de investigaciones por supuestos delitos de explotación sexual de adolescentes con medidas cautelares en el marco de la denominada “Operación Océano”, llevada adelante por la entonces fiscal Viera y la entonces jueza penal de 33er Turno, Adriana de los Santos.

Durante la investigación, 33 adultos -empresarios, docentes liceales y universitarios y un ex juez penal, entre otros- fueron indagados por el delito de promesa de retribución o retribución a menores de edad para que cometan actos eróticos.

La causa se centró en una sola víctima, entonces de 17 años. Otras 17 jóvenes también declararon en la Fiscalía contra algunos de los imputados, según el expediente judicial al que accedió El País.

De los 33 imputados, uno llegó mediante un acuerdo a un juicio abreviado con la fiscal Darviña al inicio de la investigación y fue condenado. Los otros 32 imputados continuaron con el proceso que se caracterizó por audiencias de 12 horas durante varios días seguidos.

“Desde el comienzo las defensas de los imputados ya bregaban por la existencia de error invencible (no pudo prever su accionar) de uno de los elementos constitutivos del ilícito imputado. Además, respecto de los tres citantes (reclamantes) no hubo mayores adiciones a la prueba que en el momento de la formalización se intentó hacer valer contra los mismos”, advierte la solicitud de audiencia de Conciliación.

En 2022, la fiscal Mariana Alfaro sustituyó a Viera. Alfaro, junto con integrantes de la Unidad de Litigación de la Fiscalía, solicitó el sobreseimiento de los tres imputados, entre otras personas, por “compartir” justo los argumentos esgrimidos por las respectivas defensas en la audiencia de formalización de que había en la especie un error de tipo invencible, dice la demanda.

Y agrega: “Estuvieron sometidos a juicio e investigación durante dos años, al escarnio público, daños y perjuicios de todo tipo, sobre los cuales se ampliará en la demanda. Sus rostros, sus identidades fueron injustamente revelados a la prensa y a la opinión pública, la cual los defenestró completamente, perdiendo oportunidades laborales y políticas”, sostiene el escrito.

Recuerda que ello causó perjuicios a sus familias dado que a los hoy demandantes se les suspendió momentáneamente la patria potestad en algún caso.

El escrito sostiene que tanto la Fiscalía General de la Nación por la actitud de sus dependientes así como el Poder Judicial en la persona de la jueza mencionada, cometieron “errores inexcusables” al momento de las formalizaciones, las cuales si bien no fueron con prisión preventiva tuvieron consecuencias negativas en las vidas de los imputados.

Los tres demandantes reclaman montos similares que totalizados son unos US$ 770.000. En su escrito, exigen pagos totales de US$ 600.000 por daños morales; US$ 150.000 por lucros cesantes y otros US$ 20.000 por daño emergente.